Oposición exige renuncia de Rabat y Silva tras revelación de rebajas de condena a pederastas

La oposición chilena abrió una nueva ofensiva contra el Gobierno del presidente José Antonio Kast después de que un reportaje de BBCL Investiga, la unidad de BioBioChile, identificara a 33 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas de pena durante la actual administración. Parlamentarios de distintos sectores exigieron la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera, Silva, y pidieron medidas urgentes para proteger a las víctimas.

Según la investigación, esos 33 casos forman parte de un grupo de 56 condenados por delitos sexuales contra menores que fueron beneficiados mediante decretos de rebaja de condena dictados bajo el Gobierno de Kast. Los nuevos antecedentes intensificaron los cuestionamientos a las autoridades de Justicia, en medio de las críticas por la falta de información entregada a las víctimas y por el alcance de las decisiones del Ejecutivo.

Una de las reacciones más duras fue la de la senadora independiente Fabiola Campillai, que apuntó directamente al mandatario. Señaló que Kast dice asumir la responsabilidad por haber dado beneficios a criminales de la peor calaña, pero que quienes firmaron los decretos siguen en el Gobierno con su respaldo. Afirmó que el Presidente no puede endosar la responsabilidad al Estado, porque fue su gobierno el que le falló a las víctimas, con el timbre y la firma del ministro y del subsecretario. Y agregó que Rabat y Silva deben renunciar de inmediato, porque su presencia daña a las víctimas y al país.

El diputado socialista Daniel Manouchehri responsabilizó políticamente al Presidente por respaldar la continuidad del titular de Justicia. Dijo que Kast protege a Rabat y que deberá responder por decisiones que calificó de pro-pederastas. Advirtió que, si uno solo de los beneficiados vuelve a abusar de un niño, harán responsable al mandatario, que tendrá que dar la cara ante las víctimas.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider calificó la información como realmente macabra y acusó al Ejecutivo de no haber dicho nada ni haber sido transparente. A su juicio, eso confirma que la decisión fue arbitraria y discrecional, alejada de cualquier criterio técnico de justicia. Pidió a Kast remover a Rabat y a Silva, transparentar la información al país y a las víctimas, y explicar por qué se tomó la decisión. Schneider planteó además que el Gobierno debe aclarar si estas medidas guardan relación con eventuales beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos.

El diputado Jaime Araya pidió convocar un comité de emergencia para evaluar medidas de protección, y advirtió que entre los beneficiados hay personas con alto riesgo de reincidencia. Según dijo, ni las víctimas ni sus familias saben si están nuevamente en riesgo. Araya sostuvo además que el Ejecutivo debe estudiar mecanismos para dejar sin efecto los decretos mediante la invalidación administrativa que contempla la Ley 19.880. «La facultad existe, y el gobierno debe usarla», afirmó, en contraste con la postura del Ministerio de Justicia, que ha dicho que no es posible revertir los beneficios.

El diputado comunista Luis Cuello también exigió la salida de Rabat. En su cuenta de X escribió que el Gobierno de Kast se desfonda política y moralmente.

Las declaraciones reflejan una escalada de la presión opositora sobre el Ministerio de Justicia, que había defendido la legalidad de los decretos y descartado revertirlos. Lo que habrá que seguir es si el Gobierno mantiene esa posición frente al argumento de la invalidación administrativa.