Poder Judicial impide salida del país a tres ex miembros del CNM por 36 meses

Tres ex consejeros quedan confinados al país por tres años
El Poder Judicial impone restricción de salida mientras investiga su presunta participación en una organización criminal.
Mark

¿Por qué el Poder Judicial decide ahora, en diciembre, impedir que salgan del país? ¿Hay algo que cambió en la investigación?

Mimi

El impedimento de salida es una medida cautelar estándar cuando hay investigación por delitos graves. En este caso, organización criminal es serio. Probablemente se dictó cuando el juzgado consideró que había suficiente evidencia para justificar la restricción.

Luke

Pero el material no dice cuándo se dictó exactamente ni qué evidencia nueva la motivó. Solo dice que fue informado el 23 de diciembre. Podría haber sido semanas antes.

Mark

Entiendo. ¿Y Aguila en particular? Parece que tiene más problemas que los otros dos.

Mimi

Sí. Además de la investigación por organización criminal, enfrenta una denuncia constitucional específica por tráfico de influencias. El Congreso ya aprobó acusarlo formalmente.

Luke

Aunque vale notar que la denuncia es de 2018, según el material. Pasaron años antes de que el Congreso la aprobara en abril de 2021. No sabemos por qué tardó tanto.

Mark

¿Qué significa exactamente que intercedió por Pedro Morales?

Mimi

Que usó su cargo en el CNM para influir en un proceso judicial a favor de alguien que estaba siendo investigado. Es abuso de poder.

Luke

Pero el material no dice qué pasó después con Morales, ni si la intercesión fue exitosa, ni qué evidencia prueba que Aguila actuó. Solo dice que la Fiscalía alega que sucedió.

Mark

¿Y los otros dos, Noguera y Velásquez? ¿Qué hicieron?

Mimi

El material no especifica sus acusaciones individuales. Solo dice que están siendo investigados por organización criminal en el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Luke

Exacto. Sabemos que están bajo investigación, pero no qué se les acusa específicamente. Eso es un vacío importante en la información.

  • El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó el 23 de diciembre una restricción de 36 meses que impide a tres ex consejeros del CNM salir del territorio peruano.
  • Los tres investigados —Aguila, Noguera y Velásquez— no enfrentan cargos aislados, sino la acusación de haber operado dentro de una organización criminal que penetró las instituciones judiciales del país.
  • El caso arrastra además una denuncia constitucional contra Aguila por tráfico de influencias: en 2018 habría usado su cargo para interceder ante funcionarios en favor de un ciudadano investigado por colusión agravada.
  • La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya aprobó con catorce votos el informe que recomienda acusarlo formalmente, y el expediente avanza hacia la Comisión Permanente.
  • El impedimento de salida busca garantizar que los investigados permanezcan disponibles para el proceso penal mientras las autoridades desenredan la magnitud real del esquema corrupto.

En vísperas de Navidad, el Poder Judicial peruano trazó una línea entre la impunidad y la rendición de cuentas al prohibir a tres ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura abandonar el país durante tres años. Guido Aguila, Iván Noguera y Orlando Velásquez, figuras que alguna vez custodiaron la integridad del sistema judicial, enfrentan ahora la sospecha de haber sido parte de él como instrumento de corrupción organizada. El caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' no es solo un escándalo; es el espejo incómodo de lo que ocurre cuando quienes deben guardar la justicia se convierten en sus primeros transgresores.

El 23 de diciembre, el Poder Judicial peruano ordenó que Guido Aguila, Iván Noguera y Orlando Velásquez —tres ex consejeros del ya disuelto Consejo Nacional de la Magistratura— no podrán salir del país durante los próximos tres años. La medida, dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, los mantiene bajo el alcance de la justicia mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en una organización criminal vinculada al caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', uno de los escándalos de corrupción judicial más graves de la historia reciente del Perú.

El impedimento de salida no es la única presión que recae sobre estos hombres. Aguila enfrenta además una denuncia constitucional por tráfico de influencias y patrocinio ilegal, presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Las acusaciones señalan que en 2018, siendo aún miembro del CNM, Aguila habría intercedido ante funcionarios públicos en favor de Pedro Morales, un ciudadano investigado en ese momento por presunta colusión agravada ante la fiscal adjunta María Del Pilar Paredes Padilla.

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con catorce votos a favor un informe final que recomienda acusarlo formalmente. Ese expediente será ahora remitido a la Comisión Permanente para su sustentación, abriendo la puerta a un posible juicio político. Lo que emerge del conjunto de estas acciones judiciales y parlamentarias es la imagen de un esquema que, según las autoridades, no fue obra de individuos aislados, sino de una red coordinada que operó desde adentro del sistema que debía proteger.

El Poder Judicial ordenó el 23 de diciembre que tres ex consejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura no podrán abandonar el país durante los próximos tres años. La medida afecta a Guido Aguila, Iván Noguera y Orlando Velásquez, quienes están siendo investigados por su presunta participación en una organización criminal vinculada al caso conocido como 'Los Cuellos Blancos del Puerto', uno de los mayores escándalos de corrupción judicial que ha sacudido al sistema peruano en años recientes.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitió la resolución que les prohíbe salir del territorio nacional. La medida restrictiva es parte de un proceso más amplio en el que estos tres hombres enfrentan múltiples acusaciones relacionadas con lo que las autoridades describen como actividades delictivas organizadas. El impedimento de salida es una herramienta judicial común para asegurar que los investigados permanezcan disponibles para el proceso penal y no intenten evadir la justicia.

Este caso tiene raíces que se remontan a investigaciones anteriores. En abril de 2021, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con catorce votos a favor un informe final que recomienda acusar formalmente a Aguila por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La denuncia constitucional fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y se basa en alegaciones de que en 2018 Aguila intercedió ante funcionarios públicos en favor de Pedro Morales, un ciudadano que en ese momento estaba siendo investigado por presunta colusión agravada.

Según los registros de la Fiscalía de la Nación, la investigación contra Morales estaba a cargo de la fiscal adjunta provincial María Del Pilar Paredes Padilla. La acusación contra Aguila sostiene que utilizó su posición como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para influir indebidamente en procesos judiciales en beneficio de terceros. Este tipo de conducta representa una violación grave de la confianza pública y de los principios de independencia judicial que deben caracterizar a cualquier sistema de justicia.

El informe aprobado por la subcomisión ahora será enviado a la Comisión Permanente del Congreso para que sea sustentado formalmente. Este paso abre el camino hacia un posible juicio político contra Aguila en su calidad de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. Mientras tanto, el impedimento de salida mantiene a los tres ex miembros del CNM dentro del país mientras avanzan las investigaciones por organización criminal, una acusación que sugiere que sus acciones no fueron aisladas sino parte de un esquema coordinado de corrupción judicial.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dicta impedimento de salida del país por 36 meses contra los exmiembros del CNM Guido Aguila, Iván Noguera y Orlando Velásquez, investigados por el delito de organización criminal y otros
— Poder Judicial del Perú
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