Polémica en Medellín por intervención policial en protestas de la UdeA

El jueves por la noche, alrededor de cien personas se apostaron en la calle Barranquilla, en el nororiente de Medellín, para bloquear el paso y protestar contra las políticas del Gobierno nacional. Lo que comenzó como una movilización se convirtió rápidamente en un enfrentamiento cuando una tanqueta del Undmo —la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que sustituyó al antiguo Esmad— llegó al lugar y dispersó a los manifestantes con chorros de agua. Tras esa acción, la situación escaló: los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y explosivos contra los uniformados, mientras que la vía, que conecta con centros hospitalarios de primer nivel, quedó bloqueada.

Lo que sucedió en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia desató una polémica política inmediata sobre si la intervención policial fue justificada o desproporcionada. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, publicó un mensaje en redes sociales defendiendo la actuación de la Policía con un lenguaje que no dejaba lugar a ambigüedades: "O entiende por las buenas, o se les hace entender. En Medellín no alcahueteamos protestas violentas ni vías de hecho". Villa añadió que la ciudad no negocia con quienes pretenden imponer caos por la fuerza, aunque reconoció que se garantiza el derecho a protestar.

El alcalde Federico Gutiérrez respalló públicamente la intervención policial, afirmando que "en nuestra ciudad se respeta la autoridad". Ambos funcionarios argumentaron que la Fuerza Pública actuó dentro del marco del Plan de Mantenimiento del Orden (PMU) para recuperar el control de una vía crítica que había sido cerrada por los manifestantes.

Pero la respuesta desde la oposición fue inmediata y contundente. La congresista Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, calificó las declaraciones y acciones de las autoridades como autoritarias, represivas y contrarias a la Constitución. Zuleta cuestionó específicamente el video que el secretario de Seguridad había publicado, señalando que mostraba claramente cómo la tanqueta se lanzaba "de manera desproporcionada y amenazante" contra una multitud que, según ella, protestaba pacíficamente. El activista de izquierda Anderson Castaño fue más directo aún, afirmando que las autoridades buscan "destriparlos" por protestar y que el episodio de Medellín demuestra que no permitirán que la gente se movilice.

Lo que quedó registrado en videos del incidente muestra a manifestantes siendo dispersados por la tanqueta y luego lanzando objetos contundentes y explosivos contra los policías. Pero el punto de quiebre en el debate público no fue solo lo que sucedió en la calle, sino cómo las autoridades lo justificaron. El lenguaje del secretario Villa —particularmente la frase "o entiende por las buenas, o se les hace entender"— fue interpretado por los críticos como una amenaza velada y como evidencia de una postura que no deja espacio para el diálogo o la negociación con manifestantes.

El cierre de la calle Barranquilla, que conecta con hospitales de urgencias, fue presentado por las autoridades como la razón fundamental para intervenir. Villa concluyó su defensa de la actuación policial reiterando que se garantiza el derecho a protestar, pero también el derecho de millones de ciudadanos a movilizarse libremente. Sin embargo, para los opositores, esa afirmación suena a justificación de una represión que consideran desproporcionada y que viola derechos constitucionales fundamentales.