Oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Rabat por rebajas de condena a delitos sexuales y lesa humanidad

Después de quince días de anuncios, reuniones y ajustes jurídicos, la oposición ingresó el jueves 12 de noviembre en el Congreso una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La presentación coincidió con la discusión del Presupuesto 2027 y apunta a las rebajas de condena concedidas a responsables de delitos sexuales contra menores y de crímenes de lesa humanidad.

El libelo lleva las firmas de diez diputados de seis partidos: Frente Amplio, PS, PC, PPD, DC y Partido Liberal. Los firmantes son Emilia Schneider, Jorge Brito, Juan Santana, Raúl Leiva, Marcos Barraza, Daniela Serrano, Jaime Araya, Luis Malla, Jorge Díaz y Javier Muñoz. Se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, prevista en el artículo 52 de la Carta Fundamental, y se organiza en tres capítulos.

El primero se refiere a 56 rebajas de condena otorgadas entre junio y septiembre a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Según los acusadores, esas decisiones contravinieron la Ley 21.421, de 2022, que restringe estos beneficios, y dejaron de lado los derechos de las víctimas. Sostienen además que Rabat abandonó el criterio aplicado durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, sin que mediara un cambio legal ni una resolución judicial que lo obligara.

El segundo capítulo cuestiona las rebajas concedidas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad, que quedaron en libertad. Los parlamentarios afirman que el Ministerio de Justicia no consideró las exigencias del derecho internacional ni la reparación de las víctimas.

El tercero se centra en la información que el ministro entregó al Congreso, que los acusadores califican de incompleta o inexacta. Se refieren en particular a sus comparecencias ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y ante la Cámara de Diputados, al día siguiente. Según el libelo, Rabat intentó justificar las rebajas atribuyendo responsabilidades a las comisiones respectivas y a la Corte Suprema, aunque las decisiones administrativas correspondían a su cartera.

Tras el ingreso, el jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, destacó la coordinación opositora y habló de una “convicción política y jurídica” para sostener la acusación. Juan Santana (PS) fue más tajante: dijo que Rabat vulneró la Constitución y las leyes al rebajar condenas que, a su juicio, estaban expresamente excluidas del beneficio, y afirmó que “no puede continuar en el cargo”. Jaime Araya (ind.-PPD) agregó que el ministro se atribuyó facultades que no le corresponden y obstaculizó la fiscalización parlamentaria al demorar la entrega de antecedentes sobre los decretos.

Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) rechazó los fundamentos. Planteó que un error político no constituye necesariamente una infracción constitucional, aseguró que no hay mérito jurídico y dijo esperar que la acusación sea rechazada.

La diputada Daniela Serrano (PC) adelantó que la Sala tomará conocimiento del libelo el lunes 16 de noviembre, cuando se prevé sortear la comisión que lo examinará. El Partido de la Gente, cuyos diputados aún no fijan una postura conjunta, vuelve a quedar en el centro de los cálculos de votos.

Si la Cámara aprueba la acusación, el Senado deberá decidir si Rabat incurrió en las infracciones imputadas. Una condena implicaría su destitución y cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. El Presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo al ministro, de modo que el libelo abre un nuevo enfrentamiento entre La Moneda y la oposición.