Policía de Corrientes releva directivos por presunta colusión de guardias con presos

Guardias que permitían salidas para cometer robos
Un preso delator reveló el esquema de complicidad que llevó al desplazamiento de directivos policiales.
Mark

¿Cómo es que un preso termina siendo la pieza clave que destapa todo esto?

Mimi

Porque estaba adentro. Vio cómo funcionaba. Y en algún momento decidió hablar con la Fiscalía. Eso es lo que cambió todo.

Luke

Pero no sabemos por qué decidió hablar. ¿Negociación? ¿Arrepentimiento? La fuente no lo dice.

Mark

¿Y la suboficial que mencionan? ¿Qué evidencia hay contra ella específicamente?

Mimi

La identificó el preso. Dice que ella dejaba salir a los detenidos. Y que tenía una relación sentimental con otro preso.

Luke

Eso es lo que el preso dijo. Pero la fuente no detalla qué otras pruebas hay. Teléfonos, cámaras, sí, pero no sabemos qué muestran exactamente.

Mark

¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto?

Mimi

No está claro. El robo del 16 de septiembre fue lo que lo sacó a la luz, pero no sabemos si fue la primera vez o si había estado ocurriendo durante meses.

Luke

Exacto. Y eso es importante. Si fue una operación aislada es una cosa. Si fue sistemático, es otra completamente distinta.

Mark

¿Qué pasa ahora con los cuatro policías apartados?

Mimi

Están bajo investigación. La Fiscalía va a presentar su caso en una audiencia de acusación próximamente. Asuntos Internos también está haciendo su propia investigación administrativa.

Luke

Pero no sabemos si serán acusados formalmente, si hay suficiente evidencia, o si algunos podrían quedar libres. La audiencia dirá más.

Mark

¿Esto es un problema aislado o hay algo más grande aquí?

Mimi

La Jefatura de Policía actuó rápido, removiendo directivos. Eso sugiere que querían contener la situación. Pero también sugiere que sabían que era grave.

Luke

O que querían verse bien. Remover gente es fácil. Lo difícil es saber si la investigación va a llegar hasta donde realmente llegue la corrupción.

  • Un preso decidió hablar y lo que reveló no fue un delito aislado, sino un sistema: guardias que abrían puertas para que detenidos salieran a robar y regresaran como si nada.
  • Una suboficial quedó en el centro del escándalo al descubrirse que mantenía un vínculo sentimental con uno de los detenidos, lo que agrava la sospecha de complicidad deliberada.
  • La Jefatura de Policía actuó con rapidez inusual: desplazó al director de la Unidad Regional V y a los jefes de dos comisarías, apartando preventivamente a cuatro efectivos de sus funciones.
  • Los fiscales ahora analizan teléfonos, cámaras de seguridad y libros de guardia en busca de la magnitud real de la red, mientras Asuntos Internos avanza en paralelo con su propia investigación administrativa.
  • La pregunta que sobrevuela todo el caso es cuánto tiempo estuvo operando este esquema y cuántos otros robos podrían estar vinculados a la misma complicidad institucional.

En Santo Tomé, Corrientes, la institución encargada de custodiar el orden fue sacudida desde sus propios cimientos cuando un preso delator reveló que guardias penitenciarios permitían a detenidos salir a cometer robos. La Jefatura de Policía respondió desplazando a mandos de la Unidad Regional V y comisarías locales, reconociendo así que la corrupción había anidado en el corazón mismo del sistema de custodia. El caso, que comenzó con el robo de cinco millones de pesos a una agencia de cobranzas el 16 de septiembre, plantea ahora una pregunta más profunda sobre la integridad de las instituciones que la sociedad confía para protegerla.

El sábado pasado, la cúpula policial de Corrientes tomó una decisión drástica: desplazar al director de la Unidad Regional V de Santo Tomé y a los jefes de la Comisaría Primera y la Comisaría de la Mujer y el Menor. Cuatro efectivos fueron apartados preventivamente. La medida respondía a una investigación que había comenzado semanas antes con un robo que resultó ser mucho más que un delito común.

Todo arrancó el 16 de septiembre, cuando encapuchados interceptaron a un empleado de una agencia de cobranzas en Santo Tomé, le exigieron llaves y contraseñas, y se llevaron aproximadamente cinco millones de pesos. La investigación del fiscal Facundo Cabral llevó a un allanamiento en el barrio Escalada donde se detuvo a un sospechoso y se recuperaron dos millones y medio.

