PP y Vox se disputan el mérito político de la suspensión de la 'ley de nietos'

El martes, el Tribunal Supremo tomó una decisión que encendió la mecha de una disputa política largamente contenida. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ordenó suspender cautelarmente la inscripción inmediata en el censo electoral de quienes habían obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ley de nietos. Esta norma, aprobada el 19 de octubre de 2022, reconoce el derecho a la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. El tribunal aceptó la petición presentada por Vox y el partido Iustitia Europa, aunque con un matiz importante: permitió que quienes pudieran acreditar ante los consulados su condición de hijo o nieto de exiliado sí fueran inscritos en el censo. Miles de nuevos españoles quedaron, de facto, sin derecho al voto de manera temporal.

La decisión judicial fue celebrada por la derecha española como una victoria. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, no tardó en reclamar el mérito. "Teníamos razón", escribió en redes sociales. Santiago Abascal, jefe de Vox, también se apresuró a felicitar a sus coordinadores jurídicos, Jorge Buxadé y Marta Castro, quienes habían impulsado el recurso ante el Supremo. Abascal calificó la decisión como un "gigantesco servicio a España y al sistema democrático". Pero lo que parecía una victoria compartida se convirtió rápidamente en un campo de batalla.

Los segundos espadas de ambos partidos fueron los primeros en atacarse. Juan Bravo, vicesecretario del PP, publicó un mensaje atribuyendo la victoria a Feijóo y adjuntando el auto del Tribunal Supremo. Jorge Buxadé respondió acusando a Bravo de haberse apropiado de una iniciativa que era exclusivamente de Vox. El eurodiputado Hermann Tertsch fue más directo: "No ha tenido cojones el PP para luchar donde hay que hacerlo. Ha sido Vox quien ha ido, se ha personado ante la justicia y desactivado el fraude". La diputada Rocío De Meer añadió más tensión con un mensaje similar dirigido a Bravo.

Desde la dirección de Vox, la acusación fue contundente. Fuentes del partido de Abascal calificaron como "patético" que el PP intentara arrogarse el mérito de una decisión que había sido impulsada únicamente por Vox. "Una cosa son los discursos y otra no mover un dedo", señalaron. Sugirieron, además, que el PP quizá no había recurrido ante los tribunales porque pensaba que la incorporación de esos nuevos ciudadanos al censo electoral podría beneficiarle electoralmente.

La realidad es más compleja. El PP nunca presentó un recurso ante la justicia contra la ley de nietos, pero sí lanzó en julio una ofensiva política contra ella. Feijóo acusó entonces al Gobierno de intentar "fabricar nuevos votantes" mediante una "ingeniería electoral". Sin embargo, los populares matizaron después su posición: no se oponían a otorgar la nacionalidad a los descendientes de españoles emigrados, sino a la forma en que el Gobierno lo había hecho. Argumentaron que debería hacerse "con transparencia, rigor documental y atendiendo a criterios técnicos".

Esta posición moderada del PP choca ahora con su intento de reclamar la victoria. Más incómodo aún es un vídeo de 2022 en el que el propio Feijóo defendía extender las nacionalizaciones a los exiliados. "El compromiso que tenemos es muy claro", dijo entonces, "que es hacer una ley específica para recuperar la nacionalidad a los descendientes de los españoles". Ese vídeo ha circulado ahora en redes sociales impulsado por seguidores de Vox, evidenciando la contradicción.

Desde Génova, la dirección del PP insiste en que su objeción nunca fue de fondo sino de forma. El problema, argumentan, es que el Gobierno amplió los supuestos para la concesión de la nacionalidad a través de una instrucción dictada por el Ministerio de Justicia apenas seis días después de la publicación de la ley. Sostienen que esto viola la jerarquía normativa, puesto que una norma de rango inferior no puede alterar una superior. Frente a las críticas del Ejecutivo, que denuncia que se hurta el derecho al voto a cientos de miles de exiliados, los populares replican que nadie les ha quitado un derecho que aún no poseían.

Tras la decisión del Supremo, el PP ha endurecido su discurso. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares y quien lideró internamente la batalla sobre este asunto, ha defendido que el Gobierno pretendía "con todo descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder", pero "se ha encontrado con un Estado de derecho que funciona". La disputa entre PP y Vox por rentabilizar la decisión judicial refleja una tensión más profunda: quién lidera realmente la agenda de la derecha en cuestiones de política electoral y nacionalidad.