La seguridad interna de cada mesa de votación ahora depende de quiénes portan armas
En vísperas de los comicios de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha rediseñado por completo la arquitectura de seguridad que rodea el acto de votar en el Perú. El nuevo reglamento, aprobado a mediados de julio, distribuye responsabilidades entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con una precisión inédita, reconociendo que la integridad de una elección no comienza ni termina en la urna, sino en cada eslabón de la cadena que lleva el voto desde la mesa hasta el resultado oficial. Lo que se juega, en última instancia, es la confianza ciudadana en que su voluntad llegará intacta.
- La ONPE aprobó un reglamento que rehace desde los cimientos cómo se protege cada etapa de un proceso electoral nacional, desde el traslado del material hasta el cierre de las mesas.
- La división de roles es tajante: la PNP controla el perímetro exterior y el orden público, mientras las FF.AA. asumen la seguridad interna de los centros de votación y la custodia del material durante el conteo.
- Una cadena de mando conecta la Secretaría General de la ONPE con los comandos regionales militares y policiales, ajustando el número de efectivos según mapas de riesgo que varían por territorio.
- Los planes de contingencia han sido sometidos a una 'reingeniería' que presta atención especial a zonas vulnerables, donde un fallo logístico o de seguridad puede comprometer toda la elección.
- El éxito del nuevo protocolo dependerá del desempeño de las instituciones armadas y policiales: si actúan con rigor, reforzarán la confianza; si fallan, la erosionarán en el momento más sensible.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó a mediados de julio un nuevo reglamento de seguridad integral que redefine quién protege qué durante los comicios de 2026. El documento abarca elecciones generales, referéndums y consultas populares de alcance nacional, y representa el cambio más profundo en la arquitectura de seguridad electoral en años recientes.
El eje del nuevo esquema es la distribución de responsabilidades entre dos instituciones. La Policía Nacional del Perú asumirá la seguridad externa de los locales de votación, el orden público en las calles y la custodia de las sedes centrales de la ONPE, el JNE y el RENIEC. Las Fuerzas Armadas, en cambio, operarán dentro de los centros de votación: protegerán al personal de mesa, vigilarán el material electoral durante el conteo y garantizarán que las actas lleguen intactas.
La coordinación correrá a cargo de la Secretaría General de la ONPE a través de su Oficina de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional, que articulará con el Comando Conjunto de las FF.AA. y la PNP. Los planes de protección se ajustarán región por región según mapas de riesgo, y los comandos militares y policiales mantendrán comunicación directa con los jefes de las oficinas descentralizadas, creando una cadena de mando que une la capital con el terreno.
El reglamento también introduce una 'reingeniería' de los planes de contingencia, con mayor detalle y coordinación interinstitucional para zonas vulnerables. La lógica es simple pero crítica: si el material electoral se pierde o se altera antes de llegar a las mesas, la elección entera se tambalea. Lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en que su voto será contado exactamente como fue emitido, y ese peso recaerá, en buena medida, sobre el desempeño de las instituciones armadas y policiales.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha rediseñado desde cero cómo se protegerán los próximos comicios del país. A mediados de julio, la institución aprobó un nuevo reglamento de seguridad integral que toca cada aspecto de una elección: quién vigila dónde, cómo se resguardan las actas, qué pasa cuando algo sale mal. El documento, titulado "Instrucciones y disposiciones para el mantenimiento del orden, la protección de la libertad personal, la custodia de sedes y el resguardo del material electoral", representa un cambio significativo en la arquitectura de seguridad para comicios generales, referéndums y consultas populares de alcance nacional.
La novedad central es quién está a cargo. La Secretaría General de la ONPE canalizará las directivas a través de su Oficina de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional, pero el trabajo real recaerá en dos instituciones: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estos organismos coordinarán planes de protección específicos para cada región, ajustando el número de efectivos según mapas de riesgo que varían de un territorio a otro. Los comandos militares y policiales también mantendrán comunicación directa con los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y los coordinadores de las Oficinas Regionales de Coordinación, creando una cadena de mando que conecta la capital con el terreno.
La división de responsabilidades es clara. La Policía Nacional asume la seguridad externa de los locales de votación, el mantenimiento del orden público en las calles y la custodia de las sedes centrales de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Las Fuerzas Armadas, por su parte, se encargan de la seguridad interna dentro de los centros de votación: proteger al personal que opera las mesas, vigilar el material electoral mientras se cuenta, garantizar que nada se pierda o se altere en esas horas críticas.
El reglamento también introduce lo que la ONPE llama una "reingeniería" en los planes de contingencia. Esto significa que la institución ha pensado en qué pasa cuando algo falla, especialmente en zonas vulnerables donde el riesgo es mayor. Esos planes ahora están más detallados, más coordinados entre instituciones, más atentos a los puntos débiles de cada región. Mejorar los estándares de vigilancia en las sedes operativas de la ONPE es parte de esto: si el material electoral se daña o se pierde antes de llegar a los locales de votación, toda la elección se tambalea.
Lo que está en juego es la confianza. Una elección solo funciona si los ciudadanos creen que su voto se cuenta como lo emitieron, que nadie lo cambió en el camino, que las actas que llegan al final son las mismas que se levantaron en cada mesa. El nuevo protocolo intenta garantizar eso mediante una cadena de custodia más rigurosa y una presencia de seguridad más coordinada. Pero también delega un poder considerable a las instituciones armadas y policiales, lo que significa que su desempeño será crucial para que el proceso electoral inspire confianza o genere dudas.
Notable Quotes
La nueva versión replantea las medidas de seguridad de los locales de votación, la cadena de custodia de las actas y las garantías para el libre ejercicio del voto ciudadano— ONPE
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué la ONPE decidió cambiar su protocolo de seguridad precisamente ahora?
Porque las elecciones anteriores dejaron lecciones. Hubo problemas con la custodia de material, con la comunicación entre instituciones, con la capacidad de responder rápido cuando algo salía mal en zonas remotas. Este nuevo reglamento intenta cerrar esos huecos.
¿Qué significa que las Fuerzas Armadas estén adentro de los locales de votación?
Significa que mientras la gente vota, hay militares presentes. No para intimidar, en teoría, sino para asegurar que nadie toque las urnas, que el material no desaparezca, que el proceso sea limpio. Es una presencia física constante.
¿Y la Policía Nacional afuera?
Exacto. Ellos mantienen el orden en las calles, evitan que grupos armados o turbas interfieran, protegen los edificios donde se almacena el material antes de que se distribuya. Es la primera línea de defensa.
¿Cómo sabe la ONPE cuántos policías y militares enviar a cada región?
Usan mapas de riesgo. Analizan dónde ha habido violencia electoral antes, dónde hay conflictividad social, dónde el acceso es difícil. Eso determina cuántos efectivos necesita cada zona.
¿Quién supervisa a los supervisores?
Esa es la pregunta incómoda. La ONPE coordina, pero si un militar o un policía actúa mal dentro de un local de votación, ¿quién lo detiene en ese momento? El reglamento no lo dice claramente.