PP, Vox y Junts votaron ocho veces juntos contra decretos de vivienda del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado 25 reales decretos ley con medidas sobre vivienda desde 2019, logrando la convalidación de 19 de ellos. Pero detrás de esa cifra que el Ejecutivo esgrime como prueba de su gestión en la materia se esconde una realidad parlamentaria más complicada: en ocho ocasiones, el PP, Vox y Junts votaron juntos en contra, formando una alianza inusual que paralizó iniciativas clave de protección para inquilinos vulnerables. El presidente Sánchez argumentó esta semana que su Gobierno "ha hecho mucho" en vivienda, pero que carecía de una mayoría parlamentaria que lo respaldara. Señaló específicamente que el bloque de la derecha parlamentaria, donde incluyó a estas tres formaciones, obstaculizó repetidamente los intentos de reforma.

Los primeros decretos sobre vivienda llegaron en circunstancias excepcionales. El 3 de abril de 2019, apenas tres semanas antes de las elecciones generales, la Diputación Permanente del Congreso convalidó un decreto de urgencia que modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, ampliaba la prórroga obligatoria de los contratos a cinco años (siete para personas jurídicas), limitaba las fianzas adicionales y regulaba el índice de precios de referencia. Aquella votación fue cerrada: 33 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Un año después, en plena pandemia, el panorama cambió radicalmente. El 25 de marzo de 2020, el Congreso convalidó con 342 votos a favor un decreto omnibus que suspendía los lanzamientos sobre viviendas habituales de personas y familias en situación de vulnerabilidad, modificaba los requisitos de renta para acceder a esa protección y ampliaba la cobertura a colectivos como familias monoparentales. Fue un momento de casi unanimidad parlamentaria: solo Bildu y el BNG se abstuvieron.

Ese paréntesis de consenso fue breve. Cuando llegó el siguiente decreto de la pandemia, que incluía una moratoria para el pago de deudas hipotecarias vinculadas a la vivienda habitual, Vox ya se desmarcó votando en contra, aunque PP y Junts lo apoyaron. El 9 de abril de 2020, las tres formaciones se abstuvieron juntas en un decreto que prosperó con 171 votos a favor frente a 174 abstenciones, que introducía un paquete de protección a inquilinos vulnerables con suspensión de desahucios, prórrogas automáticas obligatorias de seis meses en alquileres y microcréditos ICO. A partir de enero de 2021, la pauta se consolidó. PP, Vox y Junts comenzaron a votar sistemáticamente en contra de medidas que ampliaban protecciones ante desahucios y lanzamientos, extendiendo la cobertura y articulando compensaciones a propietarios afectados.

La fragmentación fue aumentando con el tiempo. En octubre de 2021, Junts se alineó con el bloque progresista de investidura en un decreto que contenía deducciones en IRPF por obras de mejora energética en viviendas, facilitaba acuerdos de comunidades de propietarios para rehabilitación e impulsaba financiación para actuaciones de rehabilitación residencial, mientras que PP y Vox se abstuvieron. Pero cuando en abril de 2022 el Gobierno intentó introducir limitaciones extraordinarias de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento, vinculada al Índice de Garantía de Competitividad, ninguno de los tres partidos lo apoyó. A lo largo de 2023, 2024, 2025 y 2026, la alianza entre PP, Vox y Junts se reactivó repetidamente para bloquear prórrogas de medidas de protección sobre la vivienda. El 10 de enero de 2024, las tres formaciones se reagruparon en su oposición conjunta contra un alargamiento que pretendía extender hasta finales de 2025 las suspensiones de desahucios, lanzamientos de hogares vulnerables y compensaciones, así como medidas para la promoción de vivienda pública asequible. Ese escenario se repitió en diciembre de 2025, febrero y marzo de 2026, con decretos que fueron tumbados por esa extraña alianza.

Los números finales revelan patrones distintos en cada formación. De los 25 reales decretos especiales con actuaciones sobre vivienda debatidos desde 2019, Junts votó ocho en contra, 10 a favor y se abstuvo tres veces. El PP votó nueve en contra, ocho a favor y se abstuvo en cinco ocasiones. Vox, por su parte, votó no 12 veces, sí una sola vez y se abstuvo nueve. Los últimos decretos rechazados en marzo de 2026 incluían una prórroga extraordinaria de determinados contratos de vivienda habitual y la limitación extraordinaria de la actualización anual de renta con un tope del 2% hasta el 31 de diciembre de 2027 para grandes tenedores. Esas medidas, que formaban parte de una iniciativa más amplia para combatir los perjuicios por la guerra en Irán, quedaron bloqueadas en el pleno extraordinario del Congreso del pasado viernes. El Gobierno ha anunciado que presentará decretos retocados ante la Diputación Permanente, aunque aún sin fecha fijada.