En el Perú, donde la corrupción ha erosionado la confianza pública durante décadas, un juzgado ha ordenado el encarcelamiento preventivo de cuatro personas acusadas de tejer una red de sobornos millonarios alrededor del Fondo MiVivienda durante el gobierno de Pedro Castillo. La decisión del juez Raúl Justiniano —treinta meses de prisión para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y dos exfuncionarios— recuerda que el poder mal ejercido deja rastros, y que las instituciones, aunque lentas, pueden responder. Este caso no es solo el de cuatro individuos: es el reflejo de un s
Poder Judicial ordena 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini
Dinero ilícito funcionó como caja chica de una organización criminal
Mark
¿Por qué un periodista está siendo acusado de colusión? Eso parece inusual.
Mimi
Mauricio Fernandini aparentemente estuvo involucrado en la trama de sobornos, no simplemente reportando sobre ella. La Fiscalía lo vincula directamente con los pagos ilícitos.
Luke
Pero el material de origen no especifica cuál era exactamente su rol. Sabemos que fue acusado, sabemos que está en prisión preventiva, pero no tenemos detalles sobre qué hizo específicamente.
Mark
¿Y los 5,4 millones de dólares? ¿Eso es confirmado o es la estimación de la Fiscalía?
Mimi
Es lo que la Fiscalía sostiene en su investigación. Ese es el monto que acusan a Goray de haber entregado como sobornos.
Luke
Exacto. Es la acusación fiscal, no un hecho establecido. El juez ordenó la prisión preventiva basándose en que hay elementos graves, pero eso no significa que los cargos estén probados.
Mark
¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso?
Mimi
Continuará la investigación. Estos treinta meses de prisión preventiva mantienen a los acusados en detención mientras se desarrolla el caso.
Luke
Y es importante notar que la prisión preventiva no es una condena. Es una medida cautelar. El juicio aún está por venir.
Le Pouls
- Una trama de sobornos por más de 5,4 millones de dólares habría convertido al Fondo MiVivienda en una caja de beneficios privados durante la gestión de Castillo.
- La red no se limitaba a una sola entidad: los pagos ilícitos habrían alcanzado también a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y fluido hacia el exministro Geiner Alvarado y su exasesor Salatiel Marrufo.
- Tras dos semanas de argumentos fiscales, el juez Justiniano determinó que los cuatro acusados representan un riesgo real de fuga e interferencia con la investigación en curso.
- La audiencia de casi seis horas concluyó con los cuatro imputados presentes en sala escuchando su condena preventiva de treinta meses.
- El caso avanza como parte de las investigaciones del Equipo Especial anticorrupción, apuntando a una organización criminal que habría tenido al expresidente Castillo en su cúspide.
En el Perú, donde la corrupción ha erosionado la confianza pública durante décadas, un juzgado ha ordenado el encarcelamiento preventivo de cuatro personas acusadas de tejer una red de sobornos millonarios alrededor del Fondo MiVivienda durante el gobierno de Pedro Castillo. La decisión del juez Raúl Justiniano —treinta meses de prisión para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y dos exfuncionarios— recuerda que el poder mal ejercido deja rastros, y que las instituciones, aunque lentas, pueden responder. Este caso no es solo el de cuatro individuos: es el reflejo de un sistema en el que el dinero buscó comprar voluntades dentro del propio Estado.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó treinta meses de prisión preventiva contra cuatro personas acusadas de corrupción vinculada al Fondo MiVivienda durante el gobierno de Pedro Castillo. El juez Raúl Justiniano ordenó el encarcelamiento de la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, el expresidente del fondo Pedro Arroyo Marquina y el exdirector Roger Gavidia, luego de que la Fiscalía expusiera su caso durante dos semanas.
El eje de la acusación es la presunta colusión agravada: según el Ministerio Público, Goray habría entregado alrededor de 5,4 millones de dólares en sobornos para colocar personas de su confianza en posiciones clave dentro del Fondo MiVivienda y así asegurar contratos estatales para su empresa, Marka Group. La corrupción se habría extendido también a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con fondos canalizados hacia el exministro de Vivienda Geiner Alvarado y su exasesor Salatiel Marrufo.
Arroyo Marquina y Gavidia habrían facilitado el acceso de Goray a los mecanismos de decisión de la institución. Los cuatro acusados estuvieron presentes durante la audiencia de casi seis horas en que el juez leyó su resolución. El tribunal consideró que se cumplían todos los requisitos del Código Procesal Penal: indicios graves de responsabilidad, penas potenciales superiores a cuatro años y riesgo significativo de fuga e interferencia con la investigación.
Un juzgado peruano ordenó el encarcelamiento preventivo de cuatro personas acusadas de corrupción vinculada a la administración del Fondo MiVivienda durante el gobierno de Pedro Castillo. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, bajo la dirección del juez Raúl Justiniano, dictaminó treinta meses de prisión preventiva para la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia. La decisión llegó después de que la Fiscalía presentara su caso durante dos semanas, con argumentos expuestos por el fiscal Freddy Niño Torres del Equipo Especial de lucha contra la corrupción en el poder.
La acusación central gira en torno a presunta colusión agravada y otros delitos relacionados con un esquema de sobornos. Según la investigación del Ministerio Público, Sada Goray entregó aproximadamente 5,4 millones de dólares en pagos ilícitos, más otros 21 dólares adicionales, con el propósito de asegurar que personas de su confianza ocuparan posiciones estratégicas dentro del Fondo MiVivienda. El objetivo final era que su empresa, Marka Group, obtuviera contratos y proyectos estatales beneficiosos.
La trama de corrupción se extendía más allá de una sola institución. Los sobornos también buscaban influir en designaciones dentro de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y otras dependencias públicas. Según la Fiscalía, estos fondos ilícitos fueron canalizados hacia el exministro de Vivienda Geiner Alvarado y su exasesor Salatiel Marrufo. Los investigadores sostienen que el dinero funcionó como una caja chica para una organización criminal que habría sido liderada por el expresidente Castillo.
Arroyo Marquina, quien se desempeñaba como expresidente del Fondo MiVivienda, y Gavidia, exdirector de la misma institución, también enfrentan cargos en el caso. Su participación presuntamente facilitó el acceso de Goray a los mecanismos de decisión dentro de la entidad. Los cuatro acusados estuvieron presentes en la sala cuando el juez Justiniano leyó su sentencia, una audiencia que se extendió casi seis horas.
El tribunal concluyó que los cuatro casos cumplían con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal para imponer medidas de prisión preventiva. El juez determinó que existían elementos graves que vinculaban a los acusados con los hechos investigados, que la pena potencial superaba los cuatro años de cárcel, y que existía riesgo significativo de fuga e interferencia con la investigación en curso. La decisión fue comunicada a través de los canales institucionales del Poder Judicial una vez concluida la audiencia.
Citations marquantes
El magistrado concluyó que los cuatro casos cumplen los requisitos que exige el Código Procesal Penal para imponer la medida: graves elementos que los vinculan con los hechos, la pena a imponer sería mayor a cuatro años y existe el peligro de fuga y obstaculización de la investigación— Poder Judicial
Envie de l'histoire complète ?
Lire l'original sur Diario Correo ↗
World & Diplomacy