PP y Vox acogen menores migrantes de Ceuta pese a su rechazo público

En las últimas semanas de agosto y durante septiembre, tres comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y Vox —Castilla y León, Aragón y Extremadura— han estado recibiendo menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. Lo hacen bajo presión legal, obligadas por el artículo 5 de la ley de extranjería, a pesar de los acuerdos públicos que sus gobiernos firmaron entre abril y junio comprometiéndose a rechazar a estos niños y adolescentes. La contradicción entre lo que estos gobiernos dicen en público y lo que hacen en privado revela la tensión entre la retórica política y las obligaciones legales que no pueden eludir.

Los traslados comenzaron con menores que habían llegado a Ceuta antes del 30 de julio, cuando todavía no se había producido la entrada masiva que colapsaría la ciudad autónoma. Hasta mediados de julio, más de 1.750 menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias habían sido trasladados a otros territorios en el transcurso de un año. Pero cuando llegó la avalancha de finales de julio, el sistema se saturó. Con el paso de los días, los expedientes de quienes habían entrado antes de la crisis continuaron resolviéndose, y los traslados a otras comunidades se reanudaron. Madrid, Murcia y Galicia, también gobernadas por el PP, así como Castilla-La Mancha, bajo control del PSOE, también están recibiendo a estos menores. El Ministerio de Infancia ha confirmado que estos traslados se están produciendo tanto en agosto como en septiembre.

La mecánica legal que obliga a estos gobiernos a actuar contra su discurso público es clara. El artículo 5 de la ley de extranjería, reformado por el Congreso en marzo de 2025, establece que cada comunidad autónoma tiene asignado un número de plazas para acoger a menores migrantes. Ceuta tiene derecho a atender 29 plazas ordinarias. Cuando una comunidad excede ese número por tres menores, puede solicitar una contingencia migratoria, y el resto de territorios está obligado a aceptar el realojo. Actualmente, Ceuta tiene registrados aproximadamente 2.200 menores, con otros 1.000 estimados en situación de calle según datos del Gobierno central.

Los números de septiembre ilustran el ritmo de estos traslados. El 14 de septiembre, Ceuta trasladó un menor a Castilla y León; el 15, otro a Extremadura; el 16, uno a Aragón; y el 17, catorce niños y adolescentes a Castilla-La Mancha. El Ejecutivo ceutí tiene previstos más realojos: el 21 de septiembre, un menor a Madrid y otro a Murcia; el 24, cuatro a Galicia. Estos son solo algunos de los traslados documentados en septiembre, a los que se suman los del inicio del mes y de agosto.

En privado, los presidentes autonómicos del Partido Popular y fuentes del partido de Santiago Abascal llevan semanas reconociendo que tienen que cumplir la ley. No pueden rechazar a estos menores en la realidad, por muchos recursos judicales que interpongan contra la norma —hasta ahora sin éxito— o por los discursos airados que lancen en público. Asumen que deben ceder no solo respecto a los menores llegados antes de la crisis, sino también a los que pisaron suelo ceutí después del 30 de julio si la ley los obliga. Sin embargo, la dirección nacional del PP, a través de Génova, y el alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se niegan a aceptar esta realidad y piden que todos sean retornados a Marruecos.

La estrategia de Génova ha sido reconfigurar el problema. Ahora sostiene que el cruce masivo del 30 y 31 de julio constituye una "invasión", un asunto de seguridad y no una crisis migratoria. Desde esta perspectiva, la ley de extranjería no se aplicaría a quienes llegaron durante esa avalancha, lo que significaría que ni el artículo 5 ni su obligatoriedad de aceptarlos tendría vigencia. Pero esta posición no es unánime dentro del propio partido. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, desafía a La Moncloa de otra manera: reconoce que el Gobierno tiene la capacidad legal para trasladar menores a la península y ya lo ha hecho, y reta al Ejecutivo a imponer los traslados de inmediato.

Ceuta también está utilizando convenios bilaterales para trasladar menores. La semana pasada, cinco niñas cuya llegada coincidió con la entrada masiva fueron reubicadas en Navarra a través de un acuerdo voluntario entre ambas administraciones. El Ejecutivo ceutí continúa procesando expedientes tanto a través de la obligación legal del artículo 5 como mediante estos convenios. Las fuentes de la administración ceutí adelantan que en las próximas semanas, después de haber reubicado a quienes entraron antes del 30 y 31 de julio, seguirán distribuyendo a quienes llegaron con la avalancha, aplicando la misma obligación legal que ahora cumple, aunque sea en silencio, quienes públicamente la rechazan.