Neuquén invertirá bienes decomisados al narcotráfico en 500 nuevos patrulleros

En una ceremonia en la provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa anunció que el gobierno invertirá en quinientos patrulleros nuevos para la policía local, financiados con bienes incautados a organizaciones de narcotráfico. La decisión forma parte de una estrategia más amplia de seguridad que, según las autoridades, ya ha comenzado a mostrar resultados medibles: los delitos contra la propiedad han caído treinta y siete por ciento desde que se intensificó la lucha contra el microtráfico.

Figueroa enfatizó que la droga no opera en aislamiento, sino que alimenta una red delictiva más extensa. Esa red, dijo, es el origen de muchos de los problemas que enfrenta la provincia. El gobernador también subrayó que la Policía de Neuquén es el instrumento clave para esta batalla. Describió a la institución como un cuerpo lleno de hombres y mujeres honestos y con valores, capaces de trazar objetivos necesarios para mejorar la vida en sociedad. Sin embargo, Figueroa no limitó su enfoque solo a la represión. Destacó el trabajo de prevención y contención que realizan los ministerios de Salud y de Juventud, Deportes y Cultura, reconociendo que las familias desesperadas necesitan acompañamiento cuando uno de sus miembros cae en el consumo de drogas.

La inversión en equipamiento es sustancial. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, informó que la provincia ya ha gastado más de cinco mil quinientos millones de pesos en la lucha contra el narcotráfico desde febrero de dos mil veinticinco. Ese dinero se ha traducido en vehículos, elementos de protección, software informático y, especialmente, en una flota de drones operada por veinticinco pilotos entrenados. Los drones permiten vigilancia a distancias de doscientos a cuatrocientos metros, reduciendo el riesgo para el personal policial mientras se recopila evidencia para allanamientos posteriores.

En la ceremonia de entrega de bienes incautados, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, explicó que los vehículos y motocicletas provienen de casos penales ya resueltos. En esta segunda entrega, se traspasaron dieciséis vehículos y siete motocicletas al Estado. Los automóviles incluyen dos Volkswagen Vento, un Peugeot 208, un Renault Sandero Stepway, un Peugeot 207, un Volkswagen Fox, un Toyota Corolla, un Fiat Brava, un Volkswagen Polo, un Toyota Etios, un Fiat Siena y un Volkswagen Bora. La camioneta es una Nissan Frontier. Las motos son una Honda Wave 110, una Zanella 110, una Honda XR 150 y una Honda XRE 300. Además de los vehículos, se entregaron ciento diez millones de pesos y veinticinco mil dólares.

Gerez enfatizó que estos bienes, antes utilizados por organizaciones criminales para distribuir drogas, ahora serán reutilizados conforme a la Ley 3488 para combatir el microtráfico y profundizar los planes de prevención y rehabilitación. Señaló que desde que Figueroa asumió la lucha contra el microtráfico, la provincia ha generado resultados extraordinarios que la posicionan como modelo a nivel nacional. Además, mencionó que se han incautado y destruido alrededor de cien armas de fuego de grueso calibre provenientes del delito de drogas.

La estrategia también incluye mejoras en infraestructura de vigilancia. Figueroa anunció que se potenciará el centro de monitoreo provincial con tecnología de última generación. Actualmente, la provincia alquila un centro de monitoreo bajo un contrato de la administración anterior. El gobierno busca adquirir su propio sistema para mejorar la capacidad de detectar delitos. Además, se continuará invirtiendo en cámaras de videoseguridad en toda la provincia.

Desde la entrada en vigencia de la ley que permite esta reasignación de bienes, el veintiocho de febrero de dos mil veinticinco, han transcurrido quinientos cincuenta y siete días. En ese período, se han realizado más de cuatrocientos treinta allanamientos. Figueroa insistió en que el recurso humano, no el gas ni el petróleo, es lo fundamental que posee la provincia. La inversión en seguridad, dijo, es una inversión en ese recurso humano y en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.