Plus Ultra pide tres meses de preconcurso con 53 millones del rescate público aún sin resolver

Plus Ultra ha acudido al Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid para conseguir lo que más necesita ahora: tiempo. El preconcurso le da tres meses iniciales para negociar con sus acreedores, ampliables otros tres si se cumplen los requisitos legales y el juzgado lo autoriza. El plazo inicial llegaría aproximadamente hasta febrero de 2027, y la prórroga, hasta mayo. Mientras tanto, la aerolínea sigue con 53 millones de euros del rescate público de la SEPI sin resolver.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones citadas por Vozpópuli, la negociación con la SEPI llegó a estar encarrilada a principios de año, pero no se cerró. La volatilidad del precio del combustible impedía fijar previsiones financieras estables. La compañía pidió dos años adicionales para devolver los primeros 19 millones, cuyo vencimiento estaba fijado para marzo de 2026. Ese acuerdo sigue pendiente de formalizar.

Desde entonces, el panorama ha empeorado. Las posibles operaciones con Iberojet y con la venezolana Laser Airlines, que podían aportar financiación privada, se frustraron por la controversia judicial que rodea a la aerolínea. Plus Ultra prepara ahora una reestructuración profunda que incluye despidos, suspensiones temporales de empleo y el cierre de sus conexiones con Lima y Buenos Aires, con el fin de reducir costes al mínimo y conservar las actividades rentables.

Los números que la empresa ha trasladado a los representantes de los trabajadores explican la urgencia. Calcula un gasto en combustible de 104,83 millones de euros en 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados: 35,7 millones más, un 51,6% de desviación. Entre febrero y agosto, el resultado operativo acumuló pérdidas de 31,08 millones. La dirección plantea reducir más del 61% de las horas comerciales de vuelo regular y concentrarse en Venezuela, donde el combustible más barato permite mantener la rentabilidad, y en los contratos ACMI de alquiler de aviones a otras aerolíneas.

El calendario político añade otra dificultad. Las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por Sánchez en octubre, darían paso a la constitución de las nuevas Cortes el 23 de diciembre y luego a la formación de Gobierno. Las fuentes estiman que una eventual renovación de los responsables de la SEPI podría retrasar hasta febrero o marzo de 2027 las decisiones sobre la devolución. Otras fuentes cercanas a la compañía dudan de que la SEPI decida nada antes de los comicios.

Hay precedentes que Plus Ultra sigue de cerca. En abril, el Gobierno autorizó cambios en la financiación pública de Aestes Dental (antigua Vivanta), Imasa y Vicinay Marine, con ampliaciones de plazo y conversión de préstamos participativos en ordinarios, y aprobó reestructurar la deuda de Duro Felguera, con vencimientos hasta 2035. Pero el preconcurso no resuelve por sí solo la deuda pública: los préstamos del FASEE son créditos de derecho público con un régimen especial en los procedimientos concursales y preconcursales, y la presentación no implica prórroga ni quita automática. Hace falta una negociación específica con la SEPI.

La compañía ha pagado cerca de 12 millones de euros en intereses, pero no ha devuelto el principal. Tiene pignorado el 51% de su capital como garantía, lo que permitiría al Estado plantearse ejecutarlo si hubiera incumplimiento. El nuevo Ejecutivo tendrá que elegir entre flexibilizar otra vez las condiciones o afrontar una insolvencia más grave que complique recuperar los fondos.

El rescate nació rodeado de polémica. Vozpópuli informó el 10 de marzo de 2021, un día después de la autorización de los 53 millones, de que la empresa nunca había dado beneficios y tenía vínculos con empresarios venezolanos relacionados con el chavismo, entre ellos Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli, a través de Snip Aviation. Mensajes intervenidos por las autoridades estadounidenses en una investigación por blanqueo a Reyes, dueño de facto hasta finales de 2025, revelaron contactos con Ramón Gordils, entonces viceministro de Maduro, para buscar acceso a Zapatero y facilitar las ayudas.

Ante la Audiencia Nacional, el expresidente Julio Martínez Sola y el exconsejero delegado Roberto Roselli admitieron que la aerolínea pagó unos 530.000 euros, el 1% del rescate, a tres sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, investigado como presunto intermediario de Zapatero. Dijeron que lo contrataron porque creían que tenía relación directa con el expresidente, y que desconocen sus gestiones concretas. Zapatero niega haber influido en el rescate o haber recibido pagos. La investigación precipitó la salida de ambos directivos; antes, la compañía había denunciado en Venezuela a Reyes y El Arigie por presunto desvío de más de un millón de euros, hechos aún pendientes de esclarecimiento judicial.

También está investigado el financiero suizo-neerlandés Simon Leendert Verhoeven, presunto cabecilla de la trama de blanqueo junto a Reyes. Plus Ultra destinó unos 1,3 millones del rescate a devolver préstamos puente de tres sociedades administradas por él. El Tesoro de Estados Unidos señaló al banco suizo MBaer Merchant Bank y una cuenta ligada a Verhoeven que recibió más de 519.000 dólares de Plus Ultra en 2021. Fue detenido en Alemania en septiembre y puesto en libertad tras declarar ante la Audiencia Nacional.