En Lima, el Poder Judicial ha trazado una frontera invisible alrededor de dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, impidiéndoles salir del país durante cinco meses mientras la justicia examina si el poder familiar se convirtió en instrumento de corrupción dentro del Ministerio de Transportes. El juez Manuel Chuyo encontró mérito suficiente en las acusaciones de colusión agravada y organización criminal para dictar la medida, señalando además que funcionarios del Ejecutivo habrían participado en los actos ilícitos. La investigación, alimentada en gran parte por el testimonio de la lobista Ka
Poder Judicial ordena cinco meses de impedimento de salida a sobrinos de Castillo
Los sobrinos se encuentran como no habidos
Mark
¿Por qué el juez considera que estos hechos revisten gravedad si aún están en etapa preliminar?
Mimi
Porque la fiscalía presentó diligencias preliminares que, según el juez, muestran apariencia delictiva. No es una condena, pero sí suficiente para justificar restricciones mientras continúa la investigación.
Luke
Pero hay un detalle importante: los sobrinos no fueron ubicados. ¿Cómo se ejecuta una orden de impedimento de salida si la persona no está en custodia y se desconoce su paradero?
Mark
¿Qué rol específico jugaron los sobrinos en la adjudicación de la obra?
Mimi
Eso aún no está claro en los documentos públicos. Lo que sabemos es que la fiscalía los vincula a una red de corrupción que incluye al presidente, empresarios y la lobbista Karelim López.
Luke
Exacto. El comunicado del juez dice que "habrían intervenido" funcionarios del Ejecutivo, pero no especifica quién hizo qué. Eso es atribución, no confirmación.
Mark
¿Qué importancia tiene que Karelim López se haya acogido a colaboración eficaz?
Mimi
Es fundamental. Su testimonio es probablemente la base de toda esta investigación. Sin su cooperación, el caso sería mucho más débil.
Luke
Pero también significa que el caso depende en gran medida de una sola fuente. ¿Hay corroboración de documentos, transferencias bancarias, comunicaciones? El comunicado no lo dice.
Le Pouls
- Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez están impedidos de salir del Perú, pero la policía aún no ha logrado ubicarlos, convirtiéndolos en fugitivos dentro de su propio país.
- El 29 de marzo, la fiscal Karla Zecenarro coordinó allanamientos y detenciones preliminares contra once presuntos participantes en el esquema de adjudicación irregular de una obra millonaria en Provías.
- La lobista Karelim López, ahora colaboradora eficaz, señala que el presidente, sus sobrinos y empresarios habrían formado una red organizada para cometer múltiples actos de corrupción en el Ministerio de Transportes.
- El juez advirtió que funcionarios de otras ramas del Ejecutivo también habrían intervenido, abriendo la posibilidad de que la investigación se expanda más allá del entorno presidencial.
- La audiencia sobre el empresario Zamir Villaverde, cuya restricción de salida aún no se ha resuelto, quedó programada para el 4 de abril, señal de que el caso sigue creciendo en alcance y complejidad.
En Lima, el Poder Judicial ha trazado una frontera invisible alrededor de dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, impidiéndoles salir del país durante cinco meses mientras la justicia examina si el poder familiar se convirtió en instrumento de corrupción dentro del Ministerio de Transportes. El juez Manuel Chuyo encontró mérito suficiente en las acusaciones de colusión agravada y organización criminal para dictar la medida, señalando además que funcionarios del Ejecutivo habrían participado en los actos ilícitos. La investigación, alimentada en gran parte por el testimonio de la lobista Karelim López, sugiere que las redes de corrupción pueden extenderse mucho más allá del círculo familiar inmediato.
El Segundo Juzgado Especializado en Investigaciones de Corrupción de Lima dictó el 29 de marzo un impedimento de salida de cinco meses contra Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en Provías, agencia de carreteras del Ministerio de Transportes. El juez Manuel Chuyo consideró que los hechos denunciados revisten gravedad suficiente y que funcionarios del Poder Ejecutivo habrían participado en conductas ilícitas.
La medida se emitió el mismo día en que la fiscal Karla Zecenarro dirigió operativos de allanamiento y detención preliminar contra once presuntos involucrados en la adjudicación irregular de un contrato de infraestructura a un consorcio vinculado a la lobista Karelim López. La restricción alcanza también a otras ocho personas investigadas por cargos de colusión agravada y organización criminal.
La investigación se apoya en buena medida en el testimonio de la propia Karelim López, quien firmó un acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades. Según su versión, el presidente, sus sobrinos y diversos empresarios habrían conformado una red organizada para cometer actos de corrupción dentro del ministerio. Hasta ahora, los dos sobrinos no han sido ubicados por la policía y permanecen como no habidos.
En paralelo, la situación del empresario Zamir Villaverde permanece sin resolver: su defensa solicitó más tiempo para revisar el expediente, y la audiencia correspondiente fue reprogramada para el 4 de abril. El avance pausado pero sostenido del caso sugiere que los fiscales continúan construyendo una imputación que podría alcanzar capas cada vez más altas del poder.
A Lima court has imposed a five-month travel ban on two nephews of President Pedro Castillo as part of an expanding corruption investigation centered on irregularities at Provías, a highways agency within the Transportation Ministry. Fray Vásquez Castillo and Gian Marco Castillo Gómez are now barred from leaving Peru while authorities examine their alleged involvement in what prosecutors describe as the improper award of a major infrastructure contract to a consortium with ties to lobbyist Karelim López.
The Second Specialized Court for Corruption Investigations of the Superior Court of Justice in Lima issued the restriction on March 29, the same day that prosecutor Karla Zecenarro led raids and preliminary detention operations against eleven suspected participants in the scheme. Judge Manuel Chuyo, who signed the order, found that the facts alleged by the prosecution carried sufficient weight and appeared to constitute crimes, noting in his written decision that officials from other branches of the executive branch seemed to have participated in the illegal conduct.
The two nephews have not been located by police and remain at large. The court's order extends to eight other individuals under investigation for aggravated collusion and criminal organization charges brought in the name of the state. The investigation appears to rest substantially on testimony from Karelim López herself, the businesswoman and lobbyist who has entered into a cooperation agreement with authorities. According to her account, the president, his nephews, and various business figures formed an organized network to commit multiple acts of corruption within the Transportation Ministry.
A separate question about whether to restrict the travel of businessman Zamir Villaverde remains unresolved. His legal team requested additional time to review the case file, and a hearing on that matter is scheduled for April 4 at 10 a.m. The delay suggests the investigation continues to expand and that prosecutors are still building their case against multiple layers of alleged participants.
The five-month window gives investigators time to gather evidence and determine whether charges should be formally filed. For now, the two nephews are fugitives within their own country—unable to leave but also not yet in custody. The court's language about executive branch involvement signals that the scope of the inquiry may extend well beyond the immediate family circle.
Citations marquantes
Constituirían hechos que revisten apariencia delictiva y se encontrarían debidamente sustentados a nivel de diligencias preliminares— Juez Manuel Chuyo
Desde otras instancias del Poder Ejecutivo habrían intervenido en la comisión de hechos ilícitos— Juez Manuel Chuyo
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