Polémica por carne colgada: vecinos denuncian venta clandestina y cazador asegura que es para consumo propio

En Coronel Pringles, un pueblo del interior bonaerense, la vista de carne y medias reses colgadas en el patio de una casa desencadenó una cadena de denuncias vecinales que terminó con la policía tocando a la puerta. Gabriel Molina, dueño de la propiedad, se encontró en el centro de una controversia sobre si lo que exhibía era producto de una operación clandestina de venta o, como él sostiene, simplemente el resultado de su actividad de caza legal para consumo personal.

Los vecinos, inquietos por la cantidad visible de carne, presentaron denuncias que activaron tanto a la Policía como a Bromatología. La intervención fue rápida, pero Molina respondió con firmeza. En una entrevista con El Orden de Pringles que se viralizó en redes, negó categóricamente cualquier venta. Explicó que cazaba chanchos y jabalíes, que contaba con permisos para hacerlo, y que la carne era destinada a su propio consumo o, en algunos casos, regalada sin cargo a amigos o a dueños de campos que le permitían acceder a sus tierras para cazar. "Si viene un vecino a comprarme carne, se la regalo. No la vendo", afirmó con convicción.

Según su relato, la práctica era rutinaria después de cada jornada de caza. Molina describió un proceso artesanal: utilizaba la carne para elaborar chorizos, panceta y otros productos que guardaba para su mesa. La cantidad que se veía colgada en el patio no era, en su perspectiva, evidencia de comercio ilegal sino simplemente el resultado acumulado de varias salidas de caza. Frente a las acusaciones, desafió a quienes lo denunciaban a que probaran la venta. "Quienes realizaron las denuncias deberán demostrarlo", dijo.

Un aspecto central de la controversia giraba en torno al origen de los animales. Algunos vecinos sospechaban cuatrerismo, pero Molina aseguró tener autorizaciones de propietarios rurales. Afirmó poseer permisos de cuarenta campos diferentes donde realizaba la actividad de caza. También subrayó que la caza de chanchos y jabalíes es legal en territorio bonaerense y que él operaba dentro del marco normativo. Sobre sus armas, sostuvo que era legítimo usuario, que las transportaba desarmadas y enfundadas según lo exigido por la ley, y que contaba con toda la documentación correspondiente.

Molina reconoció que había recibido múltiples denuncias y que la policía había intervenido, pero no expresó hostilidad hacia los efectivos. "La Policía no molesta, la Policía cumple con su trabajo", comentó, atribuyendo la controversia principalmente a las denuncias reiteradas de algunos vecinos. También rechazó cualquier vínculo con hechos de abigeato ocurridos en la zona.

En cuanto a los análisis, Molina mencionó que había enviado muestras de carne para estudios y que se esperaba la actuación de Bromatología. Sin embargo, en el momento de la entrevista no se habían divulgado los resultados de esos análisis. La situación quedaba en suspenso, dependiendo de lo que revelaran los controles sanitarios y de si las autoridades lograban establecer evidencia de comercialización ilegal. El caso ilustraba una tensión común en zonas rurales y periurbanas: la línea difusa entre la actividad de subsistencia y la comercialización clandestina, y cómo la desconfianza vecinal puede escalar rápidamente hacia intervenciones oficiales.