Oposición venezolana denuncia detención de exalcalde que regresó del exilio

Javier Oropeza regresó a Venezuela hace apenas días después de dos años exiliado en España. El exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, había dejado el país huyendo de acusaciones que finalmente fueron desestimadas. El miércoles recibió la noticia oficial: el sobreseimiento de su causa, la cancelación de los cargos que lo perseguían. Parecía un punto de quiebre, una posibilidad de reconstrucción. Al día siguiente, el jueves 17 de septiembre, fue detenido.

La detención ocurrió en la sede del diario El Informador en Barquisimeto, capital de Lara, después de que Oropeza participara en una entrevista. Agentes de la División de Investigación Penal, la rama criminal de la Policía Nacional, lo aprehendieron. La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora del país, denunció el hecho en redes sociales con una pregunta implícita: ¿cómo es posible detener a alguien cuya causa acaba de ser sobreseída? Exigieron su liberación inmediata.

María Corina Machado, la líder opositora y premio nobel de la paz, no tardó en reaccionar. Condenó la detención como expresión de la naturaleza represiva del régimen de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada. "Por eso el país entero los detesta. Y por eso, los vamos a derrotar", escribió en X, dirigiéndose a Oropeza con un mensaje de solidaridad. Otros partidos opositores como Voluntad Popular y Vente Venezuela también exigieron información sobre su paradero. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela advirtió que la persecución en Venezuela continúa bajo el control de Rodríguez. Exdiputados opositores como Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano se acercaron a la sede de la División de Investigación Penal en Barquisimeto para exigir respuestas.

El timing del caso es particularmente significativo. La detención de Oropeza ocurre el mismo día en que comienza el segundo ciclo de diálogos promovidos por Estados Unidos entre el Gobierno venezolano y un grupo de exdiputados opositores. Estos diálogos están diseñados para abordar garantías civiles y políticas, y libertad de expresión. La captura de un activista que acaba de regresar del exilio, apenas horas después de que sus cargos fueran desestimados, envía un mensaje que contradice directamente los objetivos de esas conversaciones.

El contexto más amplio es igualmente preocupante. Un informe publicado el miércoles por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advierte que, a pesar de algunas mejoras limitadas en 2026 —el año en que la intervención estadounidense del 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro—, el aparato represivo del Estado permanece intacto. Las leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes. Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras. Los grupos paramilitares conocidos como "colectivos", fuente permanente de intimidación y violencia, nunca han sido desarmados ni desmantelados.

Este no es un caso aislado. En mayo de este año, Yoel Sucre, un activista del partido de Machado, fue detenido y liberado tres días después bajo un régimen de presentación cada treinta días. Su partido denunció que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que ya estaba cerrada. El patrón es consistente: detenciones que parecen responder a lógicas de intimidación más que a procesos legales coherentes. Oropeza, como Sucre, representa un desafío al régimen simplemente por existir en el espacio político, simplemente por regresar.