Oklahoma considera fusilamiento como alternativa a inyecciones letales para ejecutados

Dos condenados a muerte enfrentan ejecuciones inminentes mientras se debate el método más humano para su muerte.
Será una muerte más rápida, aunque parezca grotesco
El argumento de los abogados de los condenados para justificar la solicitud de fusilamiento en lugar de inyección letal.
Mark

¿Por qué dos condenados a muerte pedirían ser fusilados? Parece contradictorio.

Mimi

Porque están tratando de ganar tiempo. Pidieron suspender sus ejecuciones mientras se resuelve un juicio sobre si las inyecciones letales son constitucionales. El fusilamiento es solo la herramienta legal para hacer esa solicitud.

Luke

Pero el juez estableció que necesitaban proponer un método alternativo. ¿Eso significa que el fusilamiento era realmente su preferencia, o solo una estrategia procesal?

Mimi

Probablemente ambas cosas. Sus abogados argumentaron que sería más rápido y menos propenso a fracasar. Pero el verdadero objetivo es postergar la ejecución.

Mark

¿Y qué pasó con las inyecciones letales anteriores que mencionan?

Mimi

Fueron desastres. John Marion Grant vomitó, convulsionó, se resistía. Bigler Stouffer fue tranquilo. El contraste fue extremo.

Luke

Pero eso son dos casos. ¿Cuántas inyecciones letales ha realizado Oklahoma sin problemas? El artículo no lo dice.

Mimi

No lo dice. Solo sabemos que estos dos fueron "en extremos opuestos del espectro", según el jefe de operaciones.

Mark

¿Oklahoma tiene siquiera la capacidad de fusilar a alguien?

Mimi

No. Nunca lo ha hecho y no tiene protocolos para hacerlo. La ley lo permite, pero la infraestructura no existe.

Luke

Entonces el juez está considerando autorizar un método que el estado no puede ejecutar. Eso es un problema legal real.

Mark

¿Cuándo se espera una decisión?

Mimi

El juez dijo que esperaba emitir una orden para fines de esa semana. El juicio sobre la constitucionalidad estaba programado para el 28 de febrero.

  • Dos condenados con fechas de ejecución inminentes pidieron al tribunal que suspendiera sus muertes mientras se debate si el método actual viola la Constitución.
  • Un médico con más de 40.000 horas de experiencia en emergencias testificó que cuatro disparos al corazón producirían muerte instantánea y sin dolor, con menor riesgo de fallo que la inyección letal.
  • El testimonio sobre ejecuciones recientes reveló escenas perturbadoras: un condenado vomitó y convulsionó sobre la camilla, mientras el médico ejecutor cobraba 15.000 dólares por procedimiento y actuaba con el rostro cubierto.
  • Oklahoma carece de protocolos para ejecutar a alguien por fusilamiento, a pesar de que su propia ley lo autoriza como método alternativo.
  • El juez Friot anunció que emitiría una resolución antes de que terminara la semana, sin pronunciarse de inmediato en la audiencia del lunes.

En enero de 2022, dos hombres condenados a muerte en Oklahoma solicitaron ser ejecutados por fusilamiento, argumentando que sería una muerte más rápida y menos problemática que la inyección letal. La petición surgió en medio de un juicio pendiente sobre la constitucionalidad del método actual, obligando al sistema judicial a enfrentarse a una de las preguntas más incómodas que puede formular una sociedad: cuál es la forma más humana de matar a quienes ha condenado. En un país donde las ejecuciones alcanzan su nivel más bajo en décadas, Oklahoma se encontró sin protocolos para cumplir la solicitud de sus propios presos.

En enero de 2022, Donald Grant y Gilbert Postelle, condenados a muerte en Oklahoma con ejecuciones programadas para finales de ese mes y mediados de febrero, tomaron una decisión que pocos anticipaban: pidieron ser fusilados. Su abogado reconoció ante el tribunal en Oklahoma City lo grotesco de la situación, pero argumentó que el fusilamiento representaba una muerte más rápida que la inyección letal, cuya constitucionalidad estaba siendo cuestionada en un juicio programado para el 28 de febrero.

El juez Stephen Friot había impuesto una condición previa para considerar cualquier demanda de este tipo: los condenados debían proponer un método alternativo. Casi treinta presos que participaban en la demanda colectiva presentaron opciones que iban desde combinaciones distintas de fármacos hasta el pelotón de fusilamiento, ya autorizado por la ley estatal. El doctor James Williams, con más de 40.000 horas de experiencia en medicina de emergencias y conocimiento directo del tema —él mismo había recibido un disparo en el pecho—, testificó que cuatro disparos dirigidos al corazón provocarían muerte instantánea sin dolor, con mucho menor riesgo de fracaso que la inyección letal.

El contexto de las ejecuciones recientes añadía peso al debate. Un funcionario correccional describió cómo la ejecución de John Marion Grant en 2021 fue caótica: el hombre vomitó, convulsionó y se resistió sobre la camilla. La de otro condenado, en cambio, transcurrió sin incidentes visibles. El mismo funcionario reveló que el médico encargado de las inyecciones cobraba 15.000 dólares por ejecución, actuaba con el rostro cubierto y su identidad permanecía protegida por política institucional.

