Poder Judicial ordena 18 meses de impedimento de salida para Alberto Fujimori por caso Pativilca

Un juzgado peruano ordenó el jueves que Alberto Fujimori no pueda abandonar el país durante dieciocho meses, una medida cautelar que la Fiscalía solicitó mientras avanza la investigación por la masacre de Pativilca, donde seis hombres fueron secuestrados, torturados y asesinados en 1991. La Cuarta Sala Penal Especializada, presidida por la jueza Miluska Cano, acogió el pedido del Ministerio Público en una audiencia que debió reprogramarse después de que la defensa del expresidente argumentara que había recibido notificación de la solicitud fiscal apenas la noche anterior.

La audiencia se reanudó pasadas las tres de la tarde. En ella participaron representantes de la Fiscalía, abogados de la defensa de Fujimori —entre ellos César Nakazaki y Adolfo Pinedo— y Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos que representa a los familiares de las víctimas. Los abogados defensores argumentaron que no existe riesgo de que el expresidente intente huir del país. Nakazaki señaló que una vez que Fujimori recupere su libertad, permanecerá en Perú con su familia y continuará su tratamiento médico. "Como hemos indicado, cuando recupere su libertad, va a estar con su familia, continuar su tratamiento médico y morir en el país", aseveró ante la prensa.

El caso Pativilca tiene raíces profundas en la historia judicial peruana. La investigación comenzó en 2012, pero Fujimori no fue incluido como acusado hasta junio de 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió agregarlo a la extradición que había concedido una década antes. Los hechos ocurrieron en el municipio de Pativilca, a 183 kilómetros al norte de Lima, donde fueron encontrados los cuerpos de seis hombres de entre diecisiete y treinta y ocho años con signos de violencia y disparos en la cabeza. La Fiscalía acusa a Fujimori de ser autor mediato —es decir, de tener dominio del hecho— en el secuestro, tortura y asesinato de estas personas, y solicita una condena de veinticinco años de prisión.

Los crímenes fueron perpetrados por el grupo Colina, la misma unidad militar que ejecutó las masacres de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, donde murieron veinticinco personas. Fujimori ya fue condenado en 2009 a veinticinco años de cárcel por esos dos casos. Sin embargo, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto el veinticuatro de diciembre de 2017. La Corte Suprema anuló ese indulto en 2018, pero la semana pasada el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso que lo restauraba, revirtiendo la decisión de hace cuatro años.

Esta orden de impedimento de salida llega en un momento crítico para Fujimori. El Tribunal Constitucional se prepara para publicar la sentencia que formalizará la restauración del indulto, una decisión que ha generado controversia porque la Fiscalía investiga si el indulto original fue resultado de una negociación entre Kuczynski y Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien era congresista en ese momento. Según la Fiscalía, el acuerdo habría incluido que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario. La medida cautelar de dieciocho meses mantiene a Fujimori vinculado al proceso judicial mientras estas cuestiones fundamentales se resuelven.