Nicaragua aprueba reforma que veta a la oposición y extiende mandatos presidenciales

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera lectura una reforma constitucional que cierra las puertas electorales a la oposición y alarga el mandato presidencial de seis a siete años. El proyecto, impulsado por Daniel Ortega y su copresidenta Rosario Murillo, deberá pasar una segunda votación a partir del 18 de enero de 2027 para convertirse en ley, conforme a los requisitos constitucionales nicaragüenses que exigen aprobación en dos períodos parlamentarios distintos.

Antes de la votación, Gustavo Porras, líder parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, realizó un acto simbólico: depositó el texto de la reforma en la tumba del poeta Rubén Darío en León, a 90 kilómetros al noroeste de Managua. "Venimos a entregarle este ejemplar de la reforma parcial a la Constitución que aprobaremos hoy ante su mausoleo, su catedral", declaró Porras. El gesto buscaba anclar la medida en la tradición nacional, aunque la reforma misma representa un quiebre institucional sin precedentes recientes.

La enmienda prohíbe que se postulen a cargos de elección popular quienes el régimen califica de "golpistas" y "traidores a la patria", así como opositores exiliados que, según Porras, "viven pidiendo intervención militar" de Estados Unidos o "aplauden y piden sanciones". La medida se extiende también a quienes hayan "incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua". Estas categorías son lo suficientemente amplias como para abarcar prácticamente cualquier forma de oposición organizada. Además de extender los mandatos presidenciales a siete años, la reforma amplía también los períodos de los jefes del Ejército y la Policía.

Esta no es la primera vez que Ortega y Murillo reescriben las reglas del juego político. En 2024, el oficialismo ya había extendido el período presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al rango de copresidenta. En ese mismo movimiento, postergaron para fines de 2027 las elecciones que debían celebrarse a fines de 2026. Ahora, con esta nueva reforma, el patrón se repite: cada cambio constitucional amplía el poder ejecutivo y reduce los espacios para la competencia política.

La reforma llega semanas después de que Ortega declarara públicamente, el 19 de julio, que "no volverá a haber elecciones" en Nicaragua para evitar que la oposición "atrape el Gobierno". El anuncio, pronunciado durante los actos del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua, fue recibido como una confesión de intenciones autoritarias. La reacción internacional fue inmediata y contundente. La Organización de los Estados Americanos convocó de forma urgente una reunión de cancilleres. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador de Managua—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, junto con la Unión Europea, el secretario general de la OEA Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk, expresaron su rechazo o preocupación. Washington instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense, mientras varios países centroamericanos, Bolivia, Brasil y Chile calificaron las declaraciones de Ortega como un nuevo retroceso democrático.

Ortega, exguerrillero izquierdista próximo a cumplir 81 años, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones ampliamente cuestionadas en noviembre de 2021. Gobierna junto a Murillo, de 75 años, desde 2017, y acumula casi dos décadas en el poder, lo que lo convierte en el líder con más años en el cargo en toda América Latina. Con esta reforma, la posibilidad de que su dominio se extienda aún más allá de 2027 depende ahora de una segunda votación parlamentaria que, dada la composición actual de la Asamblea Nacional, parece prácticamente garantizada.