A pesar de que la ley de Oklahoma permitía el fusilamiento como alternativa, el Departamento Penitenciario no contaba con ningún protocolo para implementarlo. El estado se encontraba así ante una paradoja: dos hombres preferían morir de una manera que el sistema no sabía cómo ejecutar. Todo esto ocurría mientras Estados Unidos registraba en 2021 apenas 11 ejecuciones, la cifra más baja desde 1988, en medio de un cuestionamiento creciente sobre la pena de muerte y el papel de la Corte Suprema en autorizarla.

En enero de 2022, dos hombres condenados a muerte en Oklahoma tomaron una decisión extraordinaria: pidieron ser fusilados en lugar de recibir inyecciones letales. Donald Grant y Gilbert Postelle, cuyas ejecuciones estaban programadas para el 27 de enero y el 17 de febrero respectivamente, solicitaron al juez Stephen Friot que suspendiera temporalmente sus muertes mientras se resolvía un juicio sobre si el método de inyección letal del estado era constitucional. El abogado Jim Stronski explicó la posición de sus clientes ante el tribunal en Oklahoma City: aunque reconocía lo grotesco de la situación, argumentó que el fusilamiento sería una muerte más rápida.

El juez Friot había establecido una condición clara para considerar cualquier demanda de este tipo: los condenados debían proponer un método alternativo de ejecución. Casi treinta condenados a muerte que participaban en la demanda colectiva habían accedido a presentar opciones distintas, desde combinaciones diferentes de fármacos hasta pelotones de fusilamiento, uno de los métodos que la ley de Oklahoma ya autorizaba. Un juicio sobre la constitucionalidad de las inyecciones letales estaba programado para comenzar el 28 de febrero, presidido por el mismo juez Friot, quien señaló que tenía una gran cantidad de interrogantes que ponderar antes de tomar cualquier decisión.

Durante las audiencias, expertos médicos presentaron argumentos sobre la viabilidad del fusilamiento. El doctor James Williams, quien contaba con más de 40.000 horas de experiencia como médico de emergencias en Texas y había estudiado extensamente el uso de pelotones de fusilamiento, testificó que si un preso recibiera cuatro disparos dirigidos al área cardíaca, la muerte sería tan instantánea que no habría dolor. Williams, quien él mismo había sufrido un disparo en el pecho, enfatizó que a diferencia de las inyecciones letales, había muy poca probabilidad de que una ejecución por fusilamiento fracasara.

La realidad de las ejecuciones recientes en Oklahoma proporcionaba un contexto perturbador para el debate. Justin Farris, jefe de operaciones del Departamento Correccional, testificó sobre dos inyecciones letales realizadas a fines de 2021. La ejecución de John Marion Grant fue caótica: el hombre vomitó y convulsionó sobre la camilla, estaba furioso, profería insultos y se resistía flexionando brazos y piernas. La de Bigler Stouffer fue completamente distinta: Farris describió al condenado como cortés dadas las circunstancias. Farris también reveló que el médico que insertaba las vías intravenosas y supervisaba las inyecciones letales recibía 15.000 dólares por cada ejecución, más 1.000 dólares por cada día de entrenamiento. La política del departamento prohibía divulgar los nombres de los miembros del equipo de ejecución, y el médico usaba máscara durante los procedimientos.

Oklahoma nunca había utilizado el fusilamiento como método de ejecución, a pesar de que la ley lo permitía si otros métodos como las inyecciones letales fueran declarados inconstitucionales o inaplicables. El Departamento Penitenciario del estado actualmente no contaba con protocolos para ejecutar a nadie mediante ningún método que no fuera la inyección letal. El juez Friot indicó que esperaba emitir una orden para fines de esa semana, aunque no tomó una decisión inmediata durante la audiencia del lunes.

El contexto nacional hacía que este debate fuera particularmente significativo. En 2021, Estados Unidos llevó a cabo apenas 11 ejecuciones, la cifra más baja desde 1988, reflejando una disminución continua en el apoyo público a la pena de muerte. Un informe anual sobre la pena de muerte publicado en diciembre de 2021 no solo documentó esta tendencia sino que también criticó duramente a la Corte Suprema por su papel en autorizar las ejecuciones. En este contexto de cuestionamiento creciente sobre los métodos de muerte estatal, Oklahoma se encontraba en una encrucijada: dos hombres condenados a muerte preferían ser fusilados antes que someterse a un procedimiento que consideraban más problemático, y el sistema penitenciario del estado carecía de la infraestructura para cumplir con esa solicitud.

Si bien parece grotesco, nosotros coincidimos en que será una muerte más rápida
— Jim Stronski, abogado de los condenados, ante el juez Friot
En este tema hay una gran cantidad de interrogantes sobre las que tengo que ponderar
— Juez Stephen Friot
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