Moncloa suaviza el decreto de centros de datos y deja un resquicio para la fotovoltaica

El Gobierno ha enviado ya al Consejo de Estado, con carácter de urgencia, el real decreto que regulará la instalación de centros de datos en España. Así lo indican fuentes del sector. Con ello cierra una de las grandes incógnitas regulatorias que tenía pendientes antes del 29-N. El plan del Ejecutivo es aprobarlo en Consejo de Ministros antes de las elecciones generales.

El texto final es más blando que el borrador que Moncloa sacó a audiencia pública en agosto, y que molestó por igual a tecnológicas, eléctricas y renovables. Tras analizar cerca de 600 alegaciones, el Gobierno ha reculado en varias de sus exigencias más polémicas. Se trata de un negocio en plena expansión acelerada por la inteligencia artificial.

El cambio de mayor calado afecta a la llamada correlación horaria. Sobre el papel se mantiene la obligación de que el 80% de la demanda de cada centro esté acreditada y respaldada, hora a hora, por generación renovable. Pero se abre una vía de escape: una moratoria de cinco años para las instalaciones que se adhieran al sistema de reducción automática de potencia (SRAP), es decir, las que acepten adaptar su consumo a las necesidades del sistema eléctrico en cada momento. Esos centros solo tendrían que cubrir con energía verde el 60% de su consumo en ciertas franjas horarias hasta 2028, y el porcentaje iría subiendo de forma progresiva.

La contrapartida pesa. Red Eléctrica, como operador del sistema, podrá ordenarles reducir su carga a cero ante una contingencia e incluso desconectarlos sin indemnización. Es una condición que difícilmente encaja con una actividad que exige disponibilidad ininterrumpida las 24 horas.

El guiño a la fotovoltaica, un sector que ha llegado a pedir un plan de rescate público, llega por la vía de la adicionalidad. El Gobierno quiere evitar que los centros de datos, grandes consumidores de electricidad, acaparen la energía del parque renovable ya existente. El primer borrador pedía cubrir ese 80% del consumo anual con plantas construidas ad hoc, como máximo 18 meses antes de que el centro arrancara. La versión definitiva duplica ese margen a 36 meses y añade una salvedad: en el caso de la fotovoltaica, los promotores podrán abastecerse de cualquier planta, sea cual sea su antigüedad, siempre que no tuviera firmado un contrato de compra a plazo (PPA) cuando entre en vigor la norma.

En la práctica, esto resuelve una paradoja que el propio Gobierno había creado: su primera propuesta impedía a los centros de datos aprovechar la electricidad de un parque solar sobredimensionado, mientras España desperdicia cada vez más energía generada en las horas de mayor radiación por falta de demanda.

Otros parámetros también cambian. El umbral a partir del cual los centros deben cumplir la norma sube de 1 a 10 megavatios, lo que deja fuera a las instalaciones más pequeñas, las que menos recursos absorben. En cambio, el límite de eficiencia energética (PUE) se endurece de 1,15 a 1,25, equivalente a la clase "A" propuesta por la Comisión Europea. Con ello, el Ejecutivo busca captar los mejores proyectos, con menor impacto en el territorio.

También se rebajan los requisitos de soberanía digital, que inquietaban especialmente a las grandes tecnológicas estadounidenses. El borrador exigía a todos los operadores estar establecidos en la UE, mantener dentro de sus fronteras los datos de la operación del centro, controlar el soporte técnico prestado desde fuera y blindarse frente a requerimientos de autoridades extranjeras contrarios a la legislación comunitaria. El texto remitido al Consejo de Estado suprime esas obligaciones generales y limita las restricciones a las instalaciones que alojen sistemas públicos de categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad. Incluso ahí, metadatos y telemetría podrán tratarse fuera de la UE, el Espacio Económico Europeo contará como territorio válido y se permitirá el acceso remoto desde terceros países cuando sea "técnicamente imprescindible".

Ahora toca esperar el dictamen del Consejo de Estado y ver si el decreto llega a Consejo de Ministros antes de las generales, y cómo reaccionan tecnológicas y eléctricas.