La policía autonómica de Cataluña ha incorporado 180 vehículos Cupra Terramar híbridos enchufables a su flota operativa, una adquisición que supera los 9 millones de euros del erario público. Aunque la marca es española, los coches se fabrican en Hungría, lo que reduce el retorno económico al tejido productivo nacional. La decisión reaviva una pregunta perenne sobre la compra pública: ¿puede el Estado ser fiel a sus ciudadanos cuando elige el producto sin exigir que el valor se quede en casa?