En el Perú de 2021, donde la corrupción judicial dejó huellas profundas, un empresario textil llamado Mario Mendoza Díaz fue impedido de salir del país por dieciocho meses, acusado de haber comprado favores dentro del sistema para ganar un contrato público. Detrás de los números —casi siete millones de soles, casi cien mil kits de abrigo— hay una historia más antigua y más triste: la de recursos destinados a los más vulnerables que nunca llegaron a sus manos. El caso se inscribe en el largo proceso de desmantelamiento de Los Cuellos Blancos del Puerto, la red de magistrados corruptos que demos
Poder Judicial ordena 18 meses de impedimento de salida para empresario textil en caso Cuellos Blancos
La población vulnerable del sur del país no recibió los 99,910 kits de abrigo destinados a enfrentar el friaje, afectando a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Los kits nunca llegaron a quienes los necesitaban
Mark
¿Por qué importa este caso específico si ya sabemos que Los Cuellos Blancos del Puerto fue una red de corrupción?
Mimi
Porque muestra cómo funcionaba en la práctica. No es solo que existiera una red de jueces corruptos. Es que empresarios como Mendoza Díaz sabían cómo usarla, sabían a quién contactar, sabían que podían ganar licitaciones públicas si tenían las conexiones correctas.
Luke
Pero espera. ¿Tenemos pruebas de que Mendoza Díaz realmente contactó a los jueces? ¿O es la tesis fiscal basada en que él ganó la licitación y que Los Cuellos Blancos existían?
Mimi
La fiscalía dice que se valió de sus vínculos. Eso está en el expediente. Pero tienes razón en que la prueba directa de esa conexión es lo que el juicio tendrá que establecer.
Mark
¿Y los kits de abrigo? ¿Qué pasó con ellos?
Mimi
Desaparecieron. Casi cien mil kits que debían ir a gente pobre en el sur durante el friaje. El dinero se pagó, pero la ropa nunca llegó.
Luke
¿Eso está probado o es lo que la fiscalía alega que pasó?
Mimi
Es lo que la investigación fiscal sostiene. Aún no hay sentencia. Pero si es cierto, significa que gente vulnerable pasó frío mientras el dinero destinado para ellos se desviaba.
Mark
¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión si lo condenan?
Mimi
Eso dependerá del juicio. Por ahora solo tiene prohibición de salida del país y debe pagar caución. La condena, si llega, vendrá después.
Luke
¿Y los funcionarios públicos que supuestamente facilitaron esto? ¿Qué pasa con ellos?
Mimi
Están bajo investigación también. Lermo Rengifo, que trabajaba en el ministerio, y Jhong Guerrero, que dirigía una oficina allí. La fiscalía dice que actuaron por encargo de la organización criminal.
Mark
Entonces esto es más grande que un empresario tratando de ganar un contrato.
Mimi
Exacto. Es el sistema mismo siendo usado para robar dinero que era para gente pobre.
Le Pouls
- El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida contra Mario Mendoza Díaz, señal de que la fiscalía considera real el riesgo de fuga ante cargos de colusión agravada.
- La acusación revela que una licitación de S/ 6.9 millones para fabricar kits de abrigo habría sido manipulada desde adentro, con magistrados corruptos como palanca.
- Casi 100,000 familias vulnerables del sur del país esperaron buzos, medias y frazadas que nunca llegaron, convirtiendo el fraude en un daño humano concreto y medible.
- Seis investigados más —incluyendo un exfuncionario del Ministerio de la Mujer— enfrentan cargos, lo que sugiere una trama con ramificaciones dentro del propio Estado.
- Todos los implicados permanecen bajo comparecencia restringida y deben pagar cauciones económicas mientras la investigación avanza hacia fases más decisivas.
En el Perú de 2021, donde la corrupción judicial dejó huellas profundas, un empresario textil llamado Mario Mendoza Díaz fue impedido de salir del país por dieciocho meses, acusado de haber comprado favores dentro del sistema para ganar un contrato público. Detrás de los números —casi siete millones de soles, casi cien mil kits de abrigo— hay una historia más antigua y más triste: la de recursos destinados a los más vulnerables que nunca llegaron a sus manos. El caso se inscribe en el largo proceso de desmantelamiento de Los Cuellos Blancos del Puerto, la red de magistrados corruptos que demostró cuán profundo puede calar la podredumbre institucional cuando nadie la detiene a tiempo.
