Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez por malversación y cita a su asesora y al delegado del Gobierno

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dado un paso decisivo en el caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno: ha acordado los primeros trámites para enviar a Begoña Gómez a juicio ante un tribunal del jurado popular por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El magistrado da por concluida la instrucción de una parte del llamado caso Begoña. No se trata, por tanto, del cierre de toda la causa, sino de un tramo concreto, el que se refiere al uso de dinero público.

Junto a Gómez, el juez señala a otras dos personas. Una es Cristina Álvarez, su asesora o asistente en La Moncloa. La otra es Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, que antes fue secretario general de Presidencia del Gobierno.

El presunto delito gira en torno a la labor privada que Cristina Álvarez habría podido realizar en favor de los intereses privados de Begoña Gómez, mientras ocupaba un puesto pagado con fondos públicos. Es esa posible mezcla entre un empleo oficial y un trabajo particular lo que el juez vincula con la malversación.

Los tres han sido citados el sábado 27 de septiembre para una comparecencia previa. Es el primer acto formal después de la decisión de Peinado y antes de que la causa avance hacia el tribunal del jurado.

Conviene distinguir lo que consta de lo que está por probar. Lo que consta es la decisión del juez de iniciar los trámites hacia el juicio y la citación de los tres investigados. Lo que se atribuye es la malversación, un delito presunto que deberá dilucidarse ante el jurado. El texto de partida no recoge, en lo disponible, las reacciones de las partes ni la posición de la defensa.

La comparecencia del sábado marcará el siguiente paso visible. Después, si la causa sigue su curso, será un jurado popular quien tenga que juzgar los hechos.