En las aguas del Pacífico, donde la frontera entre la pesca y la sospecha se vuelve difusa, pescadores de la provincia ecuatoriana de Manabí llevaron ante la Asamblea Nacional un relato de heridas, desapariciones y silencio institucional que atribuyen a operaciones de fuerzas estadounidenses. Ocho meses después del primer incidente, y tras múltiples intentos fallidos de ser escuchados, sus voces finalmente encontraron un foro legislativo, aunque no necesariamente la justicia que buscan. Lo que está en juego no es solo la suerte de tripulantes individuales, sino la pregunta más profunda sobre q
Pescadores ecuatorianos denuncian ante Legislativo ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses
Dos personas gravemente heridas, ocho desaparecidas en hundimiento de embarcación, detenciones en condiciones precarias y presuntas torturas reportadas.
La destrucción de las embarcaciones impide saber qué transportaban
Mark
¿Por qué tardó ocho meses en escuchar el Parlamento a estos pescadores?
Mimi
Según la asambleísta Noriega, intentaron acudir antes sin ser recibidos. La comisión finalmente los escuchó el viernes pasado, pero fue una sesión virtual, no presencial.
Luke
Eso es importante: fue virtual. No sabemos si eso limitó lo que pudieron comunicar o si la comisión pudo evaluar completamente sus testimonios.
Mark
¿Qué pasó exactamente con la embarcación Negra Francisca?
Mimi
Dos personas resultaron gravemente heridas. Fueron retenidas en condiciones precarias y luego entregadas a autoridades salvadoreñas. Eventualmente regresaron a Ecuador por sus propios medios.
Luke
Eso es confuso. ¿Quién los retuvo? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué consistieron esas "condiciones precarias"? El relato es vago en esos detalles.
Mark
¿Y la Fiorella?
Mimi
Se hundió. Ocho personas desaparecieron. No hay más información sobre las circunstancias del hundimiento.
Luke
Eso es un vacío importante. ¿Cómo se hundió? ¿Fue atacada? ¿Fue un accidente? El material no lo dice.
Mark
Los pescadores dicen que fueron operaciones estadounidenses. ¿Lo confirmó el Comando Sur?
Mimi
No. El Comando Sur no reconoce responsabilidad en estos tres casos. Pero sí reconoce ocho ataques más a otras embarcaciones ecuatorianas que dice están vinculadas al narcotráfico.
Luke
Eso es un punto crítico: hay una diferencia entre lo que los pescadores denuncian y lo que Estados Unidos reconoce. Y en los ocho casos que sí reconoce, no ha presentado evidencias públicas.
Mark
¿Qué argumenta el abogado Bastias?
Mimi
Dice que destruir las embarcaciones impide saber qué transportaban, qué ruta seguían, si había actividad ilícita. También denuncia torturas, desapariciones e incomunicación.
Luke
Ese es un argumento sólido sobre la evidencia. Pero el material no especifica quién destruyó las embarcaciones ni cuándo. ¿Fueron destruidas durante los incidentes o después?
Mark
¿Hay prueba de que estos pescadores estaban involucrados en narcotráfico?
Mimi
No hay evidencia presentada públicamente. La asambleísta Alarcón insiste en que existe tráfico en altamar, pero no vincula directamente a estos pescadores con eso.
Luke
Exacto. Hay una acusación general sobre delitos en altamar, pero nada que conecte específicamente a las víctimas con esos delitos. Eso es importante mantenerlo separado.
El Pulso
- Dos heridos graves, ocho desaparecidos y tripulantes detenidos en condiciones precarias: el saldo humano de tres embarcaciones manabitas sacude la sesión legislativa.
- La comisión tardó ocho meses en recibir a los denunciantes, y cuando lo hizo, algunos legisladores desviaron el debate hacia el narcotráfico en lugar de las presuntas violaciones de derechos humanos.
- El abogado defensor advierte que la destrucción de las embarcaciones elimina la única evidencia que podría determinar si los pescadores eran víctimas o sospechosos, dejando el caso en una zona de impunidad.
- El Comando Sur de Estados Unidos no ha reconocido responsabilidad en ninguno de los tres casos, mientras se acumulan otros ocho incidentes similares sin pruebas públicas que respalden las acusaciones de narcotráfico.
- Defensores de derechos humanos exigen investigación formal por torturas, desapariciones e incomunicación, y proponen trasladar la próxima sesión a Manta para escuchar a las familias en su propio territorio.
En las aguas del Pacífico, donde la frontera entre la pesca y la sospecha se vuelve difusa, pescadores de la provincia ecuatoriana de Manabí llevaron ante la Asamblea Nacional un relato de heridas, desapariciones y silencio institucional que atribuyen a operaciones de fuerzas estadounidenses. Ocho meses después del primer incidente, y tras múltiples intentos fallidos de ser escuchados, sus voces finalmente encontraron un foro legislativo, aunque no necesariamente la justicia que buscan. Lo que está en juego no es solo la suerte de tripulantes individuales, sino la pregunta más profunda sobre quién responde cuando el poder actúa en altamar y las embarcaciones —junto con sus secretos— desaparecen bajo el agua.
