A partir del 18 de septiembre, una nueva norma federal sobre 'carga pública' autoriza a las autoridades migratorias a escudriñar el uso de beneficios gubernamentales en los hogares de quienes solicitan residencia permanente en Estados Unidos. La medida revive una figura legal con raíces en 1882, pero la amplía con una discrecionalidad que inquieta a comunidades inmigrantes y a quienes las defienden. En el trasfondo late una pregunta que atraviesa generaciones: ¿hasta dónde puede extenderse el brazo del Estado sobre quienes buscan pertenecer?
Nueva norma de 'carga pública' genera incertidumbre entre inmigrantes y defensores de derechos
Familias de estatus mixto enfrentan riesgo de desvinculación de programas esenciales de nutrición y salud, afectando especialmente a niños ciudadanos estadounidenses en hogares con progenitores indocumentados.