Pocos se escapan del hambre en Cabo Delgado: conflicto, clima y pobreza disparan la inseguridad alimentaria

En Mueda, uno de los distritos más golpeados de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, llegan familias que han caminado durante días comiendo lo que encontraban: plantas, verduras, algún animal cazado por el camino. Paulo Milanesio, coordinador de Médicos sin Fronteras (MSF) allí, explicó en una conferencia que suelen llegar en un estado deplorable. Con frecuencia son personas mayores con desnutrición y anemia.

Su descripción encaja con las cifras de un informe reciente de Ayuda en Acción y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), titulado Emergencia en Cabo Delgado. Mozambique: Conflicto armado y desplazamiento forzado como motores de la inseguridad alimentaria. Más del 70% de la población de la provincia sufre una situación alimentaria que el estudio califica de inaceptable. Entre los migrantes, la tasa asciende al 90%. Muy pocos se libran del hambre.

El contexto pesa. Antes de la pandemia, Mozambique ocupaba el puesto 181 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano, y más del 41% de sus habitantes vive bajo la línea de la pobreza. El conflicto armado que estalló en 2017 ha dejado 3.000 muertos y ha provocado un desplazamiento interno sin precedentes: más de 1,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente solo en las provincias del norte. Cabo Delgado, fronteriza con Tanzania, tiene 2,3 millones de habitantes, una esperanza de vida casi diez años inferior a la media nacional, una administración frágil y una juventud que solo piensa en emigrar. A ello se suman la influencia del extremismo yihadista y los intereses económicos en torno a sus recursos minerales y gasísticos.

Los niños son los primeros afectados. Antes de la covid, el 53% de los menores de cinco años de la provincia sufría retraso en el crecimiento, frente al 43% de media nacional. Según los autores, en Cabo Delgado, Niassa y Nampula hay más de 900.000 personas en situación crítica, y 227.000 de ellas necesitan ayuda inminente para sobrevivir. Beatriz Abellán, investigadora del IECAH y coautora del estudio, dice que preocupa que esta realidad se cronifique.

La dieta y el campo explican parte del problema. Los hogares viven de la agricultura y ganadería de subsistencia, la pesca artesanal, el pequeño comercio y la explotación forestal. El maíz y la yuca, y el arroz en zonas fluviales, son las cosechas principales y la base de la comida diaria, pero aportan poco valor nutritivo. Abellán señala que no son zonas de mucha fruta o verdura y que resulta difícil introducir alimentos que nunca se han comido. Los más pobres tienen parcelas demasiado pequeñas y poca capacidad para almacenar grano o diversificar cultivos. A eso se añade la vulnerabilidad climática de Mozambique, que puede arruinar terrenos de repente.

Uno de los datos que más inquietan a Abellán es que las cifras empeoran cuanto más tiempo lleva una familia desplazada: quienes dejaron su casa hace meses, o años, no han mejorado. Tanto locales como migrantes recurren a las mismas estrategias: los adultos comen menos para que coman los niños, se reducen las porciones y se sustituyen comidas por otras más baratas. El informe advierte de que erosionan la capacidad futura de obtener alimento y ponen en riesgo la salud y los medios de vida. Alberto Casado, director de incidencia de Ayuda en Acción, afirmó que la violencia y el hambre se refuerzan mutuamente, y recordó que el hambre ha aumentado en 10 países desde 2012, lo que inquieta de cara al segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible, que busca erradicarla en ocho años.

La respuesta, según el informe, no alcanza. A principios de junio, las organizaciones humanitarias habían asistido a más de 710.000 personas en las tres provincias en riesgo, frente a los 1,1 millones que necesitan algún tipo de ayuda. Abellán describe la ayuda como puntual, de emergencia y cortoplacista, basada en un blanket approach, es decir, un reparto global de alimentos sin atender a cada situación. Pide distribución focalizada, más fondos y que las propias comunidades lideren la respuesta y reciban el dinero, para evitar la dependencia. Para ella, ya no es tiempo de asistencialismo.