En un momento en que las democracias latinoamericanas debaten los límites entre seguridad y libertad, Chile avanza hacia una reforma constitucional que permitiría al Ejecutivo actuar antes de que la amenaza se consume, no después. La propuesta, gestada por senadores de distintas tendencias como alternativa a un proyecto más controvertido, busca dotar al Estado de reflejos preventivos sin sacrificar las garantías individuales ni los contrapesos parlamentarios. Es un intento de equilibrar la urgencia del orden con la permanencia de la democracia, en un país que ya conoce el peso histórico de los
Nueva reforma de seguridad permitiría al Presidente decretar estado de excepción preventivo
El Presidente podría decretar el estado de excepción antes de que suceda
Mark
¿Por qué un presidente querría decretar un estado de excepción antes de que algo malo suceda? Eso suena preventivo en el sentido de que podría usarse para cualquier cosa.
Mimi
Es una pregunta justa. La idea es que si tienes información de inteligencia de que una banda criminal está a punto de tomar control de un territorio y la policía está sobrepasada, puedas actuar antes de que se pierda el control completamente. Es como una herramienta de respuesta rápida.
Luke
Pero aquí está el problema: ¿quién define qué es una "amenaza grave"? El senador Araya da un ejemplo claro con una banda narco, pero la redacción real de eso importa mucho. ¿Está en el proyecto final? Porque una amenaza grave es subjetiva.
Mark
Entonces el control parlamentario cada 15 días es lo que supuestamente lo mantiene en línea.
Mimi
Exacto. Además, ahora el Congreso puede revocar el estado de excepción por mayoría, no solo expresar oposición. Eso es un cambio real en el balance de poderes.
Luke
Pero mira: esto solo funciona si el Congreso está dispuesto a usar esa facultad. Y vemos que la centroizquierda ya está fracturada. Vodanovic y Pascual se restaron. Si el gobierno tiene los números, esa mayoría para revocar podría no existir.
Mark
¿Y por qué se rompió la centroizquierda?
Mimi
Porque Araya negoció directamente con el gobierno sin llevar a sus pares. Las senadoras socialista y comunista sintieron que no las representaba. Es un quiebre político real.
Luke
Y eso es importante porque significa que este proyecto, aunque sea "minimalista" comparado con el original, no tiene un apoyo transversal real. Tiene apoyo de oficialismo y un senador PPD. Eso no es lo que se vendió como un acuerdo más amplio.
Mark
Entonces, ¿qué viene ahora?
Mimi
Se presenta el miércoles. Luego entra al Congreso. Y aquí es donde veremos si realmente hay los votos para aprobar algo que la oposición de izquierda ya rechazó antes de que se escribiera.
El Pulso
- El proyecto original del Presidente Kast generó tal rechazo —incluso dentro del propio gobierno— que varios ministros estuvieron dispuestos a abandonarlo para abrir paso a un acuerdo más amplio.
- La tensión central es inédita: por primera vez, el Ejecutivo podría decretar un estado de excepción ante una amenaza grave aún no materializada, cambiando la lógica reactiva del sistema actual.
- El Congreso gana un contrapeso real: la mayoría parlamentaria podrá revocar el estado de excepción, una facultad que hoy simplemente no existe en el ordenamiento jurídico.
- La reforma fracturó a la oposición de centroizquierda: el senador Araya negoció sin mandato de sus pares, y las jefaturas del Socialismo Democrático anunciaron que no serán parte del acuerdo.
- El Presidente Kast ratificó personalmente el retiro del proyecto original a cambio de este texto alternativo, en un desayuno en Cerro Castillo que dejó heridas políticas visibles.
En un momento en que las democracias latinoamericanas debaten los límites entre seguridad y libertad, Chile avanza hacia una reforma constitucional que permitiría al Ejecutivo actuar antes de que la amenaza se consume, no después. La propuesta, gestada por senadores de distintas tendencias como alternativa a un proyecto más controvertido, busca dotar al Estado de reflejos preventivos sin sacrificar las garantías individuales ni los contrapesos parlamentarios. Es un intento de equilibrar la urgencia del orden con la permanencia de la democracia, en un país que ya conoce el peso histórico de los estados de excepción.
Chile está a punto de presentar una reforma constitucional de seguridad que reemplaza un proyecto inicial del Presidente Kast, rechazado tanto por la oposición como por sectores del propio gobierno. Los senadores Longton, Squella y Araya elaboraron esta versión alternativa buscando un terreno más transversal, y el Ejecutivo acordó retirar el texto original a cambio de su presentación.
La reforma se articula en tres ejes: crimen organizado, segregación carcelaria y modificaciones al estado de excepción de emergencia. El cambio más significativo está en este último punto: a diferencia del sistema actual, que solo permite decretar la medida ante hechos consumados, la nueva norma habilitaría al Presidente a actuar de forma preventiva cuando el Sistema de Inteligencia, la policía o el Ministerio Público adviertan una amenaza grave, como una banda narco intentando tomar control territorial de una comuna.
Lo que la reforma no toca es igualmente relevante. No crea un nuevo estado de excepción ni amplía medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones. Los plazos de renovación cada 30 días se mantienen, y las restricciones se limitan a derechos de locomoción y reunión. Para compensar la ampliación de facultades presidenciales, el Congreso podrá revocar el estado de excepción por mayoría simple, una potestad que hoy no existe, y el gobierno deberá informar cada 15 días sobre su aplicación.
