Ortega pide al Fondo Verde 687.710 dólares para gestión climática pese a concesiones mineras en Nicaragua

El documento lleva dos firmas: la del ministro Javier Gutiérrez Ramírez y la de la directora de proyectos Vanessa Molina Cruz. Es la solicitud con la que el gobierno de Daniel Ortega pide al Fondo Verde para el Clima 687.710 dólares para reforzar la capacidad del Estado en materia de cambio climático. El plan se ejecutaría a lo largo de 24 meses.

Según los datos publicados por Artículo 66, la gestión del proyecto quedaría en manos de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia y del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). La propuesta contempla capacitaciones presenciales y virtuales para funcionarios, talleres para diseñar estrategias de adaptación y mitigación, y una plataforma educativa en línea dirigida al personal estatal. También prevé el intercambio de experiencias con otros países de América Latina y una hoja de ruta para una estrategia climática nacional de largo plazo.

El texto identifica cinco obstáculos para la gestión climática en el país: limitaciones para diseñar proyectos y acceder a financiamiento, carencias técnicas, ausencia de una estrategia de largo plazo, falta de una plataforma integral de capacitación y escasa presencia del cambio climático en los programas educativos. Las actividades, desde la formación de funcionarios hasta el desarrollo de materiales técnicos, apuntan a esos puntos.

La petición llega después de un episodio reciente. El Fondo Verde había financiado el proyecto Bio-CLIMA con 116,6 millones de dólares, con el propósito de reducir la deforestación y aumentar la resiliencia de las reservas de Bosawás y Río San Juan. En marzo de 2024 lo canceló tras recibir denuncias sobre posibles afectaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes y sobre incumplimientos de salvaguardas ambientales y sociales. La investigación del mecanismo independiente de rendición de cuentas del Fondo recogió, entre las denuncias, la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades.

La nueva solicitud, según Artículo 66, no se refiere a acciones directas de restauración de bosques ni a la protección de comunidades, justamente los puntos que organismos internacionales habían señalado como críticos. El documento menciona a los pueblos indígenas y afrodescendientes entre los grupos que se beneficiarían de las políticas climáticas, pero no identifica a organizaciones indígenas concretas que hayan participado en el diseño de la propuesta ni define mecanismos de consulta directa. Hay referencias a derechos sobre la tierra en algunos materiales educativos, aunque sin detalles sobre cómo se harían las consultas.

El contexto está marcado por los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y ambientales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó suspender la aprobación de concesiones mineras, forestales y de monocultivos en territorios indígenas y afrodescendientes hasta garantizar procesos de consulta previa, libre e informada. Un monitoreo de Artículo 66 reporta que 83 lotes mineros afectan a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, con más de 1.276.347 hectáreas. El mismo medio documentó el encarcelamiento de ocho guardabosques mayangnas, condenados por defender sus territorios frente a actividades extractivas.

El gobierno de Nicaragua sostiene que la propuesta busca fortalecer la institucionalidad para cumplir compromisos internacionales sobre cambio climático y ampliar la participación de sectores vulnerables. Los organismos internacionales y los grupos de la sociedad civil mantienen sus advertencias sobre las concesiones mineras, el daño ambiental y la falta de consulta efectiva. Queda por ver cómo evaluará el Fondo Verde una solicitud que llega con ese antecedente a cuestas.