A poco más de cien días de haber asumido el poder, el presidente Abelardo de la Espriella carga con un balance que la Fundación Ideas para la Paz pone en perspectiva: ocho bombardeos, capturas de cabecillas y operativos de gran escala no han bastado para devolverle al Estado el control de los territorios que los grupos armados han ido tejiendo durante años. La organización recuerda que ningún gobierno puede ganar el territorio en tan poco tiempo, pero advierte que la promesa de una ofensiva total se ha quedado en gesto mientras la violencia cambia de forma y el poder armado se reorganiza. Es u
Pese a bombardeos y golpes mediáticos, el gobierno De la Espriella no logra recuperar el control territorial, según la FIP
Los grupos armados han registrado 353 ataques con drones en lo que va de 2026, y el informe advierte que la violencia por control territorial sigue vigente, aunque no se detallan víctimas específicas en el texto.
La autoridad que se exhibe no es la misma que la autoridad que se ejerce
Mark
¿Cuál es la conclusión central del informe?
Mimi
Que la ofensiva sigue firme, con ocho bombardeos y capturas, pero no ha reducido el poder territorial de los grupos armados.
Mark
¿Por qué cae tan poco el efecto de capturar cabecillas?
Mimi
Según la FIP, las organizaciones son redes y reemplazan mandos en semanas. El riesgo es golpear sin desarticular.
Luke
Ojo: esa afirmación es el diagnóstico de la FIP. El texto no presenta datos propios sobre cuánto tardó cada reemplazo.
Mark
¿Y los drones?
Mimi
Son 353 ataques en 2026, un 132,5% más. La FIP dice que el Estado perdió el dominio exclusivo del espacio aéreo.
Luke
Sí, pero el texto no dice contra qué periodo se calcula el aumento ni cuántas víctimas dejaron.
Mark
¿Qué dice sobre la exposición mediática del presidente?
Mimi
Que mostrar autoridad no es ejercerla: mide éxito en audiencias y abre flancos jurídicos.
Luke
Es una valoración, no un hecho medido. Lo comprobable es lo que se vio: el camuflado, la bomba firmada y los videos.
Mark
¿Y las promesas incumplidas?
Mimi
Control total en 90 días, diez cabecillas, 12 o 15 bombardeos y 330.000 hectáreas fumigadas. Según la FIP, nada se cumplió.
Luke
Y tampoco sabemos cómo respondió el gobierno al informe: el texto no recoge su versión.
El Pulso
- Ocho bombardeos y varias capturas de cabecillas no logran reducir el control territorial de los grupos armados, que se mantiene o se expande.
- Los ataques con drones suben 132,5% en 2026, con 353 incidentes que han arrebatado al Estado el dominio del espacio aéreo.
- La Fuerza Pública opera con apenas el 46 % de sus capacidades, mientras el presupuesto se estrecha y las metas iniciales quedan muy lejos.
- El piloto de aspersión en Putumayo está suspendido por fallos judiciales y las incautaciones caen 6%, dejando el frente antidrogas en parálisis.
- La FIP pide cambiar la medida del éxito de las bajas a la recuperación de la gobernanza, reforzar la lucha antidrones y definir ya la sustitución de cultivos.
A poco más de cien días de haber asumido el poder, el presidente Abelardo de la Espriella carga con un balance que la Fundación Ideas para la Paz pone en perspectiva: ocho bombardeos, capturas de cabecillas y operativos de gran escala no han bastado para devolverle al Estado el control de los territorios que los grupos armados han ido tejiendo durante años. La organización recuerda que ningún gobierno puede ganar el territorio en tan poco tiempo, pero advierte que la promesa de una ofensiva total se ha quedado en gesto mientras la violencia cambia de forma y el poder armado se reorganiza. Es una historia que se escribe en años y que, por ahora, pide menos espectáculo y más capacidad sostenida.
El presidente Abelardo de la Espriella llega a sus primeros 100 días con ocho bombardeos, operativos en ciudades y la captura de varios cabecillas en su haber. Sin embargo, según la Fundación Ideas para la Paz, el Estado no ha logrado reducir el poder que las estructuras criminales consolidaron en los últimos años. La ofensiva total prometida en campaña se mantiene en el discurso, pero no se traduce en más control en las zonas más golpeadas.
La FIP describe a los grupos armados como redes fragmentadas, con más de 29.000 integrantes, que viven de economías criminales más amplias que el narcotráfico. Descabezarlos ya no basta: pueden reemplazar a sus mandos en semanas. A esto se suma una desventaja tecnológica, con 353 ataques con drones en 2026, un aumento del 132,5%, y una Fuerza Pública que opera con el 46 % de sus capacidades.
El informe también señala una exposición mediática que la organización considera riesgosa. Las imágenes del presidente con uniforme y marcador, o los videos que anuncian cárcel a los capturados, dan réditos de corto plazo, pero convierten cada operación en espectáculo y abren flancos jurídicos que los grupos pueden explotar. Frente a metas como el control total en 90 días o la fumigación de 330.000 hectáreas, la FIP considera que la credibilidad se erosiona si se prometen resultados que el Estado no puede pagar.
