Niños con discapacidad: 7 de cada 10 sufren violencia física y psicológica

El Ministerio de Juventud e Infancia presentó esta semana un estudio que expone una realidad brutal: los niños con discapacidad en España sufren violencia a tasas que duplican o triplican las del resto de la población infantil. Casi siete de cada diez menores con algún grado de discapacidad reportan haber experimentado violencia psicológica durante su infancia, y una proporción casi idéntica dice lo mismo de la violencia física. Cuando se amplía el espectro para incluir abuso sexual, negligencia y violencia digital, la cifra sube aún más: una de cada dos niños con discapacidad sufrió al menos una de estas formas de maltrato.

El informe, elaborado por Sigma Dos a partir de una macroencuesta con más de 9.000 respuestas de adultos entre 18 y 30 años que recordaban su infancia, revela un patrón sistemático de vulnerabilidad. En cinco de los seis tipos de violencia estudiados —violencia psicológica y emocional, violencia física, violencia sexual, negligencia y violencia digital— las personas con discapacidad registran las tasas más altas de victimización. Los números son específicos y contundentes: el 71,9% sufrió violencia psicológica, el 71,1% violencia física, el 58,8% violencia sexual, el 49,9% negligencia y el 50,2% violencia digital.

En el contexto más amplio de la infancia española, la violencia psicológica afecta al 48,1% de los menores, con los padres como principales perpetradores. La violencia física alcanza al 40,5% de los niños, nuevamente con los progenitores en primer lugar, seguidos de compañeros de escuela y el entorno familiar. El abuso sexual toca a casi el 29% de la población infantil, aunque en este caso los agresores son más variados: parejas, adultos desconocidos y amigos. La violencia digital, un fenómeno más reciente, afecta a casi una cuarta parte de los menores. Lo que distingue a los niños con discapacidad no es que experimenten un tipo de violencia diferente, sino que la experimentan con una frecuencia dramáticamente mayor.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interpretó estos datos como síntoma de un problema estructural. Rechazó la idea de que estas cifras sean casuales o accidentales, argumentando que reflejan un sistema que continúa jerarquizando la vida de las personas. Señaló que las niñas, los jóvenes LGTBIQ+ y los menores de nacionalidad extranjera también aparecen con tasas elevadas de violencia, pero fue enfática al destacar que cada porcentaje representa historias individuales que demandan reparación. El estudio, que requirió dos años de trabajo, fue presentado como herramienta para que las administraciones públicas diseñen respuestas específicas.

Una de esas respuestas ya está en marcha. El Ministerio ha propuesto una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como Lopivi. El cambio central busca garantizar que los menores sean escuchados en procesos administrativos y judiciales sin límites de edad, eliminando el tope actual de 12 años a partir del cual la Justicia está obligada a considerar la opinión de los niños. Aunque la reforma aún debe tramitarse, representa un reconocimiento de que los menores, especialmente los más vulnerables, necesitan voz en los sistemas que deciden sobre sus vidas.

El director de Sigma Dos, Miguel de la Fuente, aclaró detalles metodológicos del estudio, explicando que aunque hubo mejor tasa de respuesta entre las chicas que entre los chicos, ambos grupos respondieron de manera aleatoria. El desafío principal fue obtener una muestra verdaderamente representativa sin sesgos. Con más de 9.000 participantes recordando su infancia, el estudio ofrece una fotografía de cómo la violencia permea la experiencia de crecer en España, y cómo ciertos grupos —particularmente los niños con discapacidad— cargan con un peso desproporcionado.