Al concluir su mandato, Gustavo Petro ha recurrido a un mecanismo constitucional poco frecuente para solicitar al Senado colombiano permiso de ausentarse del país durante un año. La petición, amparada en el artículo 196 de la Constitución, refleja la tensión entre la vida pública que continúa después del poder y las obligaciones que el Estado impone incluso a quienes ya no gobiernan. El Senado tendrá ahora la última palabra sobre si un expresidente puede trazar libremente su camino más allá de las fronteras nacionales.