PP exige devolución de migrantes a Marruecos tras entrada ilegal en Ceuta

A principios de agosto, un número significativo de migrantes —adultos y menores— cruzó ilegalmente hacia Ceuta desde Marruecos. La entrada masiva reactivó un debate político que ha marcado la frontera española durante años, y el Partido Popular respondió con una demanda clara: devolver a todos los que habían llegado sin autorización.

Carmelo Gamarra, portavoz del PP, fue directo en su exigencia. No había, según su posición, otra salida viable. El partido argumentaba que la Unión Europea ya había clasificado a Marruecos como un país seguro, lo que en teoría eliminaba la base legal para conceder asilo a quienes llegaban desde allí. Con ese respaldo europeo en la mano, el PP sostenía que la expulsión no solo era posible sino necesaria. La lógica era simple: si Marruecos era seguro según Bruselas, entonces los migrantes no tenían derecho a protección internacional en territorio español.

La posición del partido se extendía más allá de la inmediata devolución de personas. Gamarra y Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma, también reclamaban un refuerzo significativo de la presencia policial en Ceuta. Pero no se trataba solo de más agentes locales. El PP pedía que el Estado español se "rearmara" institucionalmente en la ciudad, reduciendo su dependencia de la cooperación con Rabat. Era una crítica velada al gobierno de Pedro Sánchez: la gestión de la frontera, argumentaban, no podía quedar en manos de negociaciones con Marruecos. España necesitaba capacidad propia, recursos propios, control propio.

Feijóo, líder nacional del partido, llevó la confrontación a un nivel más amplio. Acusó al presidente del gobierno de ejecutar un programa "destituyente" contra la nación, una frase que trascendía la cuestión migratoria para enmarcarla como parte de una estrategia más vasta de debilitamiento estatal. Para el PP, la crisis de Ceuta no era un incidente aislado sino síntoma de una gestión que, en su visión, socavaba la autoridad y la soberanía españolas.

Lo que quedaba sin resolver en los comunicados públicos era la cuestión de los menores. Algunos de los que habían cruzado eran niños, y el derecho internacional establece protecciones específicas para menores migrantes, independientemente de cómo hayan entrado en un territorio. El PP no diferenciaba en su demanda: todos debían ser devueltos. Eso significaba que menores sin acompañamiento adulto, potencialmente vulnerables, serían expulsados sin garantías explícitas sobre qué protección recibirían al otro lado de la frontera.

La presión sobre el gobierno Sánchez se intensificaba. El PP había encontrado un terreno donde la opinión pública española tendía a estar de su lado, donde la seguridad fronteriza resonaba como preocupación legítima. Pero la demanda también exponía una tensión fundamental: entre el derecho internacional de asilo, las obligaciones hacia menores, y la soberanía nacional para controlar fronteras. Marruecos, por su parte, permanecía como actor central pero ausente de la conversación pública española, mientras Madrid y Rabat negociaban en los pasillos lo que los políticos españoles debatían en los medios.