En drogas, el piloto de aspersión en Putumayo está suspendido por decisiones judiciales, la sustitución no tiene rumbo claro y las incautaciones bajaron 6%. Para la FIP, el mayor riesgo es la parálisis. Por eso propone medir el mandato por la recuperación de gobernanza, reforzar la lucha contra drones y definir cuanto antes los programas de sustitución, porque el tiempo que queda es largo, pero la ventana para cambiar el rumbo no es infinita.
El presidente Abelardo de la Espriella llegó a sus primeros 100 días de gobierno con ocho bombardeos a cuestas, grandes operativos en ciudades y la captura de varios cabecillas. Aun así, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Estado no ha logrado reducir el poder que las estructuras criminales consolidaron en los últimos años. Los investigadores de conflicto y seguridad de la organización concluyen que la ofensiva total prometida en campaña se ha mantenido, pero no se ha traducido en más control territorial en las zonas más golpeadas.
El documento reconoce que en poco más de tres meses es imposible ganar realmente el poder en el territorio, y por eso pone sus hallazgos en perspectiva de los años de mandato que quedan. Destaca que el Estado sí recuperó una sensación de interés y liderazgo. El gobierno, dice el informe, llegó con una narrativa clara, voluntad política indiscutible y respaldo internacional renovado, pero enfrenta un problema de seguridad que cambió de naturaleza y cuenta con menos capacidades de las que necesita.
La FIP describe a los grupos armados como redes fragmentadas, con más de 29.000 integrantes y creciente influencia territorial, que viven de un ecosistema de economías criminales más amplio que el narcotráfico. Ya no son ejércitos que se derroten descabezándolos. Por eso, advierte, la caída de cabecillas tiene efectos limitados cuando las organizaciones pueden reemplazar sus mandos en semanas: el riesgo es seguir golpeando sin desarticular.
A ello se suma una desventaja tecnológica. En lo que va de 2026 se han registrado 353 ataques con drones cargados con explosivos, un aumento del 132,5%. Para los investigadores, los grupos armados le arrebataron al Estado el dominio exclusivo del espacio aéreo. Además, hay restricción presupuestal y la Fuerza Pública opera con el 46 % de sus capacidades operativas. El informe señala que algunos indicadores de violencia bajaron y otros subieron de forma significativa, y que la capacidad de los grupos para controlar territorios y poblaciones sigue intacta o en expansión.
La segunda bandera roja es la exposición mediática. El país vio al presidente con uniforme camuflado y boina del Ejército, y firmando con marcador blanco una bomba de 460 kilos que las Fuerzas Militares lanzarían días después. También vio videos cinematográficos en los que enfrenta a capturados, les da la bienvenida a la “Patria Milagro” y les promete cárcel. Para la FIP, la autoridad que se exhibe no es la que se ejerce: esa omnipresencia puede dar réditos de corto plazo, pero convierte cada operación en un evento cuyo éxito se mide en audiencias y abre flancos jurídicos y de legitimidad que los grupos saben explotar.
El informe contrasta esto con las metas fijadas al inicio del mandato: control total del territorio en 90 días, captura o baja de diez cabecillas de alto valor, entre 12 y 15 bombardeos y fumigación de 330.000 hectáreas de coca. Según la FIP, nada de eso ha sucedido. Prometer lo que el Estado no puede pagar, advierte, es un problema de credibilidad que erosiona la confianza ciudadana. Propone priorizar recursos y recuerda que la fuerza pública puede contener, pero no desmantelar sola una organización: hacen falta investigación, judicialización, inteligencia financiera, extinción de dominio y sistema penitenciario. Valora la nueva ley de sometimiento, aunque exige capacidad para que funcione.
En drogas, el piloto de aspersión con glufosinato de amonio en Putumayo está suspendido por decisiones judiciales, los programas de sustitución no están claros y las incautaciones cayeron 6% frente a 2025. El riesgo, dice la FIP, es la parálisis: sin aspersión, sin sustitución y sin estrategia territorial, la coca seguirá expandiéndose, y con ella las rentas armadas.
De cara al resto del mandato, la FIP propone fortalecer la legitimidad institucional, reemplazar la medición por bajas o capturas con la de recuperación de gobernanza, reforzar la lucha contra los drones y definir cuanto antes los programas de sustitución de cultivos.
Citas Notables
La caída de cabecillas ha demostrado tener efectos limitados cuando las organizaciones tienen la capacidad de reemplazar sus mandos en semanas. El riesgo es seguir golpeando sin desarticular.— Informe de la Fundación Ideas para la Paz
Prometer lo que el Estado no puede pagar no es un problema de comunicación, es un problema de credibilidad.— Informe de la Fundación Ideas para la Paz
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