PP y Vox mantienen acusaciones de fraude electoral contra el Gobierno desde 2022

Durante cuatro años, los partidos de la derecha española han tejido una narrativa persistente: el Gobierno intenta manipular las elecciones. Las acusaciones han cambiado de forma, pero el núcleo permanece idéntico. No hay pruebas concretas que las respalden, pero tampoco han desaparecido.

Todo comenzó en junio de 2022, después de que el Partido Popular ganara las elecciones andaluzas con mayoría absoluta. Dirigentes como Esteban González Pons y Cuca Gamarra señalaron a Indra, la empresa tecnológica española que procesa datos electorales, como posible instrumento de fraude. El argumento era que el Gobierno, a través de la participación de la empresa pública SEPI en Indra, podría manipular resultados futuros. Gamarra admitió en rueda de prensa que "la duda está ahí", aunque Indra no participa en el recuento de papeletas, sino únicamente en la difusión de datos. Vox llevó estas sospechas sin fundamento hasta Latinoamérica, cuestionando las elecciones colombianas de 2022. El PP posteriormente abandonó estas acusaciones contra Indra, pero sectores de la ultraderecha española, desde Vox hasta Se Acabó la Fiesta, nunca dejaron de difundir sospechas sobre la compañía, siempre sin presentar una sola prueba.

En mayo de 2023, durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, las acusaciones alcanzaron su punto más alto. Varios casos dispersos de posibles irregularidades en el voto por correo dieron pie a que el PP amplificara la sospecha de una trama coordinada. González Pons describió lo que sucedía como "una trama de compra de votos por correo en España", un "escándalo del que se habla en toda Europa" que implicaba "particularmente a Pedro Sánchez". Su evidencia era que el ministro Félix Bolaños había celebrado un mitin en Mojácar, Almería, donde había una investigación abierta, y que esa localidad costera era lugar de verano habitual del presidente. El PP vertió estas acusaciones desde Melilla, presentándola como el epicentro de una red de fraude electoral. Años después, la investigación de Melilla revelaría indicios de prevaricación y malversación del Gobierno del PP en la ciudad, no del PSOE, aunque el Ejecutivo melillense lo niega.

En julio de 2023, con elecciones generales convocadas en plena temporada de vacaciones, el voto por correo se convirtió en el nuevo campo de batalla. El PP y Vox argumentaron que el Gobierno haría imposible el ejercicio del derecho al voto para millones de ciudadanos. Nueve días antes de la votación, Alberto Núñez Feijóo pidió a los carteros que distribuyeran "todo el voto" independientemente de sus jefes, alimentando así la teoría de que el Ejecutivo quería sabotear el proceso. Vox alertó a la Junta Electoral Central de que "el resultado podría quedar gravemente alterado". Sin embargo, la gestión fue un éxito: de los 2,6 millones de electores que solicitaron voto anticipado, más del 93% lo había ejercido el jueves anterior a la votación, uno de los porcentajes más altos desde 2005.

Un año después, sin elecciones a la vista, el PP volvió a apuntar a Correos. El motivo era que Leire Díez, una funcionaria que había buscado pruebas contra un jefe de la UCO que investigaba casos de corrupción del Gobierno, había sido directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la empresa pública. Díez había mencionado en redes sociales en 2024 que durante esa etapa participó en la gestión del voto anticipado. El PP construyó un discurso que oscilaba entre la pregunta, la sospecha y la acusación. Aunque Correos aclaró que Díez "nunca fue responsable" del sufragio por correo, el portavoz del PP, Borja Sémper, expresó "extraordinaria preocupación" de que "esta fiel trabajadora del sanchismo" hubiera gestionado "el voto de 2,6 millones de españoles". Vox unió sus sospechas sobre el voto por correo con el apagón de 2025, sugiriendo que Sánchez lo había provocado para opacar el procesamiento de su hermano.

En junio de ese mismo año, audios del caso Koldo revelaron a Santos Cerdán y Koldo García hablando de meter "dos papeletas" en las urnas de las primarias del PSOE en 2014, cuando Sánchez se impuso a Eduardo Madina. José María Aznar, expresidente del PP, utilizó esto para argumentar que quien adultera elecciones internas está dispuesto a alterar generales. "No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco", dijo. Feijóo consideró la reflexión "francamente buena" y, aunque afirmó confiar en los carteros, sugirió que el sistema "puede tener lagunas" y ser "utilizado de forma torticera".

La última acusación llegó con la ley de nietos, que permitía la nacionalización de descendientes de exiliados españoles. El PP y Vox argumentaron que el Gobierno no buscaba completar un acto de justicia histórica, sino "fabricar nuevos votantes". Esta vez, el Tribunal Supremo respaldó parcialmente estas tesis al suspender el derecho al voto de los nacionalizados, considerando que existía un "peligro fundado" de afectar a la "objetividad de las elecciones". El fallo validó argumentos que la derecha había promovido durante años sin evidencias previas. Ahora, con una sentencia de la corte suprema de por medio, las acusaciones de fraude electoral han adquirido una nueva legitimidad institucional.