Pescadores de Manabí comparecieron ante una comisión de la Asamblea Nacional ecuatoriana para denunciar ataques, detenciones y desapariciones que atribuyen a fuerzas estadounidenses en el Pacífico. La sesión, celebrada ocho meses después del primer incidente y tras múltiples intentos fallidos de ser recibidos, reunió a tripulantes de tres embarcaciones —la Negra Francisca Duarte II, la Fiorella y la Don Maca— junto con familiares y abogados.
El caso de la Negra Francisca Duarte II dejó dos personas gravemente heridas, retenidas en condiciones precarias antes de ser entregadas a autoridades salvadoreñas y regresar a Ecuador por sus propios medios. El hundimiento de la Fiorella resultó en ocho desaparecidos, un saldo que permanece sin resolución. El Comando Sur de Estados Unidos no ha reconocido responsabilidad en ninguno de estos tres casos.
Dentro de la comisión, las posiciones divergieron. La asambleísta opositora Jahiren Noriega criticó la demora institucional y propuso celebrar la próxima sesión en Manta para escuchar a las familias en su territorio. La asambleísta oficialista Inés Alarcón, en cambio, insistió en el tráfico de sustancias ilícitas en altamar, desplazando el foco de los incidentes denunciados hacia cuestiones más amplias de seguridad marítima.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, denunció que la sesión parecía orientada a colocar bajo sospecha a las propias víctimas. Cuestionó además la destrucción de las embarcaciones, señalando que su eliminación impide determinar de forma independiente qué transportaban y qué ruta seguían. Bastias exigió investigación formal por presuntas torturas, desapariciones e incomunicación. A los tres casos presentados se suman otros ocho ataques a embarcaciones ecuatorianas que Washington vincula al narcotráfico, aunque sin presentar evidencias públicas, dejando a las familias sin respuestas claras sobre el destino de sus seres queridos.
Pescadores de la provincia costera de Manabí comparecieron el viernes ante una comisión legislativa ecuatoriana para denunciar ataques, detenciones y desapariciones que atribuyen a operaciones de fuerzas estadounidenses en el Pacífico. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional escuchó en sesión virtual a tripulantes de tres embarcaciones: la Negra Francisca Duarte II, la Fiorella y la Don Maca, junto con sus familiares y abogados. La comparecencia llegó ocho meses después del primer incidente reportado y tras múltiples intentos fallidos de los afectados por ser recibidos en el Parlamento.
El caso de la Negra Francisca Duarte II dejó dos personas con heridas graves. Según el relato de uno de los sobrevivientes, los heridos fueron retenidos en condiciones precarias antes de ser entregados a autoridades salvadoreñas, desde donde regresaron a Ecuador por sus propios medios. El hundimiento de la embarcación Fiorella resultó en ocho personas desaparecidas, un saldo que permanece sin resolución. Los afectados y sus representantes legales atribuyeron directamente estos incidentes a operaciones estadounidenses, aunque el Comando Sur de Estados Unidos no ha reconocido responsabilidad en estos tres casos específicos.
La asambleísta opositora Jahiren Noriega cuestionó públicamente la demora de la comisión en recibir a los denunciantes y propuso que la próxima sesión se realice en Manta, la ciudad portuaria de Manabí, para escuchar directamente a los pescadores y sus familias en su territorio. Su intervención reflejó frustración por el tiempo transcurrido sin respuestas institucionales. Por su parte, la asambleísta oficialista Inés Alarcón insistió durante la sesión en que existe tráfico de sustancias ilícitas en altamar y responsabilizó de esta situación a gobiernos anteriores, una posición que desplazó el foco de atención de los incidentes denunciados hacia cuestiones más amplias de seguridad marítima.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, utilizó sus redes sociales para señalar que la sesión parlamentaria parecía orientada a colocar bajo sospecha a quienes denunciaban ser víctimas. Argumentó que la existencia de delitos en alta mar no prueba que los pescadores involucrados en estos casos hayan participado en actividades ilícitas. Bastias también cuestionó la destrucción de las embarcaciones, señalando que podrían haber servido como evidencia para determinar qué transportaban, qué ruta seguían y si efectivamente existía alguna actividad delictiva. Su análisis sugiere que la eliminación de las naves impide un esclarecimiento independiente de los hechos.
El abogado denunció presuntas vulneraciones graves de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones, incomunicación y privaciones ilegales de libertad, y exigió que estos hechos sean investigados formalmente. A los tres casos presentados ante la comisión se suman otros ocho ataques a embarcaciones ecuatorianas que las autoridades estadounidenses afirman que sí tienen vínculos con el narcotráfico, aunque hasta ahora no han presentado evidencias públicas que respalden esas acusaciones. El patrón de incidentes sin reconocimiento oficial de responsabilidad, combinado con la falta de pruebas documentadas, ha dejado a las familias de los afectados sin respuestas claras sobre lo ocurrido a sus seres queridos.
Citas Notables
La existencia de delitos en alta mar no demuestra que los pescadores involucrados en estos casos hayan cometido alguno— Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Quieres la nota completa?
Lee el original en Prensa Latina ↗
General News