A finales de octubre de 2021, el Poder Judicial peruano prohibió al empresario textil Mario Mendoza Díaz abandonar el país durante dieciocho meses. La medida, solicitada por la fiscalía especializada contra el crimen organizado del Callao, responde a una acusación de colusión agravada: Mendoza Díaz habría utilizado sus conexiones con Los Cuellos Blancos del Puerto —la red criminal de magistrados que operó dentro del sistema judicial peruano— para que su empresa, Alpaca Color S.A.C., obtuviera un contrato millonario con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 2018.
El contrato, valorado en más de seis millones novecientos mil soles, tenía un propósito concreto y urgente: fabricar cerca de cien mil kits de abrigo —buzos, medias, frazadas— para proteger a poblaciones en situación de pobreza durante el friaje en el sur del país. Según la investigación fiscal, esas prendas nunca llegaron a quienes las necesitaban. El dinero se movió, los documentos se firmaron, pero los ciudadanos vulnerables quedaron sin el abrigo prometido.
Mendoza Díaz no enfrenta el proceso solo. Otras seis personas están siendo investigadas por el mismo delito, entre ellas Ernesto Lermo Rengifo, exfuncionario del ministerio, y María Isabel Jhong Guerrero, quien dirigía la Oficina de Defensa Nacional de esa cartera. Todos permanecen bajo comparecencia restringida y han debido pagar cauciones económicas que van desde los ochenta mil hasta los ciento cincuenta mil soles.
El fiscal Jeans Velazco Hidalgo sostuvo ante el juez que no se trata de un acto aislado de corrupción entre privados y funcionarios, sino de una operación articulada por una organización criminal que usaba el poder judicial como herramienta de beneficio propio. El caso sigue abierto, en sus fases iniciales, y lo que ocurra en los próximos meses definirá si la acusación se sostiene o si la defensa logra desarticular los cargos.
A un empresario textil le han prohibido salir del país por dieciocho meses. Mario Mendoza Díaz enfrenta investigación por colusión agravada, acusado de haber aprovechado conexiones con una red de jueces corruptos para que su compañía ganara un contrato público. El Poder Judicial dictó la medida a solicitud del Ministerio Público a finales de octubre de 2021.
La acusación es específica. Según la fiscalía, Mendoza Díaz utilizó sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto —la organización criminal de magistrados que operó en el sistema judicial peruano— para que su empresa, Alpaca Color S.A.C., obtuviera una licitación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 2018. El contrato valía seis millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos doce soles. Su propósito era fabricar casi cien mil kits de abrigo: buzos, medias y frazadas destinados a proteger a poblaciones vulnerables del sur del país durante la temporada de friaje.
Nunca llegaron. Eso es lo que sostiene la investigación fiscal. Los kits que debían distribuirse entre ciudadanos en situación de pobreza desaparecieron en el proceso. El dinero se movió, los contratos se firmaron, pero la población que necesitaba esas prendas no las recibió. Es un caso de corrupción que toca dos cosas a la vez: el robo de recursos públicos y el daño a personas que dependían de esa ayuda.
Mendoza Díaz no está solo en la investigación. Seis personas más enfrentan cargos por el mismo delito. Entre ellas está Paola Mendoza Serrano y Ernesto Lermo Rengifo, quien fue funcionario del Ministerio de la Mujer. También están María Isabel Jhong Guerrero, quien dirigía la Oficina de Defensa Nacional del ministerio, y Luis López Ríos y Gloria Bautista Inga. Todos continúan bajo comparecencia restringida mientras avanza la investigación.
El fiscal Jeans Velazco Hidalgo, del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el crimen organizado del Callao, presentó el caso ante el Poder Judicial el treinta de octubre. Su argumento fue claro: esto no era solo un acto de colusión entre privados y funcionarios. Era parte del funcionamiento de una organización criminal estructurada, Los Cuellos Blancos del Puerto, que operaba desde adentro del sistema judicial para beneficiar a empresarios a cambio de favores.
Las medidas impuestas reflejan la seriedad de la acusación. Mendoza Díaz debe pagar una caución de ciento cincuenta mil soles. Lermo Rengifo y Paola Mendoza Serrano deben pagar ochenta mil soles cada uno. Además del impedimento de salida, todos quedan bajo vigilancia mientras la fiscalía continúa recopilando pruebas. El caso sigue abierto, y la investigación apenas está en sus fases iniciales. Lo que suceda en los próximos meses determinará si estos cargos se sostienen en juicio o si la defensa logra desmontar la acusación.
Citations marquantes
Es indispensable conocer si bien es un hecho de colusión agravada, este se habría suscitado en el marco del funcionamiento de la presunta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto— Fiscal Jeans Velazco Hidalgo
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