Moody's rebajó la calificación de Petroperú a Caa1, un escalón que en el lenguaje de los mercados significa entrar en terreno especulativo y frágil. La decisión responde a un decreto de urgencia que prepara la reorganización de la petrolera estatal, con posibles transferencias de activos, en una empresa que hoy tiene caja escasa frente a deudas que exigen pagos constantes. Es, en el fondo, la vieja tensión peruana entre el deber de sostener un bien estratégico y la dificultad de hacerlo sin cargar a todos con sus pérdidas. La pregunta que queda abierta es si el Estado podrá ofrecer un respaldo
Moody's rebaja la calificación de Petroperú a Caa1 y cambia su perspectiva a negativa por reorganización
Moody's rebajó la calificación de Petroperú a Caa1, un escalón que en el lenguaje de los mercados significa entrar en terreno especulativo y frágil. La decisión responde a un decreto de urgencia que prepara la reorganización de la petrolera estatal, con posibles transferencias de activos, en una empresa que hoy tiene caja escasa frente a deudas que exigen pagos constantes. Es, en el fondo, la vieja tensión peruana entre el deber de sostener un bien estratégico y la dificultad de hacerlo sin cargar a todos con sus pérdidas. La pregunta que queda abierta es si el Estado podrá ofrecer un respaldo claro antes de que el deterioro se vuelva irreversible.
Moody's rebajó la calificación de Petroperú a Caa1, equivalente a CCC+, desde B3, y cambió su perspectiva a negativa. La decisión se produce tras el Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización de la petrolera estatal y contempla la posible segmentación o transferencia de activos. La agencia reconoce que los convenios de deuda protegen hoy los activos principales, pero advierte que estas medidas podrían erosionarlos y aumentar los riesgos de ejecución y de gobernanza.
El cuadro financiero es delicado. A septiembre de 2025, la empresa tenía solo US$ 33.9 millones en efectivo, insuficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo, entre ellas cerca de US$ 400 millones anuales en intereses. Pese a que en el tercer trimestre logró un EBITDA positivo, tras años de pérdidas, la deuda ajustada llegó a US$ 6,300 millones y la cobertura de intereses sigue siendo negativa. Moody's observa que el Estado ha sostenido a la empresa durante mucho tiempo, aunque de forma reactiva, y que hoy hay poca claridad sobre cómo llegará ese apoyo.
Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, sostiene que la rebaja nace de una fragilidad financiera profunda, con patrimonio bajo, alto endeudamiento y un flujo de caja operativo negativo. Para él, el Gobierno ha dejado claro que retirará su respaldo y reestructurará la empresa, lo que en la práctica equivale a transferir activos al sector privado. Recuerda que los intentos previos de reingeniería no han sido sostenibles y que los socios estratégicos minoritarios difícilmente invertirían sin control, por lo que vender por unidades de negocio podría ser la alternativa más viable.
Lo que queda por ver es si el Estado ofrecerá un respaldo predecible y cómo se protegerá a los acreedores si Talara entra en el proceso de reorganización.
Moody's bajó la calificación de riesgo de Petróleos del Perú, Petroperú S.A., a Caa1 (equivalente a CCC+) desde B3, y cambió la perspectiva de estable a negativa. La decisión, comunicada al mercado de valores mediante un hecho de importancia, se refiere a la petrolera estatal en su condición de emisora de deuda en el mercado internacional.
Según la agencia, el detonante es el Decreto de Urgencia 010-2025, que dispone la reorganización de la empresa e incluye la posible segmentación o transferencia de activos a través de estructuras bajo ProInversión. Moody's considera negativas esas medidas para el crédito de la compañía. Reconoce que los convenios de deuda vigentes ayudan a resguardar los activos principales, pero advierte que las acciones previstas podrían debilitar la base de activos y aumentar los riesgos de ejecución y de gobernanza.
La agencia también señala que esas medidas podrían erosionar las protecciones de los acreedores, que hoy limitan la transferencia o la segregación de activos principales, en particular los vinculados con la refinería de Talara. "Si bien el decreto reafirma el rol estratégico nacional de Petroperú, las acciones contempladas aumentan la incertidumbre sobre la preservación del perfil operativo y financiero de la compañía", anotó Moody's.
La evaluación de crédito base de Petroperú se mantuvo, y refleja una liquidez persistentemente débil y desafíos financieros y operativos que limitan su solidez independiente, pese a las primeras señales de estabilización operativa. Al 30 de septiembre de 2025, la empresa tenía solo US$ 33.9 millones en efectivo, insuficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo, entre ellas unos US$ 400 millones anuales en intereses. A ello se suman un flujo de caja operativo negativo, la dependencia de refinanciaciones de corto plazo y un acceso limitado a líneas de crédito sin garantía.
Moody's destaca un dato positivo: Petroperú registró un EBITDA positivo en el tercer trimestre de 2025, un hito tras pérdidas prolongadas. Pero la deuda total ajustada a septiembre fue de US$ 6,300 millones, la cobertura de intereses es negativa y la empresa depende del apoyo extraordinario del Gobierno. Sobre este último, la calificadora observa que el Estado tiene una larga trayectoria de ayuda, aunque históricamente reactiva, y que el riesgo de gobernanza pesó en la decisión. Liquidez deteriorada, poca visibilidad del respaldo futuro y mayores riesgos de ejecución sustentan la rebaja.
La perspectiva negativa responde a la incertidumbre sobre cómo se concretará el apoyo estatal y a la posibilidad de que los fundamentos se debiliten más en medio de transferencias de activos, déficits de liquidez y poca flexibilidad para refinanciar. Moody's estima improbable una presión al alza en el corto plazo. Para estabilizar la perspectiva haría falta evidencia clara de un apoyo oportuno, predecible y eficaz, junto con una mejora sustancial de la liquidez y de la visibilidad del flujo de caja. Una nueva baja podría darse si la liquidez empeora, si la reestructuración o la transferencia de activos debilita a los acreedores, o si la empresa hace operaciones que la agencia considere intercambios en dificultades.
Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, atribuye la rebaja primero a la fragilidad financiera: bajo capital y patrimonio, alto endeudamiento y, sobre todo, un flujo de caja operativo negativo. Añade un factor cualitativo: en los últimos meses el Gobierno ha expresado que retirará el apoyo financiero y reestructurará la empresa, aunque no use la palabra privatización. A su juicio, vender por partes, cerrar unidades o reestructurar a fondo equivale en la práctica a transferir activos al sector privado.
Castellanos recuerda que el Estado ha intentado por años la reingeniería sin resultados sostenibles, y que buscar socios estratégicos tiene límites: ninguna empresa privada invierte capital significativo sin control, y con participaciones minoritarias el Estado no resulta atractivo. Por eso cree que la alternativa más viable, quizá la única, es vender por unidades de negocio: red de distribución, refinerías menores del oriente y, eventualmente, Talara. Mantener la empresa como está, dice, es sostener un activo que pierde dinero a diario y que pagan todos los peruanos. Lo que queda por observar es si el Estado ofrece un respaldo predecible y cómo se protege a los acreedores si Talara entra en la reorganización.
Möchten Sie die ganze Geschichte?
Das Original lesen bei Diario Gestión ↗
World & Diplomacy