En agosto de 2026, un operativo policial en una tienda del centro de Lima destinado a combatir el comercio de tecnología de procedencia extranjera derivó en una disputa de versiones que pone en tensión la legitimidad institucional y los derechos individuales. La Policía Nacional sostiene que actuó conforme a la ley aduanera; el empresario afirma que sus pertenencias personales fueron sustraídas y luego localizadas fuera de dependencias oficiales. Entre ambas narrativas, la Inspectoría General asume ahora el papel que la historia siempre reserva para estos momentos: determinar dónde termina el