Lo que convirtió el caso en escándalo institucional fue la declaración de un preso que decidió colaborar con la Fiscalía. Según su relato, la guardia penitenciaria les permitía salir del establecimiento para cometer robos. Señaló específicamente a una suboficial y agregó que la mujer mantenía un vínculo sentimental con otro detenido, lo que profundizaba aún más la sospecha de complicidad.

El comisario general Miguel Ángel Leguizamón confirmó que la decisión de apartar a los directivos fue tomada por la propia Jefatura. Los fiscales continúan analizando registros telefónicos, grabaciones de cámaras y libros de guardia de cara a una próxima audiencia de acusación, mientras Asuntos Internos avanza con su investigación administrativa. La Jefatura emitió un comunicado prometiendo tolerancia cero y plena colaboración con la Justicia, aunque la pregunta más incómoda permanece abierta: cuánto tiempo estuvo funcionando esta red y cuántos otros delitos podrían estar vinculados a ella.

El sábado pasado, la cúpula de la Policía de Corrientes tomó una decisión drástica: desplazar al director de la Unidad Regional V de Santo Tomé, junto con los jefes de la Comisaría Primera y la Comisaría de la Mujer y el Menor. Cuatro efectivos policiales fueron apartados preventivamente de sus funciones. La medida llegó como respuesta a una investigación que había comenzado semanas antes, cuando un robo de proporciones considerables puso en evidencia algo mucho más grave que un delito común: la posible colusión entre guardias penitenciarios y detenidos.

Todo comenzó el 16 de septiembre, cuando encapuchados interceptaron a un empleado de una agencia de cobranzas en Santo Tomé cuando llegaba a su domicilio. Le exigieron las llaves del comercio y las contraseñas de las cajas de seguridad. Se llevaron aproximadamente cinco millones de pesos. La investigación policial, dirigida por el fiscal Facundo Cabral, condujo a un allanamiento en el barrio Escalada donde detuvieron a un sospechoso y recuperaron dos millones y medio de los fondos sustraídos.

Lo que transformó este robo en un escándalo institucional fue lo que sucedió después. Un preso que se encontraba detenido decidió colaborar con la Fiscalía y reveló detalles sobre operaciones que superaban cualquier delito de robo convencional. Según su declaración, la guardia penitenciaria les permitía salir del establecimiento para cometer robos. Identificó específicamente a una suboficial y agregó un detalle adicional que agravaba aún más la situación: la mujer tendría un vínculo sentimental con otro detenido.

A medida que la Unidad Fiscal recolectaba más evidencia, la gravedad del caso se hizo innegable. El comisario general Miguel Ángel Leguizamón confirmó a El Litoral que la decisión de apartar a los directivos fue tomada por la propia Jefatura de Policía. Los nombres de quiénes ocuparían los cargos vacantes aún no se conocían oficialmente, aunque algunos medios locales habían especulado sobre posibles reemplazos.

La investigación judicial continuaba en paralelo con un análisis exhaustivo de elementos de prueba. Los fiscales examinaban registros telefónicos, grabaciones de cámaras de seguridad, libros de guardia y las coartadas de los implicados. Todo esto sería presentado en una audiencia de acusación que debería celebrarse en los días siguientes. Simultáneamente, Asuntos Internos de la Policía de Corrientes llevaba adelante su propia investigación administrativa, que ya había arrojado informes preliminares con recomendaciones de cambios que comenzaban a implementarse.

La Jefatura de Policía emitió un comunicado oficial en el que enfatizó su posición: no toleraría ninguna conducta que se apartara de la ley ni de los principios que rigen la función policial. Prometió plena colaboración con la Justicia y transparencia en las actuaciones. Sin embargo, la realidad era que una de las instituciones encargadas de resguardar el orden había sido penetrada desde adentro, con guardias que supuestamente facilitaban la comisión de delitos. Lo que quedaba por delante era un proceso judicial que determinaría las responsabilidades individuales y, más allá de eso, una pregunta más incómoda: cuánto tiempo había estado ocurriendo esto, y cuántos otros robos podrían estar vinculados a la misma red de complicidad.

No se tolerará ninguna conducta que se aparte de la ley ni de los principios y obligaciones que rigen la función policial
— Comunicado oficial de la Jefatura de Policía de Corrientes
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