En los primeros días de 2022, el sistema judicial peruano trazó una línea entre el derecho a la defensa y las exigencias de una investigación en curso: la Tercera Sala de Apelaciones Nacional confirmó que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, deberá comparecer ante la fiscalía sin que esta esté obligada a detallar cada cargo antes de su declaración. La causa investiga el presunto movimiento de más de doce millones de soles —parte de ellos provenientes de Suiza— para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori en 2021. El fallo recuerda que la investigación preliminar no es el ju
Poder Judicial rechaza pedido de Galarreta para precisar cargos del Ministerio Público
La investigación preliminar es para determinar si los delitos ocurrieron, no para tener todo armado antes de empezar
Mark
¿Por qué el tribunal rechazó el pedido de Galarreta si él solo pedía que le dijeran de qué lo acusaban?
Mimi
Porque el tribunal consideró que la fiscalía ya tenía suficiente base para investigar. No es necesario que la acusación sea perfecta en la etapa preliminar; eso viene después.
Mark
Pero ¿cómo se defiende alguien si no sabe exactamente qué se le imputa?
Mimi
Esa es la tensión. Galarreta sabía que lo investigaban por financiamiento electoral irregular. Sabía de los doce millones de soles, del dinero suizo, de los pagos a electores. Lo que quería era que la fiscalía le dijera cada detalle antes de declarar.
Mark
¿Y eso es poco razonable?
Mimi
Depende de cómo lo mires. El tribunal dijo que no; que la investigación preliminar es justamente para determinar si pasó algo, no para tener todo armado antes de empezar. La fiscalía tenía lo que necesitaba para proceder.
Mark
¿Qué pasa ahora con Galarreta?
Mimi
Tenía que declarar el 10 de enero. La investigación continuaría con él y los otros catorce acusados, sin que hubiera tenido esa precisión previa que pedía.
El Pulso
- Galarreta reclamó conocer con exactitud de qué se le acusa antes de declarar, argumentando que sin esa información no podía construir una defensa digna.
- La Tercera Sala de Apelaciones Nacional cerró esa vía al confirmar que la fiscalía ya cuenta con una imputación mínima y razonable, suficiente para continuar.
- La investigación apunta a una red de quince personas que habrían distribuido dinero suizo entre electores —hasta 4,050 dólares por voto— exigiendo fotografías como comprobante.
- El rechazo judicial deja a Galarreta sin el escudo procesal que buscaba y lo obliga a presentarse ante la fiscalía el 10 de enero en condiciones que su defensa considera desventajosas.
- La causa avanza con cargos que incluyen organización criminal, financiamiento electoral ilícito y falsificación de documentos, manteniendo la presión sobre Fuerza Popular.
En los primeros días de 2022, el sistema judicial peruano trazó una línea entre el derecho a la defensa y las exigencias de una investigación en curso: la Tercera Sala de Apelaciones Nacional confirmó que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, deberá comparecer ante la fiscalía sin que esta esté obligada a detallar cada cargo antes de su declaración. La causa investiga el presunto movimiento de más de doce millones de soles —parte de ellos provenientes de Suiza— para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori en 2021. El fallo recuerda que la investigación preliminar no es el juicio, sino el camino hacia la verdad.
Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y ex congresista, intentó frenar el avance de la investigación en su contra solicitando al Poder Judicial que la fiscalía le precisara con exactitud los cargos que le atribuía antes de que tuviera que declarar. Su argumento era claro: sin conocer los detalles, no podía preparar una defensa adecuada. El 4 de enero de 2022, la Tercera Sala de Apelaciones Nacional rechazó esa solicitud y confirmó lo que ya había decidido un juzgado de primera instancia.
El tribunal sostuvo que el Ministerio Público cuenta con una imputación mínima y razonable, y que la etapa preliminar de una investigación no exige el nivel de detalle que Galarreta reclamaba. Su propósito, señaló la sala, es precisamente determinar si los delitos ocurrieron, no presentar un inventario exhaustivo de acusaciones desde el inicio.
La investigación nació de una denuncia presentada por el ex juez Malson Urbina y su hija en julio de 2021. Según esa denuncia, un grupo de quince personas habría movilizado más de doce millones de soles —incluyendo fondos traídos desde un banco suizo— para asegurar que Keiko Fujimori llegara a la segunda vuelta electoral enfrentando al candidato más fácil de vencer. Los electores habrían recibido pagos de hasta 4,050 dólares por persona, condicionados a presentar fotografías de su voto como prueba. La causa también incluye cargos de falsificación de documentos.
Con el recurso de tutela de derechos rechazado, Galarreta deberá comparecer ante la fiscalía el 10 de enero sin el listado pormenorizado que su defensa exigía. La investigación continúa su curso, y la puerta que el secretario general de Fuerza Popular intentó cerrar permanece abierta.
Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, pidió al Poder Judicial que le especificara con precisión los cargos que el Ministerio Público le atribuía. El tribunal rechazó su solicitud. La decisión, emitida por la Tercera Sala de Apelaciones Nacional el 4 de enero de 2022, confirmó lo que ya había determinado un juzgado de primera instancia: que Galarreta debería enfrentar la investigación sin que la fiscalía tuviera que detallar cada acusación antes de que él compareciera a declarar.
La investigación contra Galarreta y otras catorce personas comenzó el 8 de julio de 2021, después de que el ex juez Malson Urbina y su hija presentaran una denuncia. Según esa denuncia, un grupo habría movilizado más de doce millones de soles durante las elecciones presidenciales de 2021 con un propósito específico: asegurar que Keiko Fujimori llegara a la segunda vuelta electoral enfrentándose contra un candidato que no pudiera vencerla. La acusación incluía que dinero proveniente de un banco suizo fue traído al país y distribuido entre electores después de que votaran por Fujimori, con pagos de hasta 4,050 dólares por persona, condicionados a que presentaran fotografías de su voto como comprobante.
Galarreta, quien fue congresista, argumentó que no podía preparar su defensa sin conocer los detalles exactos de lo que se le imputaba. Su abogado solicitó una tutela de derechos, un mecanismo legal para proteger garantías fundamentales, pidiendo que la fiscalía precisara todos los cargos antes de su declaración programada para el 10 de enero. El tribunal de primera instancia rechazó esa solicitud, y ahora la sala de apelaciones confirmó esa decisión.
En su resolución, el tribunal argumentó que el Ministerio Público ya contaba con una imputación mínima y razonable conforme a lo que el caso requería. El tribunal señaló que la precisión de cargos no es una cuestión de matemáticas ni de detalles extremados, sino que la investigación preliminar tiene como propósito determinar si los delitos realmente ocurrieron. Por eso, agregó, la fiscalía había dispuesto las diligencias necesarias, pertinentes y urgentes para esclarecer completamente los hechos.
La investigación también incluía acusaciones de falsificación de documentos. Galarreta tendría que comparecer ante la fiscalía sin que le hubieran entregado un listado pormenorizado de cada cargo, algo que su defensa consideraba una violación de su derecho a preparar una defensa adecuada. El rechazo judicial dejaba abierta la puerta para que la investigación continuara sin esa precisión previa, un resultado que favorecía a la fiscalía pero que Galarreta y su equipo legal veían como un obstáculo para su derecho de defensa.
Citas Notables
El Ministerio Público cuenta con una imputación mínima y razonable de acuerdo al caso concreto— Tercera Sala de Apelaciones Nacional
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