Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez por malversación y Sánchez defiende su inocencia

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El auto se conoció este miércoles. En él, el magistrado también señala a la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

El juez relaciona el presunto delito con el trabajo privado que Álvarez habría podido realizar en favor de los intereses particulares de la esposa del presidente. La pieza investiga si se malversaron fondos públicos en el nombramiento de esa asesora y en las funciones que desempeña. Según el análisis de Ernesto Ekaizer, el cambio de procedimiento fue un golpe sorpresivo: Peinado quiere que Gómez, Álvarez y el exsecretario general de Presidencia Francisco Martínez sean objeto de un veredicto popular, lo que podría servir de patrón para otros delitos que seguirá investigando, como el tráfico de influencias.

El auto revela además un paso de instrucción reciente. El juzgado recibió el día 16 los correos que había solicitado al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense. Son mensajes que el exvicerrector Juan Carlos Doadrio intercambió con Cristina Álvarez, y el juez los ha enviado a la UCO de la Guardia Civil.

Desde Nueva York, en una rueda de prensa, Sánchez defendió a su familia: "Mi hermano y mi mujer son inocentes, el tiempo pondrá las cosas en su sitio", dijo, y añadió que "la verdad acabará imponiéndose". Aludía también a su hermano, David Sánchez, cuyo procesamiento por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, vinculados a su contratación en la Diputación de Badajoz, confirmó la Audiencia Provincial de esa ciudad.

En paralelo, Peinado rechazó entregar a las partes copias de las grabaciones de las declaraciones de la instrucción. En una providencia, citó un auto de la Audiencia Provincial de Madrid según el cual las partes pueden consultar el material en la Secretaría del Juzgado o por la extranet, pero deben aplicarse restricciones para garantizar el derecho a la imagen. Con ello se opuso a la petición de la defensa de Gómez y de la acusación popular de Hazte Oír. Además, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el juez ha presentado una demanda de conciliación contra los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Óscar Puente (Transportes), a quienes exige retractarse de lo que considera acusaciones de prevaricación. Es el paso previo a una posible querella por injurias y calumnias.

Las reacciones políticas fueron inmediatas y opuestas. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, distinguió la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que enmarcó en "sus actividades privadas", de los casos de Gómez y David Sánchez, investigados por decisiones con relación directa con fondos públicos. Dijo que Sánchez "se ha rodeado de presunta delincuencia" y que "la persecución judicial ya no cuela". El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, afirmó que cualquier presidente decente habría dimitido "por muchísimo menos".

Desde el otro lado, Pablo Fernández, de Podemos, habló de "jueces fachas que hacen política". Mertxe Aizpurua, de Bildu, dijo que a Peinado "no le falta imaginación", y Gabriel Rufián, de ERC, calificó la decisión de "despropósito" y afirmó que es un juez que "todo el mundo sabe para quién trabaja".

Queda por ver qué aporta la UCO tras analizar los correos de Doadrio y si prospera la demanda de conciliación de Peinado contra Marlaska y Puente.