¿Podrá Estados Unidos apropiarse de Cuba? Un análisis de la presión de Washington sobre La Habana

Según una columna de opinión publicada en eldiario.es el 19 de mayo de 2026, la presión de Estados Unidos sobre el gobierno cubano no es un episodio reciente sino una secuencia que lleva casi una década en marcha. El texto, que es un artículo de opinión y no un reportaje, no aporta cifras verificables; lo que ofrece es una cronología y una tesis.

La cronología que traza el autor empieza en 2017. En su primera presidencia, Donald Trump restableció las restricciones a los viajes educativos y a los programas de intercambio cultural con la isla. En 2019 y 2020 se reforzaron las sanciones financieras, y esas medidas, señala el texto, se fueron ampliando en los años posteriores.

El siguiente paso, según el articulista, llegó en 2024: medidas para interrumpir el envío de combustible desde aliados de La Habana como Venezuela, junto a sanciones secundarias más estrictas contra terceros países y empresas que sigan suministrando recursos críticos a Cuba. Esa línea habría culminado en 2026 con un bloqueo energético.

El autor atribuye a estas medidas un impacto en tres planos. En lo económico, menciona una reducción sostenida de los ingresos del Estado, la caída de la inversión extranjera, problemas en las cadenas de suministro y una crisis energética recurrente. En lo social, habla de más pobreza, limitaciones de acceso a bienes básicos y servicios, migración y una posible crisis humanitaria en los picos de escasez. En lo político, sostiene que Cuba sufre mayor aislamiento en ciertos foros internacionales, pero que a la vez se fortalecen sus alianzas con actores dispuestos a desafiar las sanciones, con riesgo de radicalización del régimen y de represalia regional.

La tesis central es que la política de Trump hacia Cuba persigue un doble objetivo: debilitar estructuralmente al régimen para forzar cambios políticos favorables a Washington y socavar a sus aliados regionales para reducir la capacidad de resistencia de La Habana. Para ello, afirma el texto, combina coerción económica y diplomática con amenaza de fuerza, con el fin de arrancar un acuerdo en términos estadounidenses. Si la coerción fracasa, añade, Washington contempla medidas más directas. El enfoque, concluye esta parte, prioriza resultados rápidos y visibles, a costa de un alto precio humanitario y del riesgo de efectos secundarios en la región.

A partir de ahí, la columna deja el terreno de la descripción y adopta un tono abiertamente moral. Habla de familias a las que se les encarecen los alimentos, de hospitales sin medicinas y de estudiantes que pierden la posibilidad de soñar, y se pregunta qué legitimidad tiene privar a millones de ciudadanos de lo básico para doblegar a sus gobernantes. Sostiene que la presión obliga a elegir entre la supervivencia inmediata y la libertad colectiva, y que la retórica de seguridad y orden encubre el despojo de la autodeterminación.

El texto termina con un llamamiento: que la indignación se traduzca en diplomacia con principios, apoyo humanitario y voces que no callen, hasta que las decisiones sobre el rumbo de la nación vuelvan a pertenecer a su gente. Para el lector, conviene contrastar las afirmaciones sobre el impacto con datos oficiales y de organismos internacionales sobre la situación en Cuba, que el artículo no cita.