Lima ha reconocido oficialmente que la inseguridad en su territorio exige una respuesta que trasciende los ritmos ordinarios de la burocracia. Mediante ordenanza municipal, la Municipalidad Metropolitana activó un estado de emergencia en seguridad ciudadana por sesenta días, otorgándose facultades ampliadas para actuar con rapidez y convocar a múltiples actores —policiales, gubernamentales y civiles— en torno a un propósito común. Es un momento en que la ciudad admite que el orden cotidiano de sus procedimientos no alcanza para contener lo que la amenaza.