Petro anuncia aumento de gasolina para reducir déficit de 40 billones anuales

El domingo por la mañana, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia aumentaría el precio de la gasolina. La decisión, explicó a través de redes sociales, respondía a un déficit acumulado en el fondo de estabilización de precios de combustibles que heredaba de la administración anterior. Según sus cálculos, el gobierno de Iván Duque había dejado sin pagar sus obligaciones financieras en este rubro, generando una deuda de 10 billones por trimestre, lo que equivalía a aproximadamente 40 billones anuales.

Esta cifra, sostuvo Petro, representaba casi la mitad del déficit total del presupuesto nacional. El problema surgía, explicó, de mantener congelados los precios de la gasolina sin que el Estado cubriera la diferencia entre el costo real y lo que pagaban los consumidores. En sus mensajes en Twitter, el presidente planteó una pregunta que buscaba reencuadrar el debate: ¿valía la pena subsidiar gasolina por 40 billones anuales cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se estaba duplicando en el país? Presentó la decisión no como un capricho económico sino como una elección entre dos caminos igualmente problemáticos: aumentar el déficit fiscal o permitir que creciera el hambre y la pobreza.

Petro aclaró que su administración retornaría a una política de aumentos de precios, pero con un propósito específico: reducir el déficit que, en sus palabras, había sido acumulado de manera irresponsable. También dejó constancia de que los derivados del ACPM, el combustible diésel usado principalmente en transporte de carga, no serían tocados por esta medida. El presidente propuso al Congreso desligar el cobro de impuestos sobre la gasolina de la indexación automática del precio, una maniobra que buscaba mitigar el impacto directo en los consumidores mientras se abordaba el problema fiscal de fondo.

En sus intervenciones posteriores, Petro también señaló hacia problemas estructurales más amplios. Pidió que el Ministerio de Minas y la DIAN establecieran controles efectivos para garantizar que las empresas extractoras de combustibles fósiles pagaran sus impuestos y regalías sobre las cantidades reales de extracción y exportación a precios internacionales. Sugirió además que el Congreso debatiera la estructura completa de precios de combustibles y su vinculación con los precios del petróleo en los mercados globales, incluyendo cómo Ecopetrol compraba petróleo doméstico a cotizaciones internacionales.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y polarizadas. Mientras algunos ciudadanos respaldaban la decisión como un paso necesario para sanear las finanzas públicas, los opositores acusaron a Petro de traicionar sus promesas de campaña y de condenar al país a dificultades económicas futuras. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, cuestionó públicamente la coherencia de la medida, preguntando qué hubiera dicho el senador Petro si el presidente Duque hubiera anunciado algo similar durante la crisis pandémica.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, había sido protagonista de su propia controversia días antes. En una intervención pública, había mencionado un déficit de 10.000 billones, cifra que generó alarma inmediata. Posteriormente se retractó, aclarando que se trataba de un error cometido bajo presión. La cifra correcta, explicó, era de 10,49 billones por el segundo trimestre de 2022, cantidad que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles había acumulado como deuda pendiente de pago. Este episodio de confusión numérica no ayudó a la credibilidad de la administración en un momento en que buscaba explicar decisiones económicas complejas a una población ya tensa por la inflación.

La medida se inscribía en un contexto más amplio de presiones fiscales y sociales. Colombia enfrentaba una crisis inflacionaria sin precedentes, y el aumento del dólar había impactado severamente el costo de importar combustibles. El gobierno de Petro, apenas iniciado, se encontraba ante la realidad de heredar un déficit estructural que no podía ignorarse sin consecuencias macroeconómicas graves. La decisión de aumentar precios de gasolina, aunque impopular, representaba un reconocimiento de esa realidad. Lo que quedaba por verse era si las medidas complementarias que Petro proponía—reformas tributarias, controles sobre empresas extractoras, cambios en la indexación de precios—lograrían efectivamente redistribuir el costo de manera que no recayera únicamente sobre los consumidores más vulnerables.