En el Perú del 11 de octubre de 2022, la justicia extendió su brazo hacia el interior del Congreso cuando fiscales y policías allanaron simultáneamente las oficinas y domicilios de seis legisladores de Acción Popular señalados como parte del grupo 'Los Niños'. Ante la conmoción política que siguió, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, recordó que el juez actuó conforme a un requerimiento formal de la fiscalía, y que el sistema contempla recursos para quienes se sientan agraviados. Es el momento en que una democracia se mira al espejo y debe decidir si sus instituciones son capaces
Presidenta del PJ respalda allanamientos a legisladores de Acción Popular
Se dispuso la detención preliminar por diez días contra cinco exasesores de Pedro Castillo y un propietario de vivienda.
El juez actuó conforme a requerimiento del Ministerio Público
Mark
¿Por qué la presidenta del Poder Judicial sintió la necesidad de salir a hablar sobre estos allanamientos? ¿No era suficiente que el juez hubiera tomado la decisión?
Mimi
Porque cuando se trata de legisladores, la medida genera ruido político inmediato. Barrios necesitaba dejar claro que esto no era una persecución arbitraria, sino un proceso que seguía los canales legales establecidos.
Mark
Pero ella dijo que no podía opinar sobre el fondo. ¿Entonces qué estaba haciendo exactamente?
Mimi
Estaba validando el procedimiento sin validar la conclusión. Es una distinción técnica pero importante: le estaba diciendo al país que el juez actuó dentro de sus competencias, sin decir si el juez estaba en lo correcto.
Mark
¿Y eso es suficiente para que la gente confíe en que no hay persecución política?
Mimi
No necesariamente. Barrios estaba siendo cautelosa precisamente porque la confianza es frágil. Si ella hubiera dicho "esto está bien hecho", habría parecido que el Poder Judicial estaba del lado de la fiscalía. Si hubiera dicho "esto es injusto", habría parecido que estaba protegiendo a los legisladores.
Mark
Entonces quedó en el medio.
Mimi
Exactamente. Y eso es probablemente lo mejor que podía hacer en esa posición. Pero también significa que la legitimidad de la medida depende de lo que encuentren en los allanamientos, no de lo que dijo Barrios.
Mark
¿Qué pasa si no encuentran nada?
Mimi
Entonces los legisladores tendrán argumentos para decir que fueron allanados sin causa justificada, y Barrios habrá estado respaldando una medida que resultó ser infundada. Por eso ella fue tan cuidadosa en dejar abierta la puerta a los recursos legales.
O Pulso
- Seis congresistas de Acción Popular amanecieron con fiscales y agentes policiales en sus puertas, en una operación simultánea que sacudió los pasillos del Congreso peruano.
- La colaboradora Karelim López los había señalado como integrantes de 'Los Niños', una red investigada por corrupción que supuestamente operó desde las sombras del poder.
- La presidenta del Poder Judicial salió a calmar las aguas sin tomar partido: confirmó que el juez siguió los cauces legales y recordó que cualquier afectado puede impugnar la medida.
- En paralelo, cinco exasesores del expresidente Pedro Castillo y el propietario de una vivienda en Breña fueron detenidos por diez días para que la fiscalía profundice sus pesquisas.
- La investigación da un salto cualitativo: ya no se trata solo de declaraciones, sino de buscar evidencia física en los lugares donde supuestamente ocurrió la actividad delictiva.
En el Perú del 11 de octubre de 2022, la justicia extendió su brazo hacia el interior del Congreso cuando fiscales y policías allanaron simultáneamente las oficinas y domicilios de seis legisladores de Acción Popular señalados como parte del grupo 'Los Niños'. Ante la conmoción política que siguió, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, recordó que el juez actuó conforme a un requerimiento formal de la fiscalía, y que el sistema contempla recursos para quienes se sientan agraviados. Es el momento en que una democracia se mira al espejo y debe decidir si sus instituciones son capaces de sostenerse sin doblegarse ante el poder.
La mañana del martes 11 de octubre, fiscales y agentes de la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos en las oficinas y domicilios de seis legisladores de Acción Popular: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Todos habían sido señalados por la colaboradora Karelim López como integrantes de 'Los Niños', una estructura investigada en el marco de casos de corrupción.
La operación generó inmediata atención política. Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, explicó ante la prensa que el juez había actuado conforme a un requerimiento formal del Ministerio Público, es decir, que la autorización de los allanamientos respondió a una solicitud fundamentada de la fiscalía y no a una decisión arbitraria. Fue cuidadosa en sus palabras: no avaló ni criticó la medida en términos sustantivos, sino que confirmó que el procedimiento siguió los cauces legales establecidos.