En materia de crimen organizado, la reforma equipara ese delito al terrorismo, con las mismas restricciones para solicitar indulto y las mismas inhabilidades para cargos de elección popular. Respecto a la segregación carcelaria, se busca elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería para separar a reclusos de alta peligrosidad, evitando que los tribunales reviertan esas decisiones.
Sin embargo, el proceso dejó una fractura política. Las senadoras Vodanovic y Pascual, aunque informadas por WhatsApp, decidieron no participar. Las jefaturas del Socialismo Democrático desconocieron la representatividad de Araya y anunciaron que no serán parte del acuerdo. La presencia de Araya en el desayuno presidencial en Cerro Castillo, donde Kast ratificó el retiro del proyecto original, irritó a sus pares y marcó una división que podría condicionar el avance de la iniciativa en el Congreso.
Chile está ultimando una reforma constitucional de seguridad que marcaría un cambio significativo en cómo el país puede responder a amenazas internas. La propuesta, que será presentada a más tardar el miércoles, reemplaza un proyecto inicial del Presidente José Antonio Kast que había generado rechazo tanto en la oposición como en sectores del propio gobierno. Los senadores Andrés Longton de Renovación Nacional, Arturo Squella del Partido Republicano y Pedro Araya del PPD han estado trabajando en esta versión alternativa, que busca encontrar un terreno más transversal después de que varios ministros estuvieran dispuestos a abandonar el texto original como forma de abrir espacio a un acuerdo más amplio.
La nueva iniciativa se estructura en tres pilares: crimen organizado, segregación carcelaria y modificaciones al estado de excepción de emergencia. En este último punto radica la transformación más notable. A diferencia de los regímenes de excepción que existen actualmente y que se decretan cuando ya ha ocurrido un hecho consumado, esta reforma permitiría al Presidente invocar un estado especial de modo preventivo, cuando exista una amenaza grave a la seguridad pública. Según explicó el senador Araya, el ejemplo sería una situación donde el Sistema de Inteligencia, la policía o el Ministerio Público adviertan que una banda narco pretende tomar control territorial de una comuna y las fuerzas policiales están sobrepasadas. Ante esa amenaza, el Presidente podría decretar el estado de excepción de emergencia antes de que la situación se salga completamente de control.
Lo que la reforma no hace es igualmente importante. No crea un nuevo estado de excepción, sino que refuerza y regula lo que ya existe en la Constitución y que ya se aplica desde hace años en La Araucanía y el Biobío. Los plazos de renovación cada 30 días se mantienen sin cambios. No se amplían medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones, ni se expanden restricciones de garantías individuales como detenciones o expropiaciones. El estado de excepción solo podría suspender ciertos derechos personales, como los de locomoción y reunión.
Para equilibrar la ampliación de facultades presidenciales, el Congreso adquiere nuevas potestades de control. El gobierno tendrá el deber de informar cada 15 días sobre el avance del régimen. Más significativamente, los parlamentarios ahora podrán acordar por mayoría la revocación del estado de excepción, algo que hoy no pueden hacer. Actualmente, los legisladores solo pueden expresar su oposición en cada renovación mensual, sin poder terminar efectivamente la medida.
En materia de crimen organizado, la reforma equipara ese delito al de terrorismo y lo declara contrario a las bases de la institucionalidad, a la convivencia democrática y a los derechos humanos. Los condenados por crimen organizado recibirían las mismas restricciones que tienen los sentenciados por conductas terroristas a la hora de solicitar indulto y las mismas inhabilidades para postular a cargos de elección popular. Respecto a la segregación carcelaria, el objetivo es elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería para separar a la población penal, un problema que ha generado conflictos porque los tribunales han revertido redistribuciones y relocalizaciones de reos de alta peligrosidad.
El senador Araya ha caracterizado esta nueva propuesta como minimalista y ha hecho un llamado a los senadores de la centroizquierda a leerla y votarla en su mérito, señalando que está muy lejos de ser el proyecto que ingresó originalmente el gobierno. Sin embargo, la elaboración de esta reforma ha generado un quiebre en la oposición. Aunque las senadoras Paulina Vodanovic del Partido Socialista y Claudia Pascual del Partido Comunista fueron mantenidas informadas a través de WhatsApp y participaron de algunas conversaciones, decidieron restarse del proceso. Las jefaturas del comité de Socialismo Democrático señalaron que Araya no los representaba y, por lo tanto, no serían parte de un acuerdo con el gobierno para una nueva reforma de seguridad.
La Moneda informó a través del ministro de Justicia Fernando Rabat que el Ejecutivo estaba dispuesto a retirar la reforma antigua a cambio de la presentación de este texto alternativo. Aunque el ministro Claudio Alvarado puso en suspenso esa decisión, el Presidente Kast la ratificó en un desayuno en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con los presidentes de las comisiones de Seguridad y Constitución de ambas cámaras. La presencia de Araya en ese encuentro molestó a sus pares de la centroizquierda, marcando una fractura que podría definir cómo avanza esta iniciativa en el Congreso.
Citas Notables
Este proyecto está muy lejos de ser lo que era el pésimo proyecto que ingresó el gobierno. Es un proyecto que es bastante más centrado— Senador Pedro Araya (PPD)
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