Prendes: «Laura sabía que no pararía hasta matarla. Eso tiene que ser lo primero»

María Eugenia Prendes estaba en Oviedo cuando respondió el teléfono a primera hora de la mañana del viernes 7 de agosto. Hacía apenas dos días que Laura Cruz había sido asesinada en el cuartel de la Guardia Civil en Llanes por su expareja, Dámaso Fernández, un exguardia civil que saltó una orden de alejamiento para entrar en el lugar donde ambos habían vivido años atrás y donde nacieron sus tres hijos. Prendes, ahora fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer desde mayo de 2025, había sido también la fiscal que llevó el caso desde el principio. A los 65 años, con casi cuatro décadas de carrera desde 1988, no le costaba trabajo ubicar este expediente entre los cientos que ha manejado. Lo que le costaba era dejar de pensar en él.

El caso había comenzado en 2019 con un ataque brutal en ese mismo cuartel. Pero lo que preocupó a Prendes entonces no fue solo ese episodio de violencia física, sino todo lo que lo rodeaba: la cantidad abrumadora de denuncias que Fernández había interpuesto contra Laura, la forma sistemática en que entorpecía su vida cotidiana a través de disputas sobre las visitas de los menores, la manera en que la separación se estiraba año tras año. Reconocía en ello un patrón clásico. Cada vez que Fernández sentía que perdía control sobre ella y sobre los hijos, reaccionaba con esa batería de denuncias, con ese desgaste permanente que solo la víctima sufría realmente. La Fiscalía pidió que fuera condenado por maltrato habitual, por acoso, por violencia psicológica continuada. Nunca ocurrió.

Lo más fácil de probar en un juzgado es la violencia física. Los golpes de 2019 tenían testigos. Pero el acoso, el maltrato habitual, requiere argumentación extra. Son conductas sutiles. Aunque existía el testimonio directo de Laura y abundantes pruebas e indicios, los tribunales eligieron lo más sencillo. Cuando Prendes recordaba la primera sentencia, lo que le saltaba a la vista era el error en la valoración de la prueba. Se recogía que Fernández no tenía permitida la entrada al cuartel, pero no se explicaba por qué: por los incidentes, por sus actitudes, por el miedo que Laura sentía. La sentencia parecía construida para absolver, no para condenar.

Hubo un segundo fallo judicial que también fue recurrido por la Fiscalía. En él, literalmente, se escribía que no había razón para privar de la patria potestad al agresor. Sin más argumentación. Sin contexto. Sin entender que la violencia económica era también un arma en sus manos: el impago de gastos de los hijos, la hipoteca común sin pagar, el endeudamiento que le imponía. Todo eso era control. Todo eso era violencia. La Guardia Civil lo había visto con claridad en su atestado profuso y contundente. La justicia no.

Cuando Laura pidió que se reactivara la pulsera antimaltratadores tras los últimos problemas con la hipoteca, explicando ella misma que eso era violencia económica, la solicitud fue rechazada. Prendes sabía que es fácil juzgar a toro pasado. Pero también sabía que una pulsera no hubiera limitado la vida de nadie. Vivían a más de 300 kilómetros de distancia. Él estaba en Zamora, ella en Llanes. La prohibición de aproximarse ya estaba activa. ¿En qué hubiera perjudicado una medida más de protección?

Lo que Prendes no podía dejar de repetir era lo que Laura había dicho: que sabía que él no pararía hasta matarla. Eso era algo tan rotundo, tan claro, que tenía que ser lo primero en la cabeza de cualquiera que evaluara el riesgo. Cuando las mujeres dicen eso, desgraciadamente en muchos casos tienen razón. Son ellas las que lo viven, no los jueces desde fuera. El miedo no es irracional. Es subjetivo porque lo padece el sujeto, la mujer, y ella es quien mejor puede expresarlo. Hay que atender a ese miedo, analizar cómo influye en sus decisiones, qué ha dejado de hacer por ese miedo, para tener una valoración correcta del riesgo.

El mismo día que Dámaso asesinó a Laura, otro hombre condenado con orden de alejamiento vigente asesinó a su expareja en un centro comercial en Murcia. Prendes creía que la justicia debería pecar por exceso de precaución, no por defecto. En casos como el de Laura había todos los elementos: una denuncia penal, una condena, una ruptura en una situación enconada que se alargaba años. Eso tenía que ser una alarma tremenda. El principio debería ser proteger primero, investigar después. Activar medidas para protegerla y luego trabajar en los detalles. Quizás no se hubiera podido evitar el asesinato. Eso también era algo de lo que había que ser consciente. Pero al menos se habría puesto una barrera más de protección. Una pulsera activa ya es una barrera.

Desde 2009, casi 24.000 mujeres han llevado esa pulsera en España. Ninguna ha sido asesinada mientras la tenía activa. En este momento 4.366 la llevan. Con los casos que se estaban viendo, Prendes creía que había que ponerse en posición de protección. Prolongar la protección más allá de las sentencias. Estudiar cada caso y encontrar la manera, como sea, de intentar siempre hacer algo más, de hacerlo cada vez mejor. En lo que iba de 2026, 36 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que comenzó la estadística oficial en 2003, eran 1.377. Y había 26 menores huérfanos este año por esta violencia.