Ampliar la cantidad de profesionales sin la presión de los mismos de siempre
En una provincia argentina, la institución policial y el gremio de psicólogos sellaron un pacto que reconoce algo que pocas veces se nombra en voz alta: quienes cargan con el peso del orden público también cargan con el peso de su propia humanidad. El acuerdo firmado en junio extiende el acceso a salud mental no solo a efectivos en actividad y sus familias, sino también a quienes ya dejaron el uniforme, admitiendo que las heridas del servicio no se retiran junto con la credencial.
- La demanda de atención psicológica dentro de la Policía de Entre Ríos desbordó la capacidad interna, dejando a muchos efectivos sin respuesta oportuna.
- El convenio firmado el 12 de junio abre una red de profesionales privados en toda la provincia, rompiendo la dependencia de un sistema institucional saturado.
- Por primera vez, el personal retirado queda incluido en el beneficio, reconociendo que el impacto del trabajo policial no desaparece con la jubilación.
- Un descuento del 20% sobre el arancel de referencia y la posibilidad de reintegro por obra social hacen el acceso económicamente viable sin límite de sesiones.
- La confidencialidad está garantizada: la institución no monitorea las consultas ni clasifica los motivos, apostando por la confianza como condición del cuidado.
A mediados de junio, la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos de la provincia formalizaron un convenio que amplía el acceso a atención psicológica para efectivos, sus familias y, por primera vez, para el personal retirado de la fuerza. Lo que había comenzado como una articulación incipiente entre ambas instituciones se consolidó el 12 de junio en un acuerdo que reconoce una necesidad largamente postergada.
Julián Bevilaqua, jefe de la División Bienestar Policial, explicó que la incorporación de los retirados es una de las novedades centrales: quienes dejaron la institución pueden ahora acceder voluntariamente a profesionales adheridos al convenio en toda la provincia. La medida parte de una premisa sencilla pero significativa: las necesidades de salud mental no se jubilan junto con el agente.
El convenio nació también de una realidad concreta. La demanda de consultas superó la capacidad interna de atención, y el acuerdo permite derivar hacia una red más amplia de psicólogos privados, donde cada persona elige a su terapeuta y realiza el tratamiento en un ámbito sin presiones institucionales. El beneficio incluye un descuento del 20% sobre el arancel de referencia del Colegio, posibilidad de reintegro por obra social y sin límite de sesiones, ajustadas a la evaluación clínica de cada caso.
Bevilaqua fue enfático en que los motivos de consulta permanecen bajo secreto profesional. La institución no busca monitorear ni clasificar: solo ampliar el acceso. El listado de profesionales adheridos ya circula en todas las dependencias y está disponible también a través del Colegio.
Este convenio se inscribe en un giro institucional más amplio. La División Bienestar Policial adoptó ese nombre a mediados del año pasado para visibilizar su trabajo, señalando que el cuidado de los efectivos y sus familias no es un complemento de la función policial, sino parte de su núcleo.
A mediados de junio, la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos de la provincia firmaron un acuerdo que amplía significativamente el acceso a atención mental para quienes visten el uniforme. Lo que comenzó como un trabajo articulado hace poco más de un año entre ambas instituciones se concretó el 12 de junio en un convenio que busca fortalecer la salud mental de efectivos, sus familias y, por primera vez, también del personal retirado de la fuerza.
Julián Bevilaqua, jefe de la División Bienestar Policial, explicó que una de las novedades principales es precisamente la incorporación de los retirados. Quienes dejaron la institución ahora pueden acceder voluntariamente a atención profesional a través de los psicólogos adheridos al convenio en toda la provincia. Se trata de una extensión que reconoce que las necesidades de salud mental no terminan cuando termina la carrera policial.
El acuerdo responde a una realidad que la institución ha enfrentado durante años: la demanda de consultas psicológicas crece más rápido que la capacidad interna para atenderla. Aunque la Policía cuenta con profesionales de salud mental en su estructura, Bevilaqua reconoció que esa dotación es insuficiente frente a la cantidad de personas que buscan ayuda. El convenio abre la puerta a una red más amplia de profesionales privados, permitiendo que cada persona elija a su terapeuta y realice el tratamiento en un ámbito privado, sin la presión de recurrir siempre a los mismos profesionales de la institución.
El funcionamiento del beneficio es directo. El convenio establece un descuento del 20 por ciento sobre el arancel de referencia que fija el Colegio de Psicólogos, y quienes cuentan con obra social pueden solicitar además el reintegro correspondiente. No hay límite de sesiones; cada tratamiento se ajusta a la evaluación clínica del profesional y a las necesidades particulares de quien lo recibe. El listado de psicólogos adheridos ya fue distribuido en todas las dependencias policiales de la provincia y también está disponible a través del Colegio.
Cuando se le preguntó sobre las problemáticas que motivan las consultas, Bevilaqua fue claro: esa información es confidencial, protegida por el secreto profesional entre paciente y terapeuta. Lo que sí señaló es que las razones son variadas, tanto familiares como laborales, y por eso el convenio también incluye a los familiares de los efectivos. La institución no pretende monitorear ni clasificar las consultas; simplemente busca ampliar el acceso a profesionales que puedan hacer un seguimiento adecuado.
Esta expansión del convenio se enmarca en un cambio más amplio dentro de la institución. La División Bienestar Policial adoptó esa denominación a mediados del año pasado con el objetivo de dar mayor visibilidad a las tareas que desarrolla. El cambio de nombre refleja una apuesta institucional por reconocer que el bienestar de los efectivos y sus familias es parte central de la función policial, no un complemento.
Notable Quotes
La demanda es mucho más grande que la cantidad de profesionales que están actualmente dentro de la fuerza— Julián Bevilaqua, jefe de Bienestar Policial
No hay un tope de consultas porque el seguimiento se basa en la necesidad de cada persona y cada tratamiento es diferente— Julián Bevilaqua
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué tardó tanto en expandirse este convenio si la demanda de atención psicológica ya era evidente?
La institución tenía profesionales internos, pero llegó un punto donde simplemente no daban abasto. Fue necesario reconocer que ampliar la red era más eficiente que intentar contratar más psicólogos dentro de la fuerza.
¿Qué cambió al incluir a los retirados?
Reconoce que la salud mental no se detiene cuando alguien se retira. Un policía retirado sigue enfrentando los mismos desafíos que cualquier persona, y ahora tiene acceso a la misma red de profesionales.
¿Cómo se aseguran de que el descuento del 20 por ciento sea realmente accesible?
El descuento se aplica sobre el arancel de referencia del Colegio, y además está el reintegro por obra social. No es un sistema perfecto, pero reduce significativamente la barrera económica.
¿Qué pasa si alguien necesita más de, digamos, diez sesiones?
No hay límite. El profesional evalúa lo que cada persona necesita. Un tratamiento puede ser breve o extenderse meses, depende del caso.
¿La institución sabe qué está pasando en esas consultas?
No, y es así por diseño. El secreto profesional es inviolable. La Policía solo sabe que la demanda existe; no monitorea el contenido ni los diagnósticos.