Peinado propone juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por malversación y las reacciones políticas se multiplican

El miércoles 24 de septiembre de 2025, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, comunicó que propone juzgar con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La decisión supone transformar las diligencias de investigación para que, si el caso llega a juicio, sea un jurado popular quien dicte el veredicto.

El auto no afecta solo a Gómez. El juez también ha informado de la medida a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Según el magistrado, el presunto delito se relaciona con el trabajo de carácter privado que Álvarez habría podido realizar en favor de los intereses particulares de la esposa del presidente. El nombramiento de la asesora es, por tanto, el eje de la acusación.

Las reacciones llegaron a lo largo del día. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la "persecución judicial" al Gobierno "ya no cuela" y señaló a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción que, a su juicio, rodea al Ejecutivo, al PSOE y a su familia. Añadió que "la persecución judicial no existe" y que el Gobierno debería buscarse "otra cortina de humo". También se preguntó cómo es posible que ninguno de los socios del Gobierno ponga fin a este "disparate" y cuántos gobiernos democráticos soportarían ver en el banquillo a dos familiares del presidente.

Feijóo hacía así referencia también al hermano del presidente, David Sánchez, cuyo procesamiento ha confirmado la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, relacionados con su contratación en la Diputación de esa provincia. El líder popular calificó de "inaguantable" el ritmo al que avanza la situación judicial de la familia del presidente: el hermano se sentará en un banquillo y su mujer, dijo, va por el mismo camino.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, afirmó tras el Consejo de Gobierno que Sánchez está "acorralado por graves casos de corrupción" y que, "por muchísimo menos", cualquier presidente decente habría dimitido de inmediato.

Desde el otro lado, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó la decisión de "despropósito" y sostuvo que Peinado es un juez que "todo el mundo sabe para quién trabaja". El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió que el Gobierno confía en la independencia de la justicia y se mostró "absolutamente seguro" de que en este caso saldrá a relucir la verdad. Otros medios recogen que el Ejecutivo tachó de "surrealista" la instrucción y vio "acoso" contra Gómez.

Una voz crítica desde dentro del PSOE fue la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Dijo que un jurado popular en este asunto "se traduce en un aroma más a juicio político que a juicio legal", que le resultan "estrambóticas" muchas de las cosas que ocurren y que, a su entender, los supuestos investigados no encajan "a priori" en un juicio con jurado.

El propio juez es además protagonista de otro frente. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, Peinado presentó una demanda de conciliación contra los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, Óscar Puente, para que se retracten de lo que considera acusaciones de prevaricación contra él. Es el paso previo a una posible querella por injurias y calumnias. De momento se trata de una propuesta del juez y no de un juicio fijado, y la polémica política sigue creciendo.