Barrios fue clara en dos puntos. Primero, que quienes se sintieran afectados tenían todo el derecho de impugnar la decisión ante las instancias correspondientes. Segundo, que su rol no era dirigir a los jueces sobre cómo actuar, sino garantizar que actuaran dentro de sus competencias. Con esa distinción, intentó mantener el equilibrio que exige su cargo: legitimar el proceso sin comprometerse con sus resultados.
Los allanamientos no se limitaron a los legisladores. En paralelo, se dispuso la detención preliminar por diez días contra cinco exasesores del expresidente Pedro Castillo —Biberto Castillo, Auner Vásquez, Eder Vitón y Abel Cabrera— y contra Segundo Sánchez Sánchez, propietario de una vivienda en la calle Sarratea, en Breña, aparentemente vinculada a las actividades investigadas. El plazo otorgado por el juez permitiría a la fiscalía profundizar sus pesquisas y buscar evidencia física en los lugares donde supuestamente operó la red.
La mañana del martes 11 de octubre, fiscales y agentes de la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos en las oficinas y domicilios de seis legisladores de Acción Popular: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Estos parlamentarios habían sido señalados por la colaboradora Karelim López como integrantes de un grupo conocido como 'Los Niños', una estructura que ha sido objeto de investigación en el marco de casos de corrupción.
La operación judicial generó inmediata atención política. Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, salió a pronunciarse sobre las medidas adoptadas. En declaraciones a la prensa, Barrios explicó que el juez había actuado conforme a un requerimiento formal del Ministerio Público, lo que significa que la decisión de autorizar los allanamientos no fue arbitraria sino que respondió a una solicitud fundamentada de la fiscalía. Barrios fue cuidadosa en sus palabras: no endorsó ni criticó la medida en términos sustantivos, sino que simplemente confirmó que el procedimiento había seguido los cauces legales establecidos.
Su posición fue clara respecto a los derechos de quienes se sintieran afectados. Barrios señaló que cualquier persona que considerara que la decisión judicial era injusta tenía todo el derecho de impugnarla ante las instancias correspondientes. Esta aclaración era importante porque los allanamientos constituyen una medida invasiva que afecta derechos fundamentales, y el sistema judicial peruano contempla mecanismos de recurso para quienes se sientan vulnerados.
La presidenta del Poder Judicial fue enfática en otro aspecto: ella misma no podía emitir una opinión sobre el fondo de la decisión. Explicó que se trataba de un mandato judicial que debía ser respetado en su independencia. Barrios dejó constancia de que su rol no era dirigir a los jueces sobre cómo actuar, sino garantizar que actuaran dentro de sus competencias. Esta distinción entre respetar la decisión y avalizar su contenido fue deliberada: Barrios se cuidó de no parecer que estaba tomando partido en una cuestión que seguía siendo materia de investigación.
Los allanamientos no se limitaron a los legisladores. En paralelo, se dispuso la detención preliminar por diez días contra cinco exasesores del expresidente Pedro Castillo: Biberto Castillo, Auner Vásquez, Eder Vitón y Abel Cabrera. También fue detenido Segundo Sánchez Sánchez, propietario de una vivienda ubicada en la calle Sarratea en el distrito de Breña, que aparentemente había sido utilizada en conexión con las actividades investigadas. Estas detenciones preliminares permitirían a la fiscalía profundizar sus investigaciones durante los diez días de plazo otorgado por el juez.
El contexto de estos allanamientos era la investigación sobre 'Los Niños', un grupo que según los señalamientos de Karelim López había operado en la sombra de estructuras de poder. La colaboradora había proporcionado información que llevó a que estos legisladores y otros funcionarios fueran identificados como parte de esa red. Los allanamientos representaban un paso significativo en la investigación: ya no se trataba solo de tomar declaraciones, sino de buscar evidencia física en los lugares donde supuestamente se había desarrollado actividad delictiva.
La intervención de Barrios fue importante porque la presidencia del Poder Judicial es una posición que requiere equilibrio. Por un lado, debe respaldar la independencia de los jueces y garantizar que las decisiones judiciales se respeten. Por otro, debe evitar que parezca que la institución está tomando partido en cuestiones políticas sensibles. Al confirmar que el juez había actuado conforme a ley, sin emitir opinión sobre el fondo, Barrios intentó mantener ese equilibrio: legitimaba el proceso sin comprometerse con sus resultados.
Citações Notáveis
El juez ha actuado de acuerdo a un requerimiento del Ministerio Público y quien no esté de acuerdo tiene todo el derecho de impugnar esa decisión— Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial
Yo no puedo emitir opinión sobre esto porque es un mandato judicial y yo tengo que respetar la competencia de mi juez— Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial
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