Nuevos derechos laborales: empresas deben revelar cálculo de sueldos y uso de algoritmos

A partir de hoy, lunes 5 de octubre, entra en vigor un decreto que redefine lo que las empresas deben comunicar a sus trabajadores sobre cómo se calcula su salario y cómo se organizan sus turnos. La norma no solo aplica a quienes firmen un contrato nuevo a partir de esta fecha: los empleados que ya tienen un vínculo laboral vigente pueden exigir que sus empresas les proporcionen esta información detallada, incluso si sus contratos fueron suscritos hace meses o años.

La medida representa un cambio significativo en la relación entre empleadores y empleados. Hasta ahora, muchas empresas operaban con cierta opacidad respecto a los criterios que utilizaban para fijar remuneraciones o asignar jornadas de trabajo. El nuevo decreto obliga a las compañías a ser explícitas: deben revelar exactamente cómo calculan los sueldos de sus trabajadores. Si en ese cálculo intervienen algoritmos —sistemas automatizados que procesan datos para tomar decisiones— las empresas están obligadas a explicar cómo funcionan esos algoritmos y qué variables consideran.

Esta transparencia es particularmente relevante en sectores donde la tecnología ya juega un papel central en la gestión del personal. En empresas de logística, retail, plataformas de reparto y otros rubros, los algoritmos determinan quién trabaja cuándo, cuántas horas, en qué zona. Un trabajador podría descubrir, por ejemplo, que su turno se asigna automáticamente en función de su historial de puntualidad, su productividad registrada, o incluso patrones de disponibilidad que el sistema ha aprendido a reconocer. Ahora tiene derecho a saber exactamente qué está pasando.

La norma también cubre el cálculo de salarios. Si una empresa utiliza fórmulas que incluyen bonificaciones, descuentos, ajustes por desempeño o cualquier otro componente variable, debe explicar esos criterios con claridad. Si hay un algoritmo detrás —un sistema que calcula automáticamente cuánto gana cada persona en función de múltiples factores— la empresa debe describir cómo funciona ese sistema, qué datos utiliza y cómo llega a la cifra final que aparece en el recibo de sueldo.

Para los trabajadores que ya tienen contrato, el decreto abre una puerta importante. No necesitan esperar a renovar su acuerdo laboral para acceder a esta información. Pueden solicitarla ahora mismo a sus empleadores, y las empresas tienen la obligación legal de proporcionarla. Esto significa que un empleado que lleva tres años en una empresa puede hoy presentarse ante recursos humanos y preguntar: ¿cómo se calcula exactamente mi sueldo? ¿Qué algoritmo decide mis turnos? Y la empresa debe responder con detalle.

La intención detrás de esta medida es clara: devolver poder informativo a los trabajadores. Cuando alguien entiende exactamente cómo se determina su remuneración y cómo se organiza su tiempo de trabajo, puede negociar mejor, puede identificar si hay discriminación o errores, puede tomar decisiones más informadas sobre su carrera. En un contexto donde los algoritmos cada vez gobiernan más aspectos de la vida laboral, la transparencia se convierte en un derecho fundamental.

La entrada en vigor de este decreto marca un punto de inflexión en la regulación del trabajo. No es una prohibición de algoritmos ni una limitación a cómo las empresas pueden organizar sus operaciones. Es, simplemente, una exigencia de claridad. Las compañías pueden seguir usando tecnología para calcular salarios y asignar turnos, pero ya no pueden hacerlo en la sombra. Deben explicar sus reglas, sus criterios, sus sistemas. Y los trabajadores, por primera vez, tienen el derecho explícito de exigir esa explicación.