El 10 de septiembre de 2026, Perú exige a sus empresas que gobiernen con responsabilidad los sistemas de inteligencia artificial que tocan la vida de las personas. Lo que parecía una cuestión técnica se revela como una pregunta más profunda: ¿quién custodia los datos cuando las máquinas deciden? En ese umbral, el Oficial de Datos Personales emerge no como un funcionario de cumplimiento, sino como guardián de la dignidad informacional en la era algorítmica.