Norman Foster aboga por reequilibrar vivienda pública y privada

Norman Foster, el arquitecto británico cuya intervención transformó el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ha vuelto a ocupar el centro de la conversación pública, esta vez no por un edificio sino por una crítica directa a cómo las ciudades han renunciado a la vivienda como responsabilidad colectiva. En declaraciones recientes, Foster sostiene que el sector público ha abandonado casi por completo el terreno de la vivienda residencial, dejando que el mercado privado domine completamente un bien que considera fundamental para la vida urbana.

La preocupación de Foster no es nueva en los círculos de arquitectura y urbanismo, pero su voz tiene peso. Señala que existe un desequilibrio profundo entre lo público y lo privado en materia de vivienda, un desequilibrio que no surgió por accidente sino por decisiones políticas deliberadas. Según su análisis, las administraciones públicas de décadas pasadas asumían iniciativas más ambiciosas en este campo, tomaban riesgos que hoy parecen impensables. Esa capacidad de acción ha desaparecido, reemplazada por una lógica que deja la provisión de vivienda casi enteramente en manos del sector privado.

Para corregir este rumbo, Foster propone dos líneas de acción concretas. La primera es la innovación en el diseño y la construcción de residencias asequibles. No se trata simplemente de construir más vivienda barata, sino de pensar de nuevo cómo se construye, qué tecnologías se emplean, cómo se optimizan los espacios y los costos sin sacrificar la calidad. Es una invitación a que arquitectos e ingenieros vuelvan a ver la vivienda de bajo costo como un problema de diseño digno de atención, no como un residuo del mercado.

La segunda propuesta es más radical en apariencia, aunque en realidad es una medida de política económica clásica: reducir el precio del suelo. Foster entiende que el costo del terreno es uno de los principales obstáculos para que la vivienda sea accesible. Cuando el suelo es caro, todo lo que se construye sobre él debe ser caro también. Las administraciones públicas, en su visión, deberían intervenir en el mercado de tierras para moderar estos precios, creando condiciones en las que la vivienda asequible sea económicamente viable sin depender de subsidios permanentes.

Lo que subyace en el argumento de Foster es una observación sobre el cambio de rol del Estado en las últimas décadas. Las administraciones públicas, dice, solían tomar la iniciativa en cuestiones de vivienda. Construían, promovían, innovaban. Ahora se han retirado, convirtiéndose en reguladores pasivos de un mercado que ellas mismas ya no alimentan. Esta retirada no ha traído eficiencia ni acceso ampliado a la vivienda; ha traído lo contrario: ciudades donde el precio de la vivienda crece más rápido que los salarios, donde familias enteras gastan porcentajes insostenibles de sus ingresos en alquiler, donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero antes que en un hogar.

Su llamado es, en esencia, a que los gobiernos recuperen confianza en su capacidad de actuar en este terreno. No necesariamente para volver a un modelo de vivienda pública masiva como el de décadas pasadas, sino para encontrar un equilibrio nuevo, donde lo público y lo privado trabajen juntos, donde la iniciativa pública establezca estándares y posibilidades que el mercado privado no generaría por sí solo. Es una propuesta que desafía la lógica neoliberal que ha dominado la política urbana durante los últimos treinta años, sugiriendo que hay espacios donde la acción pública sigue siendo no solo legítima sino necesaria.