En las democracias, la frontera entre el gasto público legítimo y el uso político de los recursos del Estado es una de las más vigiladas y, también, de las más vulnerables. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha revelado que más de 7.255 millones de pesos en contratos de Inravisión —financiados por el Ministerio de Educación y el Dapre— habrían sido destinados a publicidad digital precisamente durante los meses más intensos de la campaña presidencial de 2026. El hallazgo no es solo contable: es una pregunta sobre los criterios que guían el poder cua
MinTIC denuncia 7.255 millones de pesos en contratos para contenido digital durante campaña presidencial
Recursos de educación financiando pauta electoral en meses de campaña
Mark
¿Por qué MinTIC decidió revisar estos contratos de Inravisión en primer lugar?
Mimi
Porque el patrón temporal era demasiado evidente. Cuando ves que casi 900 millones de pesos en "plan digital" se ejecutan precisamente durante mayo, junio, julio y agosto de un año electoral, no es coincidencia que merezca atención.
Mark
Pero ¿no es normal que los ministerios contraten servicios digitales?
Mimi
Lo es, pero no con dinero de educación. Ese es el punto. Si Educación necesitaba pauta digital, debería haberla presupuestado así desde el inicio. Aquí parece que se buscó una ruta alternativa.
Mark
¿Qué sugiere eso?
Mimi
Que alguien necesitaba gastar dinero en comunicación digital durante la campaña y encontró una forma de hacerlo usando presupuestos que no estaban destinados para eso. Es como usar la tarjeta de crédito de otro para pagar tus gastos.
Mark
¿Hay evidencia de que esto fue ilegal?
Mimi
MinTIC está pidiendo explicaciones, no acusando directamente. Pero cuando identificas 1.051 contratos por 100.000 millones de pesos y empiezas a ver patrones, la pregunta cambia de "¿fue legal?" a "¿fue apropiado?".
Mark
¿Quién responde por esto?
Mimi
Eso depende de cómo avance la revisión. Inravisión está en el centro, pero también están involucrados Educación y el Dapre. Alguien tuvo que autorizar que esos fondos se usaran así.
The Pulse
- Fondos destinados a educación y administración presidencial terminaron pagando pauta digital durante las semanas más calientes de la contienda electoral de 2026.
- Dos empresas contratistas —3D Mobile 3DM SAS y Prowess SAS— concentraron pagos por más de 6.362 millones de pesos en un calendario que coincide con la primera y segunda vuelta presidencial.
- Un convenio adicional entre Inravisión y el Dapre por 1.500 millones de pesos incluyó más de 892 millones etiquetados como 'plan digital', ejecutados entre marzo y agosto, abarcando ambas vueltas.
- MinTIC exige explicaciones sobre la planeación, justificación y supervisión de estos contratos, cuestionando por qué los recursos no se destinaron a sus objetivos misionales originales.
- La investigación se amplía: más de 1.051 contratos de Inravisión por encima de los 100.000 millones de pesos están ahora bajo escrutinio para determinar si respondieron a fines públicos genuinos.
En las democracias, la frontera entre el gasto público legítimo y el uso político de los recursos del Estado es una de las más vigiladas y, también, de las más vulnerables. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha revelado que más de 7.255 millones de pesos en contratos de Inravisión —financiados por el Ministerio de Educación y el Dapre— habrían sido destinados a publicidad digital precisamente durante los meses más intensos de la campaña presidencial de 2026. El hallazgo no es solo contable: es una pregunta sobre los criterios que guían el poder cuando nadie, en apariencia, está mirando.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reveló una red de contratos que, según su análisis, desviaron más de 7.255 millones de pesos hacia publicidad y contenido digital durante los meses críticos de la campaña presidencial de 2026. Los recursos no provenían de partidas diseñadas para comunicación: llegaron del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia, dos entidades cuya misión dista de financiar estrategias digitales.
La investigación identificó pagos concretos: la firma 3D Mobile 3DM SAS recibió 1.364 millones de pesos, mientras que Prowess SAS fue beneficiaria de cerca de 4.998 millones. Ambos desembolsos se ejecutaron en un período que coincide con la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y la segunda del 21 de junio. Un convenio adicional entre Inravisión y el Dapre por 1.500 millones de pesos añade otra capa al cuadro: más de 892 millones fueron clasificados como 'plan digital' y ejecutados entre marzo y agosto, cubriendo ambas vueltas.
Lo que más inquieta a MinTIC no es solo el monto, sino la lógica detrás del gasto: dinero presupuestado para educación o funciones administrativas terminó financiando pauta digital. El ministerio pidió explicaciones detalladas sobre cómo se planearon, justificaron y supervisaron estos contratos, y cuestionó por qué no se priorizaron los objetivos para los cuales esos recursos fueron originalmente asignados.
Este hallazgo abre una investigación de mayor alcance. Durante 2026, MinTIC ha identificado más de 1.051 contratos de Inravisión por un valor superior a los 100.000 millones de pesos, todos bajo análisis para determinar su pertinencia y su alineación con fines públicos. La coincidencia entre el calendario de ejecución y el ciclo electoral ha convertido una auditoría contable en una pregunta de fondo sobre los criterios que guiaron el gasto público en uno de los momentos más decisivos de la política colombiana reciente.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sacó a la luz una red de contratos que, según su análisis, desviaron más de 7.255 millones de pesos hacia publicidad y contenido digital durante los meses cruciales de la campaña presidencial de 2026. Los recursos provenían de dos fuentes que no tenían por qué estar financiando estrategias de comunicación digital: el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia.
La investigación de MinTIC identificó pagos específicos a empresas contratistas. La firma 3D Mobile 3DM SAS recibió 1.364 millones de pesos. Prowess SAS, por su parte, fue beneficiaria de cerca de 4.998 millones de pesos. Estos montos se ejecutaron en un calendario que coincidía de manera sospechosa con los momentos más intensos de la contienda electoral: la primera vuelta se realizó el 31 de mayo y la segunda el 21 de junio.
Un convenio adicional entre Inravisión y el Dapre por 1.500 millones de pesos agrega otra capa a la preocupación. De esa cantidad, más de 892 millones fueron etiquetados como "plan digital" y ejecutados entre marzo y agosto, un período que abarcó ambas vueltas presidenciales. El Ministerio TIC señaló que la concentración de estos gastos en meses electorales determinantes plantea interrogantes fundamentales sobre cómo se priorizaron los recursos públicos.
Lo que genera mayor inquietud en MinTIC es la desviación de fondos de sus destinos originales. Recursos que debieron haber financiado educación o funciones administrativas presidenciales terminaron pagando pauta y contenidos digitales. El ministerio cuestionó por qué se eligió este camino en lugar de destinar el dinero directamente a los objetivos para los cuales fue presupuestado. La entidad pidió explicaciones detalladas sobre la planeación, justificación y supervisión de estos contratos.
Este hallazgo es apenas el inicio de un escrutinio más amplio. Durante 2026, MinTIC ha identificado más de 1.051 contratos de Inravisión con un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Todos estos acuerdos ahora forman parte de un análisis para determinar si los gastos fueron pertinentes y si cumplieron con los fines públicos que debían servir. La coincidencia temporal entre la ejecución de recursos y el calendario electoral ha abierto un interrogante que va más allá de los números: qué criterios guiaron estas decisiones de gasto en momentos en que la política electoral estaba en su punto más álgido.
Notable Quotes
La coincidencia entre la ejecución de estos recursos y el calendario electoral requiere una explicación detallada sobre el criterio utilizado para priorizar estos gastos— Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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