Cuando el poder cambia de manos, las palabras que lo acompañan pueden convertirse en objeto de escrutinio jurídico. En Colombia, dos juristas han presentado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara una denuncia penal contra el ex presidente Gustavo Petro, argumentando que sus mensajes en redes sociales durante el ocaso de su mandato no fueron simples expresiones políticas, sino posibles incitaciones a la formación de estructuras irregulares. La pregunta que ahora pesa sobre las instituciones es si la frontera entre la movilización legítima y la instigación delictiva fue cruza