Nueva York declara emergencia por llegada masiva de migrantes desde Texas

El viernes 7 de octubre, el alcalde de Nueva York Eric Adams firmó una declaración de emergencia. No fue a causa de un desastre natural ni de un accidente. Fue por gente. Miles de personas llegaban a la ciudad cada semana en autobuses, enviadas desde Texas por autoridades republicanas que buscaban hacer un punto político sobre las políticas migratorias del presidente Biden.

Desde abril, más de 17.000 solicitantes de asilo habían cruzado Nueva York. La mayoría provenía de Sudamérica. En septiembre, el ritmo se aceleró: cinco o seis autobuses llegaban cada día. El jueves anterior a la declaración, nueve autobuses descargaron pasajeros. El viernes, cuatro más. Adams describió la situación con una frase que capturaba la falta de coordinación: miles de personas traídas a la ciudad y simplemente dejadas aquí, sin aviso, sin plan, sin recursos.

La ciudad enfrentaba una obligación legal única. A diferencia de la mayoría de jurisdicciones estadounidenses, Nueva York estaba obligada por ley a dar alojamiento a cualquier persona que lo necesitara, sin dejar a nadie en la calle. Eso significaba que cuando los autobuses llegaban, la ciudad tenía que responder. Y estaba respondiendo al límite de sus capacidades. En ese momento, más de 61.000 personas vivían en el sistema de albergues municipal. Casi 20.000 eran niños. Uno de cada cinco era un solicitante de asilo.

Adams proyectaba que la ciudad gastaría al menos mil millones de dólares ese año solo en responder a esta crisis. El sistema de albergues operaba al 100 por ciento de su capacidad. Si las tendencias continuaban, advirtió, habría más de 100.000 personas en albergues municipales dentro de un año. Eso era mucho más de lo que el sistema fue diseñado para manejar. Era insostenible. Significaba que otros servicios de la ciudad, otras prioridades, quedarían sin fondos.

La estrategia de los gobernadores republicanos de Texas y otros estados del sur era deliberada. Estaban usando a los migrantes como herramienta política, enviándolos a ciudades controladas por demócratas para distribuir lo que ellos veían como una carga y para protestar contra las políticas federales de Biden. Adams, un alcalde demócrata, lo nombró claramente: esto era una crisis humanitaria que había comenzado con violencia e inestabilidad en Sudamérica, pero que se estaba acelerando por dinámicas políticas estadounidenses.

La ciudad ya estaba tomando medidas de emergencia. Estaba instalando carpas en una isla frente a Manhattan para albergar a cientos de personas, aunque solo sería alojamiento temporal de unos pocos días. Estaba buscando hoteles y viviendas permanentes. Estaba anunciando un programa para que hogares neoyorquinos acogieran a solicitantes de asilo y personas sin hogar, porque muchos ciudadanos querían ayudar. Pero estas eran soluciones de parche, no respuestas sistémicas.

Con la declaración de emergencia, todas las agencias municipales tendrían que coordinarse para construir alojamientos de emergencia. Se suspenderían ciertas normas sobre el uso del suelo para acelerar el proceso. Pero Adams fue claro sobre lo que realmente necesitaba: ayuda urgente de los gobiernos federal y estatal, y un plan coordinado para trasladar a migrantes a otras localidades del país. Sin eso, sin una respuesta nacional, Nueva York enfrentaba un problema que crecía cada día, con autobuses llegando sin aviso, dejando a miles de personas en una ciudad que estaba quedándose sin espacio, sin dinero, y sin respuestas.