Perú aprueba subsidios por 31 millones de dólares para mitigar alza de combustibles

El sábado 15 de agosto, el gobierno peruano anunció un paquete de subsidios por 105 millones de soles —aproximadamente 31 millones de dólares— destinado a aliviar la presión que el alza de combustibles estaba ejerciendo sobre el sector del transporte. La presidenta Keiko Fujimori presentó la medida como respuesta directa a una crisis que ya había paralizado servicios en la región de Ucayali, donde transportistas de carga y pasajeros enfrentaban márgenes cada vez más estrechos ante el incremento del diésel y la gasolina.

La intervención fue diseñada como un subsidio temporal de tres meses, no como una solución permanente. El Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la dirección de Elmer Cuba, enfatizó que se trataba de un enfoque "focalizado" en lugar de un subsidio de amplio espectro. Cuba explicó que la estrategia buscaba canalizar recursos públicos directamente hacia los transportistas más vulnerables al alza de precios, con mecanismos de validación y control para garantizar transparencia y evitar filtraciones.

La medida se estructuró en dos mecanismos diferenciados. El primero, llamado META-Nacional, se dirigía a transportistas de servicio público terrestre regular a nivel nacional, regional y provincial, así como a operadores de transporte de carga. Estos recibirían un subsidio equivalente a cuatro soles —aproximadamente 1,20 dólares— por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido. El beneficio se calcularía sobre el volumen real de combustible comprado, respaldado por comprobantes de pago de proveedores registrados en el sistema estatal de hidrocarburos.

El segundo mecanismo, META-Lima y Callao, aplicaba un sistema diferente para los operadores autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano en la capital y su provincia vecina. En lugar de subsidiar por volumen de combustible, este esquema otorgaba subsidios por kilómetro recorrido, validado a través del Sistema Integrado de Control y Monitoreo. Los montos variaban según el tipo de vehículo: 0,50 soles por kilómetro para ómnibus, 0,40 para minibuses y 0,30 para microbuses, durante los tres meses de vigencia.

Para financiar ambas iniciativas, el gobierno utilizó fondos de su Reserva de Contingencia: 60 millones de soles para META-Nacional y 45 millones para META-Lima y Callao. Esta decisión reflejaba la urgencia percibida de la situación. La paralización en Ucayali había demostrado que sin intervención, el sector del transporte podría colapsar nuevamente, interrumpiendo no solo el movimiento de pasajeros sino también las cadenas logísticas nacionales.

Cuba subrayó que los mecanismos de identificación y validación eran centrales para la política. El objetivo era que el dinero llegara directamente a quienes cumplían las condiciones, no a intermediarios ni a operadores que no enfrentaban presiones reales. En un contexto donde los recursos fiscales son limitados, la focalización se presentaba como la única forma responsable de actuar.

La medida representaba un equilibrio delicado. El gobierno reconocía que los transportistas enfrentaban una crisis real de márgenes, pero también sabía que los subsidios amplios generaban distorsiones de mercado y presiones fiscales insostenibles. Al limitar la intervención a tres meses y dirigirla a sectores específicos, buscaba comprar tiempo mientras se esperaba que los precios internacionales del combustible se estabilizaran o que se implementaran otras políticas de más largo plazo. Lo que sucedería después de esos tres meses permanecía sin respuesta clara.